Escribo estas líneas en el día de Navidad, el 25 de diciembre de 2025. El hielo y la escarcha cubren de pequeños diamantes las ramas de los árboles y el césped del jardín. Los tejados relucen blancos, como nevados. He tenido dos días de descanso y, ahora que me pongo a escribir, lo hago para tratar de analizar las pasadas elecciones extremeñas a partir de un debate que escuche en la radio el pasado lunes.

Escuchando el debate político de las mañanas de Radio Nacional, en el que el lunes participó el exvicepresidente Pablo Iglesias, surgió una de esas frases diseñadas para provocar. En el contexto de una discusión sobre por qué una parte de los trabajadores abandona al Partido Socialista y opta por votar a Vox, Iglesias afirmó que la llamada clase media no existe en España y que, en todo caso, sería un invento del franquismo. Como suele ocurrir con este tipo de afirmaciones, su eficacia retórica es indudable. Su precisión histórica, en cambio, exige matices. Y sin matices no hay análisis, solo eslogan.

La clase media no nace en España con el franquismo. Eso es sencillamente falso. Se trata de una categoría social muy anterior, ligada al mundo urbano, al funcionariado, a los profesionales liberales, al pequeño comercio y a una burguesía no aristocrática que empezó a consolidarse en Europa desde el siglo XVIII. En España existía ya antes de la Guerra Civil, aunque de forma débil, fragmentada y muy concentrada en determinadas ciudades. Maestros, médicos, empleados públicos, abogados, pequeños propietarios rurales y urbanos formaban parte de ella. ¿Quiénes poblaban, si no, los casinos de pueblos y pequeñas ciudades? Negar su existencia previa es una interpretación ideológica y un error histórico.

Otra cosa muy distinta es el uso que el franquismo hizo del concepto. A partir de los años cincuenta, y sobre todo durante el desarrollismo de los sesenta, el régimen necesitaba sustituir el relato del conflicto social por otro que lo neutralizara. El franquismo no podía aceptar la lucha de clases, porque ello implicaba reconocer intereses enfrentados y, por tanto, legitimidad política al disenso. En su lugar promovió la imagen de una sociedad orgánica y armónica, donde obreros, campesinos, funcionarios y empresarios formarían parte de un mismo cuerpo nacional.

En ese relato, la “clase media” se convirtió en una pieza central. No tanto como una realidad sociológica autónoma, sino como un ideal normativo: el ciudadano obediente, trabajador, moderado, propietario de su vivienda, consumidor de electrodomésticos y de utilitarios, ajeno a la política y agradecido al Estado. Una clase definida más por el consumo que por el poder, más por la estabilidad que por la capacidad de decisión, de la que carecía.

La formulación más clara de este ideal la expresó el ministro de Vivienda José Luis de Arrese al tomar posesión de su cargo el 2 de mayo de 1959: “Queremos una España de propietarios, no de proletarios.”[1] La frase no es anecdótica. Resume una estrategia política: sustituir conciencia de clase por propiedad, conflicto por estabilidad, ciudadanía por dependencia.

La expansión de esta clase media en tiempos tardo-franquistas  fue real en términos materiales, pero muy limitada en términos cívicos. Se amplió el acceso a la educación básica, a la vivienda protegida y a ciertos bienes de consumo, pero sin derechos políticos, sin libertad sindical y sin participación real. No fue la clase media ilustrada y autónoma que había impulsado el liberalismo europeo, sino una clase media tutelada, pero al fin y al cabo, una clase media.

En regiones como Extremadura, este modelo adquirió rasgos aún más específicos. Allí, donde no hubo industrialización significativa y donde el latifundismo sobrevivió con cambios formales, el ascenso social pasó casi exclusivamente por el empleo público, la administración, la enseñanza o los servicios dependientes del Estado. No fue por falta de iniciativa individual, sino por ausencia de alternativas reales. Cuando no hay tejido productivo, el riesgo no es heroísmo: es simplemente ruina. Buscar estabilidad fue una estrategia racional y no un vicio moral.

Tras 1978, la democracia heredó esta estructura. Hubo libertades, autogobierno y mejoras indiscutibles, pero también una continuidad silenciosa de prácticas clientelares y dependencia institucional. La clase media extremeña en concreto, sigue siendo en gran medida administrativa, más protegida que poderosa, más estable que influyente.

