La doctrina Monroe fue proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, en un contexto muy concreto, que eran las recientes independencias de las colonias españolas en América y el temor de Estados Unidos a que las potencias europeas, especialmente la Santa Alianza, intentaran restaurar el dominio colonial. Su formulación original era breve y, en apariencia, defensiva, Europa no debía intervenir en América; América no debía ser objeto de nuevas colonizaciones. A cambio, Estados Unidos prometía no intervenir en los asuntos internos de Europa. la doctrina Monroe no surge por tanto en el vacío ni como una formulación abstracta de política exterior. Tiene un antecedente inmediato y decisivo en la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña de 1812–1815, un conflicto hoy a menudo relegado a nota a pie de página, pero fundamental para comprender la mentalidad estratégica estadounidense. Aquella guerra fue, en lo esencial, un último intento del Imperio británico de reafirmar su control sobre su antigua colonia, de frenar su expansión territorial y de recordarle que la independencia no estaba completamente sellada. La invasión británica, el incendio de Washington en 1814 y la ocupación de edificios gubernamentales dejaron una huella profunda. Estados Unidos entendió que su soberanía seguía siendo vulnerable mientras Europa conservara capacidad y voluntad de intervenir en el continente americano.
En su origen, la doctrina no implicaba aún hegemonía activa. Estados Unidos era entonces una potencia en consolidación, sin capacidad real para imponerla por la fuerza. Más que una política ejecutable, era una declaración de intenciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, y especialmente a partir de finales del siglo XIX, la doctrina Monroe fue reinterpretada y ampliada, hasta convertirse en el eje ideológico de la expansión estadounidense en el hemisferio.
Un ejemplo temprano y significativo de aplicación “positiva” de su espíritu fue el apoyo estadounidense a Benito Juárez durante la intervención francesa en México (1862–1867). Cuando Napoleón III impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador, Estados Unidos, una vez concluida su propia guerra civil, presionó diplomáticamente a Francia, suministró armas al gobierno republicano mexicano y dejó claro que la presencia de una monarquía europea en América violaba la doctrina Monroe. En este caso, la doctrina funcionó como defensa de la soberanía latinoamericana frente a Europa, y no como herramienta de dominación estadounidense. Es uno de los pocos episodios en los que la doctrina se alineó con una causa republicana y anticolonial sin ambigüedades.
Pero este uso relativamente coherente fue la excepción, no la regla. A comienzos del siglo XX, la Doctrina Monroe dio un giro decisivo con el Corolario Roosevelt de 1904. Theodore Roosevelt sostuvo que Estados Unidos no solo tenía derecho a impedir la intervención europea, sino también la obligación de intervenir en los países latinoamericanos que, a su juicio, no garantizaran el orden interno o el cumplimiento de sus obligaciones financieras. América Latina pasaba así de estar protegida de Europa a estar subordinada a Washington. Desde ese momento, la doctrina dejó de ser defensiva para convertirse en un principio de intervención preventiva.
La doctrina fue aplicada de forma sistemática para justificar ocupaciones, golpes de Estado y presiones políticas en el Caribe y Centroamérica: Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Panamá. En estos casos, la doctrina Monroe ya no protegía la soberanía latinoamericana, sino que la condicionaba. La pregunta no era ya si un país tenía derecho a decidir su rumbo, sino si ese rumbo era compatible con los intereses estadounidenses.
Sin embargo, la doctrina también ha sido selectivamente ignorada cuando no convenía a esos intereses. El caso más claro es el de la guerra de las Malvinas en 1982. Argentina, una nación americana, fue atacada por el Reino Unido, una potencia europea. Si la doctrina Monroe hubiera sido aplicada de forma coherente, Estados Unidos habría debido oponerse a la intervención británica. Ocurrió lo contrario: Washington apoyó política, logística y militarmente a Londres. La solidaridad hemisférica fue sacrificada en favor de la alianza atlántica. La doctrina, en ese caso, no desapareció, pero fue suspendida.
