La detención y extracción de un jefe de Estado por una potencia extranjera, al margen de la ONU y en abierta tensión con el derecho internacional, no es un accidente ni una improvisación, tampoco es un hecho aislado ni único para Estados Unidos. Es un acto político de enorme calado que remite, inevitablemente, a precedentes muy concretos. El más cercano, por su lógica y por su significado, es la captura de Saddam Hussein tras la invasión de Irak en 2003. No porque los regímenes sean idénticos ni porque las trayectorias personales de ambos líderes se superpongan, sino porque el mecanismo de intervención, la justificación narrativa y los intereses que lo sostienen pertenecen a la misma gramática del poder. Algo anterior a Irak, en 1989, el presidente de Panamá, Manuel Noriega, también fue detenido y llevado ante una corte norteamericana que le condenó por tráfico de drogas, justamente los mismos cargos que se le imputan a Maduro.

En el caso de Irak, Estados Unidos actuó sin un mandato claro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apoyándose en una interpretación extensiva, y posteriormente desacreditada, de la amenaza que supuestamente representaban las armas de destrucción masiva. El derecho internacional fue tratado como un obstáculo administrativo, no como un marco vinculante. La soberanía iraquí quedó suspendida en nombre de una seguridad global definida unilateralmente. A posteriori, cuando las armas no aparecieron, el argumento mutó: se trataba entonces de liberar al pueblo iraquí de un dictador y estabilizar la región. El relato se adaptó; la intervención permaneció.

Lo que hoy ocurre con Venezuela, insisto: tal como ha sido presentado por quienes lo ejecutan, responde a una lógica sorprendentemente similar. La figura del jefe de Estado es despojada de su condición política y revestida exclusivamente de una identidad criminal. Ya no se le combate como adversario, sino que se le captura como delincuente. Este desplazamiento no es menor: permite sustituir el derecho internacional por el derecho penal interno de la potencia que interviene, y convertir una acción militar en una operación de “justicia”.

En ambos casos, la ONU queda reducida a espectadora incómoda. No hay deliberación multilateral real, ni consenso jurídico internacional, ni un proceso que respete la igualdad soberana de los Estados. Hay, en cambio, una decisión tomada de antemano y comunicada al mundo como un hecho consumado. Exactamente igual que en Irak, el mensaje implícito es claro: cuando los intereses estratégicos de una superpotencia están en juego, el orden jurídico internacional es negociable.

También coinciden los intereses de fondo. Irak era, y es, una pieza central en el tablero energético y geopolítico de Oriente Próximo. Venezuela lo es en América Latina. En ambos casos hablamos de países con enormes reservas de recursos estratégicos, con una posición geográfica clave y con gobiernos que, por distintas razones, habían dejado de ser funcionales a los equilibrios deseados por Washington. El conflicto no surge porque estos Estados sean pobres o irrelevantes, sino precisamente porque no lo son.

Como en Irak, la intervención se presenta como una solución a un problema interno, pero opera en realidad como una reconfiguración externa del poder. Se promete estabilidad, pero se introduce una ruptura. Se invoca la democracia, pero se actúa sin mecanismos democráticos internacionales. Se habla de legalidad, pero se la redefine unilateralmente. Saddam Hussein fue capturado para escenificar el triunfo del orden; lo que siguió fue el caos. Esa lección, incómoda pero evidente, parece haber sido archivada.

Hay, además, una dimensión simbólica que no conviene subestimar. Capturar a un jefe de Estado y trasladarlo fuera de su país no es solo una acción militar o judicial, es un mensaje dirigido al resto del mundo. Significa que existen líderes intocables y otros prescindibles; Estados soberanos plenos y Estados cuya soberanía es condicional. En 1989 ese mensaje fue enviado desde Panamá, en 2003 desde Bagdad. Hoy, desde Caracas, vuelve a emitirse de nuevo el mismo mensaje con una claridad inquietante.

Comparar ambos casos no implica ignorar las responsabilidades internas, los errores de gobierno o los autoritarismos reales. Saddam Hussein fue un dictador brutal; Venezuela atraviesa una crisis profunda en la que el poder ha sido gestionado de forma desastrosa y la voluntad del pueblo, expresada en el voto, ha sido traicionada. Pero el derecho internacional no está diseñado para premiar a los gobiernos virtuosos y castigar a los defectuosos, sino para impedir que la fuerza sustituya a la ley. Cuando ese principio se rompe, el problema deja de ser un país concreto y pasa a ser el sistema entero.

Por eso, la analogía con Irak no es un recurso retórico, sino una advertencia histórica. Cada vez que se normaliza una excepción, una invasión “necesaria”, una captura “justificada”, una violación “inevitable”, se amplía el espacio de la arbitrariedad. Y como ya ocurrió tras la caída de Saddam Hussein, lo que se presenta como el final de un problema suele ser, en realidad, el comienzo de otro mucho mayor. Muchos pensarán si Nicaragua y sobre todo Cuba podrían estar en la lista, como regímenes contrarios a Trump, pero, en esos casos no se dan, a mi entender, las condiciones necesarias en cuanto a intereses económicos o geopolíticos necesarios para embargarse en una acción insegura y costosa. Ya, saliéndonos de la región, creo que los ayatolas de Irán podrán hasta cierto punto dormir tranquilos, siempre y cuando no lo hagan cerca de una central nuclear o instalaciones de tecnología militar, porque ahí si que pueden caer bombas, bombas para la paz.