Cuando hoy se afirma que la clase media es un invento del franquismo, lo que en realidad se debería cuestionar, creo yo, no es su existencia histórica, sino su uso político como categoría desmovilizadora. La clase media ha servido muchas veces para diluir desigualdades, evitar hablar de clases sociales y presentar como consenso lo que es reparto desigual de recursos y oportunidades. En ese sentido, la crítica tiene fundamento. Pero expresada sin matices, se convierte en otra simplificación interesada, de las muchas a las que nos tienen acostumbrados los políticos de hoy.

La cuestión de fondo no es si la clase media existe, sino qué tipo de clase media se promueve. Una que viva de espaldas al conflicto social, refugiada en la seguridad individual, o una consciente de su posición, de sus dependencias y de sus responsabilidades colectivas. Una clase media sin memoria histórica es fácilmente manipulable; una con memoria puede convertirse en actor político consciente. Pero eso no implica votar automáticamente a la izquierda, ni que la búsqueda de seguridad individual conduzca inevitablemente a la ultraderecha.

Iglesias afirmó, además, para mí asombro y el de sus contertulios, que todos los que viven de un salario son obreros, sugiriendo implícitamente que los obreros que votan a la derecha lo hacen por ignorancia. Es una brocha gorda que puede funcionar en ciertos círculos ideológicos, pero que describe mal la realidad social. Además, no creo que los que son llamados ignorantes, estén más dispuestos a votar a esa izquierda que los denigra.

No es lo mismo un trabajador que cobra el salario mínimo que un directivo que multiplica por lo menos por seis esos ingresos. Y la diferencia no es solo económica, sino educativa, cultural y vital. La clase media puede cuantificarse por ingresos, pero también debe entenderse por estabilidad, nivel educativo, expectativas y autonomía. En términos habituales, se considera clase media a quienes pueden cubrir sus necesidades básicas y aún disponer de cierto margen para consumo y ahorro, sin ser ricos. Según este criterio, alrededor del 61,5 % de los hogares españoles pertenecen a ella.

Los estudios sociológicos muestran, además, que las clases trabajadoras y más vulnerables son también las más propensas a la abstención. Personas con baja cualificación, ingresos insuficientes, empleos precarios o desempleo votan menos, especialmente cuando perciben que ningún partido representa sus intereses. No es tanto que la clase trabajadora haya virado masivamente a la derecha, como que ha dejado de votar. Las clases medias, en cambio, participan más y votan en la actualidad mayoritariamente opciones conservadoras o liberales.

Aquí aparece una contradicción llamativa: si, como afirma Tezanos, el 65 % de los españoles se consideran de izquierdas, y si más del 60 % de los hogares pertenecen a la clase media, cabría esperar mayorías progresistas estables, ya que la clase media va a votar, pero eso no está ocurriendo. O, no funcionan los análisis del CIS, o algo se ha roto.

A mi entender, el actual gobierno concentra buena parte de su acción en contentar a minorías muy concretas, como pueden ser los separatistas, colectivos altamente politizados o sectores que ni siquiera acudirán a votar, como los más pobres, mientras descuida a una clase media amplia que sostiene el sistema. Menos del 4 % de los trabajadores cobra exactamente el salario mínimo. Incluso ampliando el foco hasta un 30 % por encima, hablamos de un segmento relevante, pero no mayoritario. Para gobernar, es imprescindible el apoyo de las clases medias, y eso no se logra solo con subidas del SMI, leyes simbólicas o ayudas fragmentarias.

El PSOE debería conocer a la clase que los llevó al poder tantas veces desde 1982. La clase media valora un Estado justo, eficiente y previsible. Menos retórica y más soluciones prácticas. Menos polarización y más cohesión. En vivienda, reclama aumento real de la oferta, liberalización de suelo, seguridad jurídica e incentivos a la promoción, no solo control de precios. En fiscalidad, pide alivio a las rentas medias, deflactación del IRPF y equidad horizontal. En educación, exige exigencia y meritocracia. En sanidad, eficacia y reducción de listas de espera.