Este doble rasero revela la verdadera naturaleza de la Doctrina Monroe a lo largo del tiempo: no es un principio jurídico estable, sino una herramienta estratégica adaptable. Se invoca cuando sirve para legitimar la influencia estadounidense y se omite cuando entra en conflicto con otros intereses mayores. No es una norma, sino un recurso retórico del poder.
Puede ser interesante conocer el espíritu de la doctrina consultando las fuentes. Empezamos con el famoso mensaje anual al Congreso, 2 de diciembre de 1823[1]:
“The American continents, by the free and independent condition which they have assumed and maintain, are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any European powers.”
Y el pasaje clave sobre intervención:
“We should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety.”
Seguimos con la declaración de Ulysses S. Grant ya en 1871, consumada la política de apoyo a Juárez en su mensaje al Congreso sobre la política exterior:
“The Monroe Doctrine is a principle of our foreign policy which should be maintained and enforced.”
Grant habla ya de “hacer cumplir” la doctrina, no solo de proclamarla. Y el momento más crucial surgiría en 1898, porque la situación en el continente había cambiado mucho esos 75 años. Cuando James Monroe proclamó que América no debía ser objeto de nuevas colonizaciones europeas, Estados Unidos era aún una potencia en formación. Durante décadas, la doctrina funcionó más como principio retórico que como capacidad real. Pero a finales del siglo XIX Estados Unidos, resuelta ya su contienda civil, era ya una potencia industrial, naval y financiera, y la presencia española en Cuba y Puerto Rico empezó a verse no solo como un residuo del pasado, sino como una anomalía intolerable en el hemisferio occidental.
Los políticos estadounidenses decían, en esencia, tres cosas, aunque con distintos énfasis según el orador y el partido. Primero: que España representaba un poder europeo decadente incapaz de gobernar de forma civilizada sus colonias. Cuba aparecía en el discurso político y periodístico como un territorio mal administrado, violento, atrasado y cruelmente reprimido. El argumento humanitario, la protección de la población cubana, fue central, especialmente tras la política de reconcentración del general Weyler. Pero ese humanitarismo estaba claramente subordinado a una idea más amplia: Europa ya no tenía legitimidad para ejercer soberanía en América.
Segundo: que la inestabilidad cubana afectaba directamente a los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos. Políticos como Henry Cabot Lodge o Theodore Roosevelt insistían en que Cuba era vital para la seguridad del Golfo de México, para las rutas comerciales y para el futuro canal interoceánico. España no solo era injusta, decían, sino peligrosa. En ese razonamiento, la doctrina Monroe se transforma: ya no se trata solo de impedir nuevas colonizaciones, sino de expulsar las antiguas cuando obstaculizan los intereses estadounidenses.
Tercero, y esto es clave: que Estados Unidos no actuaba como conquistador, sino como tutor transitorio. El lenguaje político de 1898 está lleno de preposiciones reveladoras: se interviene por Cuba, en nombre de la libertad, para pacificar, hasta que los pueblos estén preparados para gobernarse. Rara vez se habla de anexión directa en el caso cubano; se habla de liberación bajo supervisión. Esa retórica permitía presentar la guerra como cumplimiento moral de la doctrina Monroe.
En los debates del Congreso y en la prensa se insiste en que España ha perdido su derecho histórico por mal gobierno; que la soberanía no es eterna si no cumple una función civilizadora, y que Estados Unidos tiene no solo el derecho, sino el deber de intervenir. Es una lógica que conecta directamente con el posterior corolario Roosevelt: si un Estado americano es incapaz de mantener el orden, otro, Estados Unidos, puede hacerlo en su lugar.
Sin embargo, la contradicción es evidente. Mientras se proclamaba la liberación de Cuba, Estados Unidos ocupaba Puerto Rico, Guam y Filipinas, territorios que no eran europeos ni americanos en el sentido monroísta original. Muchos políticos resolvieron esa tensión redefiniendo implícitamente la doctrina: América ya no era solo un espacio a proteger de Europa, sino un espacio bajo la hegemonía estadounidense. El hemisferio dejaba de ser “para los americanos” en plural y pasaba a ser, de hecho, para un solo actor. Derrotada España, la doctrina sirvió para expandir el poder norteamericano en otra dirección, movido por los intereses económicos y estratégicos del momento, para inventarse una nueva nación.
