Recuerdo como si fuera ayer mis viajes por la geografía española, en autobús, tren y seiscientos. Siempre me ha gustado viajar y, el simple hecho de iniciar un viaje me proporciona placer. En aquellos tiempos, relativamente lejanos, pero perfectamente presentes en mi memoria, la relativa sensación de libertad física que se experimentaba dentro de la propia ciudad, se disipaba tan pronto se tomaba la carretera o se subía uno al tren. “Buenos días. La documentación, por favor.” Un saludo mecánico y un requerimiento inapelable. Se requerían permisos oficiales para muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, era necesario tener un salvoconducto para viajar entre provincias, especialmente durante los años más duros del régimen. La Guardia Civil y la policía estatal eran responsables de mantener un control estricto sobre las áreas rurales y urbanas. Estas fuerzas, con o sin tricornio, vigilaban carreteras, estaciones de tren y lugares públicos para detectar actividades sospechosas.

Viajando por el Este de Europa en la década de los 80, en países como Polonia, Hungría y Checoslovaquia, los regímenes comunistas vigilaban las comunicaciones, reprimían las libertades civiles, intentando aplastar cualquier movimiento opositor. La historia reciente nos muestra que, movilizaciones populares, como Solidarność en Polonia, conseguían burlar el control. Tampoco sirvieron de mucho los controles a la hora de evitar los actos terroristas de ETA, de los Grapo o de la GAL. Algo parecido ocurre con la prevención del lavado de capitales; engorrosas disposiciones que no impiden la proliferación de la delincuencia económica.

Hoy, día 2 de diciembre de 2014, entra en vigor la aplicación del Real Decreto 933/2021 por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información y que contempla multas de hasta 30.000 euros para los incumplidores. Para mucho de los que hemos vivido la dictadura, este decreto nos parece un retroceso en cuanto a la percepción de libertad de los ciudadanos. Un retroceso que se quiere explicar, aludiendo al peligro de actos terroristas y la proliferación de organizaciones delictivas. Queda por ver si alguno de los ataques terroristas que ha sufrido el país, podrían haber sido evitados, si hubiésemos tenido la actual legislación. Ni Hipercor, ni el 11-M, ni el atentado de las Ramblas se habrían podido limitar con una legislación como la que ahora entra en vigor. Tampoco se habría podido evitar por la misma ley, creo yo, la huida de Puigdemont o de los terroristas de la Operación ogro.

Deberíamos recordar que, un control estatal excesivo puede derivar en autoritarismo y en una burocracia ineficiente que sofoque o dificulte la iniciativa individual y venga a limitar los derechos humanos. Es necesario siempre mantener una proporcionalidad, que ayude a prevenir que el poder del Estado se utilice de manera injusta o arbitraria. Aquí se echa en falta una oposición liberal que vele nuestra privacidad. Los ciudadanos tenemos derechos fundamentales que el Estado debe proteger, no infringir o dificultar innecesariamente. Derechos como la intimidad, la libre expresión y la autonomía personal, no pueden ser recortados de cualquier manera, aludiendo a posibles peligros y a la necesidad de seguridad. Si el control estatal no guarda proporción con los beneficios, se sacrifica la libertad sin razón suficiente. Si las restricciones o políticas generan más molestias que beneficios, no cumplen su propósito y erosionan la confianza pública. Por el contrario, cuando las acciones del Estado son razonables y proporcionadas, generan confianza y legitimidad. Los ciudadanos estamos más dispuestos a aceptar regulaciones si sentimos que están diseñadas para un bien mayor y no imponen cargas innecesarias. Si estamos obligados a declarar el nombre y los datos de los que nos acompañen en un vehículo alquilado y la filiación de la persona con la que compartamos habitación, estamos perdiendo libertad y autonomía. ¿Por qué será que pienso en Orwell un día como hoy?

Imagen creada con la ayuda de IA, ChatGPT