No puedo evitarlo, cuando escucho o leo algo sobre la reglamentación de los seres que son “lícitos” o “ilícitos” en la naturaleza, me invade una mala sensación. Anteayer entró en vigor una nueva normativa sueca sobre especies exóticas invasoras que implica un marco regulador más estricto y modificaciones en la legislación ambiental[1]. Esta normativa incorpora una lista nacional de especies que causan problemas en Suecia y que, en algunos casos, no están incluidas en la lista de la Unión Europea. El objetivo es poder aplicar medidas contra un mayor número de especies invasoras en el país.

Para las autoridades, esto significa que ahora existe la obligación de erradicar 34 nuevas especies. Los municipios de todo el país deberán combatir especies como el lupino ornamental y la vara de oro canadiense, la marta y una larga lista de mamíferos, aves, peces, moluscos, plantas e insectos.

Un artículo en Dagen Nyheter revela una cierta idea conservadora de la naturaleza. Como si existiera un momento ideal del ecosistema, que en Suecia parece ser el año 1800, que hubiera que congelar para siempre. Aquí hay material para un debate filosófico y científico enorme, creo yo. La idea de que existe una “naturaleza auténtica” que habría que restaurar, como si en algún punto, hacia 1800 o antes, el mundo hubiera alcanzado una especie de equilibrio perfecto, es una construcción cultural más que una descripción científica. La naturaleza nunca ha sido un museo detenido en el tiempo. Siempre ha sido movimiento, migración, mezcla, extinción y recomposición. Sin embargo, una parte de la política ambiental contemporánea actúa como si ese instante ideal hubiera existido y como si la tarea del presente fuera rebobinar la historia hasta volver a él.

El problema de fondo es el criterio con el que se decide qué vida es legítima y cuál no lo es. Cuando se etiqueta a una especie como “invasora” no se está describiendo únicamente un hecho biológico, sino introduciendo una jerarquía moral disfrazada de ciencia: esta vida pertenece, esta otra sobra. Y a partir de ahí se abre la puerta a una lógica de eliminación sistemática que, aunque se presente como conservación, opera en realidad como una forma de ingeniería ecológica selectiva.

Se dice que se protege la biodiversidad, pero al mismo tiempo se exterminan individuos concretos porque pertenecen a la “especie equivocada”. Aquí aparece una tensión incómoda: si cada ser vivo es un individuo con una trayectoria propia, con su propia forma de existir en el mundo, entonces su valor no puede depender únicamente del lugar de donde procede o del relato histórico que le asignemos. En ese sentido, la categoría de “invasor” describe una decisión humana sobre qué formas de vida deben ser toleradas.

Llevado al extremo, el razonamiento se vuelve inquietante: si aplicáramos la misma lógica a los seres humanos, si decidiéramos que ciertos grupos “no pertenecen” a un territorio porque llegaron después o alteran un equilibrio previo, reconoceríamos inmediatamente el eco de argumentos excluyentes que la ética moderna rechaza sin discusión. Por eso la analogía es reveladora: muestra hasta qué punto el lenguaje de pertenencia biológica puede deslizarse hacia criterios de exclusión moral si no se lo cuestiona.

Además, la idea de “equilibrio natural” ignora algo esencial: los ecosistemas son sistemas dinámicos atravesados por perturbaciones constantes. El cambio no es una desviación de la naturaleza; es su propia condición. Pretender congelar una versión concreta de ese proceso es introducir una voluntad normativa en algo que se presenta como puramente científico.

Esto no significa naturalmente negar que haya daños, desplazamientos o transformaciones profundas causadas por la actividad humana, que los hay. Yo cuestiono si la respuesta adecuada debe ser siempre la eliminación de lo que llega, lo nuevo, lo distinto. Porque detrás de esa respuesta hay una decisión filosófica previa, que el valor de la vida depende de su origen y no de su existencia. La pregunta de fondo debería ser, según mi criterio, quién tiene la autoridad para decidir qué formas de vida merecen seguir existiendo cuando el mundo, inevitablemente, ya no es el de antes.

La naturaleza nunca ha sido fija. Las especies siempre han migrado, desaparecido y ocupado nuevos territorios. Lo nuevo es que ahora el ser humano acelera brutalmente esos procesos mediante comercio, transporte y cambio climático. Por eso muchos biólogos defienden que ciertas especies invasoras destruyen equilibrios muy frágiles y pueden provocar extinciones irreversibles. Desde esa perspectiva, no se trataría de “pureza” biológica, sino de proteger ecosistemas concretos.

El artículo de DN muestra cómo el combate contra especies invasoras puede convertirse en una especie de cruzada tecnocrática y militarizada. El lenguaje usado parece trasladar al mundo animal categorías humanas de frontera, vigilancia y expulsión. Cuando alguien dice medio en broma “con las ranas somos un poco demócratas suecos”, la frase funciona porque toca precisamente esa asociación simbólica.

Y además aparece una contradicción histórica muy fuerte: muchas de esas especies llegaron precisamente por la expansión humana, el comercio global y, en algunos casos, el colonialismo europeo. Los animales no “invadieron” por voluntad propia; los movimos nosotros.

A mi me encantan las lupinas, las rosas rugosas y las martas, también las ranas de lago, y no me gustan los cazadores que van por las calles y caminos con fusiles para cazar gansos del Nilo, martas, visones, mapaches y todo lo que se les ponga delante y que, como el artículo muestra, se sienten orgullosos de mantener la naturaleza sueca “limpia de invasores”.  Yo veo un problema y no menor en el lenguaje que se usa durante estas operaciones. El lenguaje que se usa no es una herramienta neutra de descripción, porque modela la forma en que percibimos lo real y, en consecuencia, cómo actuamos sobre ello. Cuando se habla de “especies invasoras”, “erradicación” o “combate” se está importando un vocabulario que proviene del conflicto humano, del ámbito militar y político. En realidad se retroalimenta el lenguaje con voces del aniquilamiento y ese traslado activa automáticamente una lógica de enemigo, de frontera y de exclusión.

En el plano ecológico puede haber descripciones útiles: especies que se expanden rápidamente, que alteran equilibrios locales, que afectan a otras formas de vida. Pero el problema aparece cuando ese lenguaje técnico se desliza hacia una interpretación normativa del mundo, como si ciertas vidas fueran intrínsecamente ilegítimas por el simple hecho de haber llegado “después” o de no pertenecer a una historia natural previa idealizada. Ahí la descripción empieza a transformarse en juicio, y el juicio en justificación implícita de eliminación.

Lo inquietante es que este marco conceptual puede naturalizar la idea de que hay vidas que “sobran” en función de su origen, no de su existencia concreta. Y aunque en ecología se insista en que no hay intención moral sino gestión de sistemas, el efecto cultural del lenguaje es difícil de separar de su uso técnico. Las palabras circulan, se simplifican y terminan influyendo en cómo la sociedad imagina qué es lo normal, lo aceptable o lo tolerable.

Por eso el problema es científico, pero también filosófico y político. Se trata de cómo describimos la convivencia entre formas de vida en un mundo que nunca ha sido estático ni “puro”, y de si el lenguaje que usamos para gestionarlo introduce sin querer una jerarquía implícita entre quienes “pertenecen” y quienes no. En ese sentido, el lenguaje puede transformar la diferencia en exclusión si no se lo examina con cuidado.

[1] https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2025/05/ny-forordning-om-invasiva-frammande-arter/