El caso de Panamá
En un sentido histórico y político, puede decirse que Estados Unidos “inventó” Panamá, casi en el sentido de crear una nación de la nada, al hacer posible, acelerar y garantizar su independencia para asegurar el control del canal. Es un caso casi de manual de cómo una potencia convierte un problema estratégico en un nuevo Estado funcional a sus intereses.
Hasta 1903, Panamá no era un país independiente, sino una provincia de Colombia. Desde mediados del siglo XIX, Estados Unidos tenía allí intereses muy claros: el tránsito interoceánico, primero ferroviario y luego canalero. El istmo era visto como una pieza clave del comercio mundial y de la proyección naval estadounidense, especialmente tras la guerra de 1898, que había demostrado la necesidad de mover flotas con rapidez entre el Atlántico y el Pacífico.
Cuando Washington negoció con Colombia el tratado Hay–Herrán en 1903, para construir el canal, el Senado colombiano lo rechazó, considerándolo lesivo para su soberanía. En ese momento, Estados Unidos no reconsideró sus condiciones ni buscó una alternativa multilateral, sino, simplemente, optó por cambiar de interlocutor. Y para ello, Panamá debía dejar de ser colombiana.
La “revolución” panameña de noviembre de 1903 fue breve, incruenta y profundamente tutelada. Buques de guerra estadounidenses impidieron que el ejército colombiano reprimiera el levantamiento; diplomáticos norteamericanos reconocieron al nuevo Estado en cuestión de días; y apenas dos semanas después, Panamá firmó con Estados Unidos el tratado Hay–Bunau Varilla, negociado no por un panameño, sino por un ingeniero francés con intereses propios y residencia en Nueva York. Ese tratado concedía a Estados Unidos el control perpetuo de la Zona del Canal, con derechos casi soberanos.
Aquí encaja perfectamente la lógica de la doctrina Monroe en su versión ya transformada: Europa debía mantenerse al margen, pero Estados Unidos se arrogaba el derecho de reorganizar políticamente el hemisferio cuando sus intereses estratégicos lo exigían. Panamá nació, en la práctica, como un Estado independiente, pero limitado desde su origen, con una franja central bajo control extranjero y una política exterior condicionada.
Los políticos estadounidenses justificaron la operación con varios argumentos. Se habló de la incapacidad de Colombia para garantizar el progreso; de la vocación histórica del istmo como lugar de tránsito; de la inevitabilidad del canal; y del beneficio para la “civilización” y el comercio mundial. Theodore Roosevelt fue especialmente explícito reivindicando la intervención. Para él, Estados Unidos había actuado cuando otros estorbaban el avance de la historia.
Panamá existía como región, como sociedad y como identidad local, pero su conversión en Estado soberano en 1903 fue inducida, protegida y diseñada para resolver un problema estadounidense. El país nació con un canal que no controlaba y con una soberanía fragmentada, una paradoja que marcaría su historia durante todo el siglo XX, hasta los tratados Torrijos–Carter de 1977. La intervención y detención de Manuel Ortega en 1989 fue simplemente un resultado lógico de la doctrina. El caso panameño muestra con claridad cómo, tras 1898, la política estadounidense pasó de expulsar imperios europeos a configurar directamente el mapa político de América. No siempre mediante la anexión, sino mediante algo más sutil y duradero: la creación de Estados formalmente independientes, pero estratégicamente subordinados.
