Aquí en Suecia decimos “Det som göms i snö, kommer fram i tö” que traducido a la lengua de Cervantes quiere decir: lo que se oculta en la nieve, aparece al derretirse. En la península Ibérica, aunque hay nieve en invierno, no hay tanta como para esconder cosas, al menos, si uno quiere que permanezcan ocultas durante mucho tiempo. Sorprende que, a diario, tengamos que contemplar el triste espectáculo de una clase política, la española, concretamente, que continuamente nos sorprende con tantos casos de corrupción, que mancillan la imagen de una de las democracias más sólidas del mundo.

Sí, porque la democracia española se ha consolidado en la base, en la ciudadanía, que, en estos cincuenta años, que han pasado desde la muerte del dictador, ha conseguido dejar atrás unas estructuras verticales que parecían eternas, a un asociacionismo trasversal, y del absentismo político a la participación. Todo esto en paz y tranquilidad, aún en los momentos más difíciles del terrorismo de ETA, dando ejemplo de solidez democrática, aunque salpicada a veces por sobrerreacciones del poder ejecutivo, casi siempre castigadas.

Sobre este relato de triunfo democrático se extiende una mancha gris que ensucia la clara imagen de un proceso exitoso, tanto a nivel político como económico. La mancha gris es la corrupción. Desde el primer momento, se han ido descubriendo, gracias a la ardua e incansable tarea de los medios de comunicación, que a mi entender son los auténticos guardianes de la democracia española, cientos de casos de corrupción política. La pugna ideológica entre los medios de comunicación afines a uno y otro bando, se han encargado de investigar cualquier signo de prevaricación de los políticos del bando contrario, descubriendo así, la mayoría de ellos, porque, tarde o temprano “la nieve se derrite” y aparece lo escondido.   

Sí, “ya lo sabemos”- pensaran casi todos mis lectores, pero – ¿qué podemos hacer para evitarlo? – ¿Cómo podremos deshacernos de esta lacra? Bien, pues daré mi “receta”, a ver que os parece. Para empezar a erradicar la corrupción, la clase política española debería dejar de protegerse a sí misma y empezar a proteger a las instituciones y a la ciudadanía. Eso implicaría renunciar a privilegios, reformar estructuras profundamente y aceptar que la verdadera ética pública no se improvisa ni se proclama: se demuestra con actos firmes, sostenidos y valientes. El primer paso sería blindar la independencia del Poder Judicial, porque, por ejemplo, la politización del Consejo General del Poder Judicial es un punto débil. Si los partidos siguen repartiéndose los cargos judiciales, la justicia pierde credibilidad. Una buena reforma debería permitir que los jueces eligieran a los jueces, como recomiendan organismos europeos, a la vez que se refuercen los medios de la Fiscalía Anticorrupción.

En segundo lugar, se debería prohibir el acceso inmediato a “puertas giratorias”, una mala practica que Suecia comparte, desgraciadamente. Ex ministros, presidentes y altos cargos no deberían poder incorporarse a empresas reguladas por ellos mismos hasta al menos 5 años después de dejar su cargo. Además, se necesita una ley estricta de incompatibilidades, sin excepciones ni privilegios camuflados.

En tercer lugar está la transparencia total en la financiación de partidos, que obligue a los partidos a publicar en tiempo real todos los ingresos y donaciones, y los contratos públicos gestionados por sus cargos electos. La financiación irregular de campañas es una de las principales fuentes de corrupción estructural.

La cuarta medida sería proteger realmente a los denunciantes de casos de corrupción. Hoy en España, denunciar corrupción puede arruinarte la vida. Hay que establecer mecanismos legales y sociales que garanticen la seguridad, anonimato y estabilidad laboral de quienes revelan irregularidades. Esto se puede hacer creando una Oficina del Denunciante, independiente del Gobierno, como en algunos países nórdicos.

La quinta sería eliminar los aforamientos injustificados, porque hoy, más de 2000 cargos públicos están aforados, de manera que solo pueden ser juzgados por el Supremo. Eso crea impunidad de facto (ver por ejemplo el último caso en Extremadura). El aforamiento solo debería aplicarse a situaciones muy concretas y nunca cubrir actos de corrupción.

Como la sexta reforma me gustaría ver que se hace obligatorio el uso de plataformas digitales transparentes y auditables para todos los contratos públicos. Toda empresa contratista debe publicar su estructura de propiedad y evitar testaferros y sociedades pantalla

Y, como siempre, empezar desde la escuela, porque, no basta con leyes. Hay que formar desde temprano en valores como la honestidad, la justicia y la responsabilidad pública, y esto se puede hacer con programas educativos que vinculen ciudadanía, ética pública y memoria de los casos de corrupción recientes.

Y, para finalizar, y posiblemente lo más importante, es que las sanciones que se impongan sean reales y ejemplares. No puede haber condenas con penas simbólicas o sin cumplimiento efectivo. También debe haber sanciones económicas severas a partidos, empresas y particulares corruptos, porque, la corrupción debe dejar de ser rentable. Si alguno de vosotros conoce, es amigo de, o quiere comunicárselo a los líderes políticos españoles del momento, por favor, pasarle estos consejos, porque a mí no me escuchan. Ahora me voy a concentrar en la carrera del domingo. Ya os contaré.