Sin una parte sustancial de las clases medias, el PSOE no habría gobernado España y, cada vez que ha perdido su apoyo, ha perdido el poder. Ese PSOE, que atraía las clases medias, no se presentaba como un partido obrero clásico, sino como una fuerza de orden reformista. Su discurso conectaba con una clase media que quiere ascenso social, servicios públicos y normalidad europea, no ruptura. En términos sociológicos, el felipismo triunfante era un proyecto de integración de la clase media en el Estado democrático.

La clase media defiende el Estado del bienestar, pero exige que funcione. Percibe que el PSOE prioriza una justicia fiscal vertical simplificada, de ricos contra pobres, mientras deja intactos privilegios del capital y carga sobre los asalariados medios. Percibe también un neo-caciquismo institucional, basado en subvenciones y empleo público precario pero politizado, que bloquea oportunidades reales. Y la clase media va a votar y vota a la derecha, porque la izquierda ya no cubre sus perspectivas.

Pero lo más preocupante no es el voto a la derecha. Es la abstención, que debería preocuparle mucho a todos los políticos y sobre todo a Sánchez. Que la mitad de quienes tienen derecho a votar prefiera quedarse en casa indica una quiebra profunda de confianza. Cuando una sociedad deja de creer que su voto sirve para algo, el problema alcanza el corazón mismo de la democracia y la destruye. 

Léase esta reflexión mía como una crítica al nominalismo político: la idea de que basta con negar un concepto para eliminar la realidad que designa. Cuando Iglesias afirma que la clase media “no existe” o que es un “invento del franquismo”, no está haciendo historia social, sino una operación retórica: redefinir el lenguaje para reorganizar el campo moral de la política. Yo señalo, que los conceptos sociales no son esencias eternas. Son construcciones históricas reales, híbridos de estructura material, autopercepción y uso ideológico. Negar uno de esos planos conduce inevitablemente a la caricatura.

Las sociedades se estabilizan cuando existe un estrato intermedio que no vive ni de la renta pura ni de la mera subsistencia. Esta idea, que ya aparece en La Política de Aristóteles, reaparece en Montesquieu, en Tocqueville y, de forma distinta, incluso en Weber. Hay un matiz que muchas veces se pierde, que no toda clase media cumple esa función moderadora. La clase media franquista, como subrayo, fue una clase materialmente ampliada pero cívicamente amputada, definida por el consumo y la dependencia, no por la autonomía ni la participación. No basta con la posición económica para constituir un sujeto político.

El caso de Extremadura es casi un caso límite: una sociedad donde la ausencia de tejido productivo convierte la estabilidad en valor supremo y la dependencia del Estado en destino racional. Los individuos no eligen lo “moralmente deseable”, sino lo razonablemente posible dentro de una estructura dada. En ese sentido, trato de evitar el moralismo fácil y quiero desmontar una tentación muy presente en cierta izquierda, el reprochar “falta de conciencia” allí donde, en realidad, solo hay, exceso de vulnerabilidad.

Frente al relato épico del “voto traicionado”, el silencio político es una forma de juicio. Cuando una parte significativa de la población no vota, no está necesariamente abrazando a la derecha o a la extrema derecha; está expresando una suspensión de la creencia en la eficacia del sistema. Enlazando con una tradición que va de La Boétie a Hannah Arendt: el poder no cae solo por oposición activa, sino por retirada de la implicación. La abstención masiva no es radicalismo; es desafección.

La cuestión de fondo es ética y no solo política: qué se le puede pedir legítimamente a la clase media. Creo que debemos rechazar su idealización tanto como su demonización. No hay que presentarla como vanguardia moral ni como masa reaccionaria, sino como un grupo que busca previsibilidad, reglas claras y reconocimiento de su esfuerzo.

En el contexto actual, polarización, eslóganes, deslegitimación del adversario, reclamo matiz en un tiempo que vive de simplificaciones. No es que esté a favor de una ideología concreta, sino a favor de una idea cada vez más incómoda, que la política democrática exige pensar más despacio de lo que permiten la radio matinal y los medios digitales.

[1] https://500×20.prouespeculacio.org/wp-content/uploads/2018/12/ABC-02.05.1959-pagina-41-42-discurso-ministro-ARRESE-alte.pdf