La justificación unilateral de la actuación de los Estados Unidos está declarada en el llamado Roosevelt Corollary del 6 de diciembre de 1904[2] en donde se afirmaba que no solo las naciones del hemisferio occidental no estaban abiertas a la colonización por parte de las potencias europeas, sino que Estados Unidos tenía la responsabilidad de preservar el orden y proteger la vida y la propiedad en esos países. Creo que debemos conocer tanto la doctrina Monroe como el corolario en sus textos originales, traducidos aquí al español:
Doctrina Monroe, 2 de diciembre 1823
“…At the proposal of the Russian Imperial Government, made through the minister of the Emperor residing here, a full power and instructions have been transmitted to the minister of the United States at St. Petersburg to arrange by amicable negotiation the respective rights and interests of the two nations on the northwest coast of this continent. A similar proposal has been made by His Imperial Majesty to the Government of Great Britain, which has likewise been acceded to. The Government of the United States has been desirous by this friendly proceeding of manifesting the great value which they have invariably attached to the friendship of the Emperor and their solicitude to cultivate the best understanding with his Government. In the discussions to which this interest has given rise and in the arrangements by which they may terminate the occasion has been judged proper for asserting, as a principle in which the rights and interests of the United States are involved, that the American continents, by the free and independent condition which they have assumed and maintain, are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any European powers. . .
It was stated at the commencement of the last session that a great effort was then making in Spain and Portugal to improve the condition of the people of those countries, and that it appeared to be conducted with extraordinary moderation. It need scarcely be remarked that the results have been so far very different from what was then anticipated. Of events in that quarter of the globe, with which we have so much intercourse and from which we derive our origin, we have always been anxious and interested spectators. The citizens of the United States cherish sentiments the most friendly in favor of the liberty and happiness of their fellow-men on that side of the Atlantic. In the wars of the European powers in matters relating to themselves we have never taken any part, nor does it comport with our policy to do so. It is only when our rights are invaded or seriously menaced that we resent injuries or make preparation for our defense. With the movements in this hemisphere we are of necessity more immediately connected, and by causes which must be obvious to all enlightened and impartial observers. The political system of the allied powers is essentially different in this respect from that of America. This difference proceeds from that which exists in their respective Governments; and to the defense of our own, which has been achieved by the loss of so much blood and treasure, and matured by the wisdom of their most enlightened citizens, and under which we have enjoyed unexampled felicity, this whole nation is devoted. We owe it, therefore, to candor and to the amicable relations existing between the United States and those powers to declare that we should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety. With the existing colonies or dependencies of any European power we have not interfered and shall not interfere. But with the Governments who have declared their independence and maintain it, and whose independence we have, on great consideration and on just principles, acknowledged, we could not view any interposition for the purpose of oppressing them, or controlling in any other manner their destiny, by any European power in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition toward the United States. In the war between those new Governments and Spain we declared our neutrality at the time of their recognition, and to this we have adhered, and shall continue to adhere, provided no change shall occur which, in the judgement of the competent authorities of this Government, shall make a corresponding change on the part of the United States indispensable to their security.
The late events in Spain and Portugal shew that Europe is still unsettled. Of this important fact no stronger proof can be adduced than that the allied powers should have thought it proper, on any principle satisfactory to themselves, to have interposed by force in the internal concerns of Spain. To what extent such interposition may be carried, on the same principle, is a question in which all independent powers whose governments differ from theirs are interested, even those most remote, and surely none of them more so than the United States. Our policy in regard to Europe, which was adopted at an early stage of the wars which have so long agitated that quarter of the globe, nevertheless remains the same, which is, not to interfere in the internal concerns of any of its powers; to consider the government de facto as the legitimate government for us; to cultivate friendly relations with it, and to preserve those relations by a frank, firm, and manly policy, meeting in all instances the just claims of every power, submitting to injuries from none. But in regard to those continents circumstances are eminently and conspicuously different.
It is impossible that the allied powers should extend their political system to any portion of either continent without endangering our peace and happiness; nor can anyone believe that our southern brethren, if left to themselves, would adopt it of their own accord. It is equally impossible, therefore, that we should behold such interposition in any form with indifference. If we look to the comparative strength and resources of Spain and those new Governments, and their distance from each other, it must be obvious that she can never subdue them. It is still the true policy of the United States to leave the parties to themselves, in hope that other powers will pursue the same course….”
El corolario de Roosevelt del 6 de diciembre de 1904:
“Al tratar de nuestra política exterior y de la actitud que esta gran Nación debe asumir en el mundo en general, es absolutamente necesario considerar al Ejército y a la Marina, y el Congreso, a través del cual el pensamiento de la Nación encuentra su expresión, debe tener siempre muy presente el hecho fundamental de que es imposible abordar nuestra política exterior —ya adopte esta la forma del esfuerzo por asegurar justicia para otros o justicia para nosotros mismos— si no es condicionada por la actitud que estemos dispuestos a adoptar respecto a nuestro Ejército y, especialmente, respecto a nuestra Marina. No solo es imprudente, sino despreciable, para una nación, como para un individuo, emplear un lenguaje grandilocuente para proclamar sus propósitos, o adoptar posiciones que resultan ridículas si no están respaldadas por una fuerza potencial, y luego negarse a proporcionar dicha fuerza. Si no existe la intención de proporcionar y mantener la fuerza necesaria para respaldar una actitud firme, entonces es mucho mejor no adoptar tal actitud.
El objetivo constante de esta Nación, como el de todas las naciones ilustradas, debe ser esforzarse por acercar cada vez más el día en que prevalezca en todo el mundo la paz de la justicia. Existen tipos de paz altamente indeseables, que a largo plazo son tan destructivos como cualquier guerra. Tiranos y opresores han convertido muchas veces regiones enteras en desiertos y lo han llamado paz. En muchas ocasiones, pueblos perezosos, tímidos o miopes, debilitados por la comodidad o el lujo, o extraviados por falsas enseñanzas, se han retraído de manera poco viril del cumplimiento de un deber duro y exigente en sacrificio, y han tratado de ocultar a sus propias conciencias sus carencias y motivos innobles llamándolos amor a la paz. La paz del terror tiránico, la paz de la debilidad cobarde, la paz de la injusticia: todas estas deben ser rechazadas con el mismo empeño con que rechazamos una guerra injusta.
La meta que debemos proponernos como nación —y que debería proponerse toda la humanidad— es alcanzar la paz de la justicia, la paz que surge cuando cada nación no solo ve protegidos sus propios derechos, sino que reconoce escrupulosamente y cumple su deber hacia las demás. En general, la paz favorece la justicia; pero si surge un conflicto entre ambas, nuestra lealtad debe dirigirse primero a la causa de la justicia. Las guerras injustas son frecuentes; la paz injusta es rara; pero ambas deben evitarse. El derecho a la libertad y la responsabilidad de ejercer ese derecho no pueden separarse. Uno de nuestros grandes poetas ha dicho con acierto que la libertad no permanece mucho tiempo en manos de cobardes. Tampoco permanece en manos de quienes son demasiado perezosos, deshonestos o incapaces para ejercerla. La vigilancia eterna, que es el precio de la libertad, debe ejercerse a veces para protegernos de enemigos externos, aunque con mucha mayor frecuencia para protegernos de nuestras propias deficiencias egoístas o irreflexivas.
Si estas verdades evidentes se mantienen presentes —y solo si se mantienen presentes— tendremos una idea clara de cuál debe ser nuestra política exterior en sus aspectos más amplios. Es nuestro deber recordar que una nación no tiene más derecho a cometer injusticia contra otra nación, fuerte o débil, que el que tiene un individuo de cometer injusticia contra otro; la misma ley moral se aplica en ambos casos. Pero también debemos recordar que es tan deber de la Nación proteger sus propios derechos e intereses como lo es para el individuo. Dentro del Estado, el individuo ha delegado este derecho en el propio Estado, es decir, en el representante de todos los individuos, y es un principio del derecho que a todo agravio corresponde un remedio. Sin embargo, en el derecho internacional no hemos avanzado ni de lejos tanto como en el derecho interno. Todavía no existe un modo judicial de hacer cumplir un derecho en el ámbito internacional. Cuando una nación perjudica a otra, o a muchas otras, no existe tribunal alguno ante el cual el infractor pueda ser llevado. O bien es necesario aceptar pasivamente la injusticia, premiando así la brutalidad y la agresión, o bien es necesario que la nación agraviada defienda valerosamente sus derechos. Hasta que se conciba un método que establezca cierto grado de control internacional sobre las naciones infractoras, sería algo perverso que las potencias más civilizadas, aquellas con mayor sentido de las obligaciones internacionales y con la comprensión más clara y generosa de la diferencia entre el bien y el mal, se desarmaran. Si las grandes naciones civilizadas del presente se desarmaran por completo, el resultado sería un inmediato resurgimiento de la barbarie bajo una u otra forma. En cualquier circunstancia, sería necesario mantener un armamento suficiente para cumplir funciones de policía internacional; y hasta que la cohesión internacional y el sentido de los deberes y derechos internacionales estén mucho más avanzados que en la actualidad, una nación que desee asegurar respeto para sí misma y hacer el bien a los demás debe contar con una fuerza adecuada para la tarea que considera asignada como parte de su deber general en el mundo.
De ello se sigue que una nación respetuosa de sí misma, justa y previsora debe, por un lado, esforzarse por todos los medios en apoyar el desarrollo de los movimientos que tienden a ofrecer sustitutos de la guerra y a hacer que las naciones, en su trato entre sí y con sus propios pueblos, respondan más al sentimiento general de la humanidad civilizada; y, por otro, debe mantenerse preparada, evitando escrupulosamente toda injusticia por su parte, para rechazar cualquier agravio y, en casos excepcionales, para emprender acciones que en una etapa más avanzada de las relaciones internacionales corresponderían al ejercicio de una policía internacional. Un gran pueblo libre se debe a sí mismo y a toda la humanidad no caer en la impotencia frente a las fuerzas del mal.
Estamos haciendo todo lo posible para ayudar, con cordial buena voluntad, a todo movimiento que tienda a acercarnos a relaciones más amistosas con el resto de la humanidad. En cumplimiento de esta política, pronto someteré al Senado tratados de arbitraje con todas las potencias dispuestas a celebrarlos con nosotros. No es posible, en el estado actual del desarrollo mundial, acordar el arbitraje de todos los asuntos, pero hay muchos posibles motivos de diferencia entre nosotros y otras naciones que sí pueden resolverse de este modo. Además, a petición de la Unión Interparlamentaria —un eminente organismo compuesto por estadistas prácticos de todos los países— he solicitado a las Potencias que se unan a este Gobierno en una segunda Conferencia de La Haya, en la que se espera que la labor iniciada tan felizmente en La Haya pueda avanzar algunos pasos más hacia su culminación. Esto responde al deseo expresado por la propia primera Conferencia de La Haya.
No es cierto que los Estados Unidos sientan hambre territorial ni alberguen proyectos respecto a las otras naciones del hemisferio occidental que no estén orientados a su bienestar. Todo lo que este país desea es ver a los países vecinos estables, ordenados y prósperos. Cualquier país cuyos habitantes se conduzcan correctamente puede contar con nuestra sincera amistad. Si una nación demuestra que sabe actuar con razonable eficacia y decencia en los asuntos sociales y políticos, si mantiene el orden y cumple sus obligaciones, no debe temer interferencia alguna por parte de los Estados Unidos. El mal crónico, o una impotencia que conduzca a un debilitamiento general de los vínculos de la sociedad civilizada, puede, en América como en cualquier otro lugar, acabar requiriendo la intervención de alguna nación civilizada; y en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede obligarnos, aunque de mala gana, en casos flagrantes de tal mal o impotencia, a ejercer un poder de policía internacional. Si todos los países bañados por el mar Caribe mostraran el progreso hacia una civilización estable y justa que Cuba ha demostrado, con la ayuda de la Enmienda Platt, desde que nuestras tropas abandonaron la isla, y que tantas repúblicas de ambas Américas muestran constante y brillantemente, toda cuestión de interferencia por parte de esta Nación en sus asuntos desaparecería. Nuestros intereses y los de nuestros vecinos del sur son en realidad idénticos. Poseen grandes riquezas naturales, y si dentro de sus fronteras imperan la ley y la justicia, la prosperidad llegará sin duda. Mientras obedezcan las leyes fundamentales de la sociedad civilizada, pueden estar seguros de que serán tratados por nosotros con un espíritu de cordial y solidaria simpatía. Solo interferiríamos en último extremo, y únicamente si resultara evidente que su incapacidad o falta de voluntad para hacer justicia dentro y fuera de sus fronteras hubiera vulnerado los derechos de los Estados Unidos o hubiera provocado agresiones extranjeras en detrimento del conjunto de las naciones americanas. Es una verdad elemental afirmar que toda nación, en América o en cualquier otro lugar, que desee conservar su libertad y su independencia debe comprender que el derecho a esa independencia no puede separarse de la responsabilidad de hacer buen uso de ella.
Al afirmar la Doctrina Monroe, al adoptar las medidas que hemos adoptado respecto a Cuba, Venezuela y Panamá, y al esforzarnos por limitar el escenario de la guerra en el Lejano Oriente y asegurar la política de puertas abiertas en China, hemos actuado tanto en nuestro propio interés como en el de la humanidad en general. Sin embargo, existen casos en los que, aun cuando nuestros intereses directos no estén profundamente implicados, se apela con fuerza a nuestras simpatías. Por lo general, es mucho más sabio y útil que nos ocupemos de procurar nuestro propio mejoramiento moral y material aquí en casa, que de intentar mejorar la situación en otros países. Tenemos suficientes pecados propios contra los que luchar, y en circunstancias normales podemos hacer más por la elevación general de la humanidad esforzándonos con todo el corazón por poner fin a la corrupción cívica, a la brutal ilegalidad y a los violentos prejuicios raciales aquí en casa, que aprobando resoluciones y condenando injusticias ajenas. No obstante, hay crímenes ocasionales cometidos a una escala tan vasta y de una atrocidad tan particular que nos hacen dudar de si no es nuestro deber manifiesto intentar al menos mostrar nuestra desaprobación del hecho y nuestra simpatía hacia quienes lo han sufrido. Los casos en que tal proceder es justificable deben ser extremos. No debe hacerse ningún esfuerzo por retirar la paja del ojo ajeno si nos negamos a retirar la viga del propio. Pero en casos extremos, la acción puede ser justificable y apropiada. La forma que deba adoptar dependerá de las circunstancias: del grado de atrocidad y de nuestra capacidad para remediarla. Los casos en que podríamos intervenir por la fuerza de las armas, como intervenimos para poner fin a condiciones intolerables en Cuba, son necesariamente muy pocos. Sin embargo, no es de esperar que un pueblo como el nuestro —que, pese a ciertas deficiencias evidentes, demuestra en su práctica constante su adhesión a los principios de libertad civil y religiosa y de libertad ordenada; un pueblo en el que incluso el peor de los crímenes, como el linchamiento, no es más que esporádico, de modo que son individuos y no clases enteras quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales— no desee expresar con vehemencia su horror ante acontecimientos como la masacre de los judíos en Kishinev, o cuando presencia una crueldad y opresión tan sistemáticas y prolongadas como aquellas de las que han sido víctimas los armenios, y que han suscitado la indignada compasión del mundo civilizado.”
Y hoy, tras las declaraciones de Trump el sábado 3 de enero, la doctrina Monroe es redefinida una vez más, esta vez más claro y rotundo, de una forma desemascarada y prepotente: “The Monroe Doctrine is a big deal, but we’ve superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Doctrine,” Trump said. “American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again.”[3] La supremacía de los Estados Unidos en el hemisferio oeste no será nunca más cuestionada. Trump dixit.
[1] https://www.archives.gov/milestone-documents/monroe-doctrine
[2] https://www.archives.gov/milestone-documents/roosevelt-corollary
[3] https://www.wusf.org/2026-01-03/we-are-going-to-run-the-country-trump-says-after-strike-on-venezuela?utm_source=chatgpt.com
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