Últimamente, el foro de la Sociedad Científica de Mérida me está inspirando en lo que escribo. Combinamos en nuestras conversaciones la más viva actualidad con la historia profunda. Discutimos desde diferentes puntos de vista políticos, teóricos y disciplinares pero siempre encontramos áreas comunes de encuentro, donde el diálogo funciona. Ayer tarde la discusión vino a centrarse alrededor del golpe de estado. Una jurista, un geógrafo y un historiador discutíamos las repercusiones de la elección de María Corina Machado como premio Nobel de la Paz en este año 2025, y lo que suponía para la oposición en Venezuela, Cuba y Nicaragua y para las fuerzas políticas mal llamadas progresistas, como Podemos. Aunque la discusión empezó, como lo hace muchas veces, partiendo de un golpe de estado que nos es familiar a todos, el que dio comienzo a la guerra civil española el 18 de julio de 1936. Venezuela, Cuba y Nicaragua son también regímenes que han accedido al poder por la vía del golpe de estado.

Xavier Muñoz Torrent abrió la discusión comentando la noticia difundida por El País de que “PP y Vox derogan la Ley de Memoria Histórica de Extremadura para aprobar una “de Concordia”.  El País aborda la noticia naturalmente desde su sesgo gubernamental, siendo un diario que últimamente se ha convertido en un portavoz del gobierno. Yo, que soy altamente sensible a todo lo que tiene que ver con la memoria o desmemoria histórica, aguzo mis sentidos y, tras leer el artículo, escribo: “Pues, considero así, antes de haber profundizado en la cuestión, que es una forma de utilizar la historia en provecho de la propia ideología. No se puede pedir rigor histórico, porque el rigor histórico, de partida, no puede tener colores políticos ni sesgos ideológicos, aun sabiendo que también los historiadores tienen ideología. La cuestión está en sí, de verdad, estamos interesados en saber lo que ocurrió, o si sólo buscamos la confirmación de nuestros principios. La polémica está servida.” María Luisa Bartolomei, sacando su experiencia contestó: “De acuerdo a la experiencia en Argentina y los juicios a la Junta Militar por las violaciones de los derechos humanos durante ese periodo 1976-1983, lo más importante fue el consenso general entre todos los partidos políticos y el llamado “Nunca Más”. Claro que en ese caso había un enemigo común, el ejército argentino y su accionar. En el caso de España es más complejo a mi entender lograr ese consenso en una sociedad más dividida.” Xavier Muñoz replicó que “Por suerte, en mi familia directa no tuvimos que lamentar ningún entierro en una cuneta ni en ninguna fosa común. Pero puedo entender el interés de aquellas familias en recuperar los restos de sus familiares que, de cualquier bando, fueron asesinados y sus restos enterrados en algún agujero indocumentado. Cerrar la historia con concordia es asegurar esa recuperación, No hacerlo es dejar en stand-by un terrible vacío familiar e incluso personal.” Y continuó: “[12:28, 2025-10-10] Xavier: De hecho, esos tiempos fueron terribles. De hecho, la Guerra de España se utilizó para cometer todo tipo de atrocidades, venganzas o ajustes de cuentas que muy frecuentemente nada tenían a ver con la politica. La tía Lola (esposa del primo de mi madre y padrino de bautismo de ella) explicaba con muchísima tristeza que su padre y hermano, carniceros de profesión, fueron fusilados por la FAI en un bosque de la Arrabassada (junto al Tibidabo, camino de Sant Cugat). No tenían ninguna filiación politica. Quien les denunció como fascistas era una persona que les debía dinero. Sus cuerpos no llegaron a ser enterrados en ninguna fosa común. La FAI no comprobaba el fondo de las acusaciones. Por tanto, detención y muerte inmediata, sin más. Muertos los acreedores, deuda saldada.” A lo que yo contribuí con un comentario: “Así es. En una guerra civil no hay ángeles. Otra cosa es la responsabilidad, pero, cada acto de terror, cada muerte, tiene su responsable directo. Me refiero a los no beligerantes, claro. Los soldados están para morir y matar.”

María Luisa adjuntó desde su perspectiva jurídica que: “Cómo en toda guerra la población civil es la que sufre las consecuencias de la violencia, especialmente mujeres y niños. Esto se puede ver hoy en la guerra en Gaza y también en Ucrania. Sin embargo, existen las Convenciones de Ginebra que regulan lo posible o no posible en una guerra y otras regulaciones del derecho internacional. El tema es si estas regulaciones se pueden aplicar en forma retroactiva en el caso de la guerra civil española, e incluso en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Franco. En el caso argentino se usó parte de esta regulación internacional para juzgar a los militares, incluso la Conversación contra el genocidio, a pesar de que la persecución fue por razones políticas, no de raza o religión. Convención contra el genocidio Se probó la intención de exterminar parte de la población por motivos políticos. No sé cómo el derecho internacional puede usarse en el caso español”

A lo que yo respondí: “También lo intento Baltazar Garzón con Pinochet y Gran Bretaña lo dejó marchar.” Y añadí: A uno de los responsables de una de las mayores matanzas de presos, la de Paracuellos, a Santiago Carrillo, nadie le juzgó.”

Hago un pequeño inciso para explicar lo que fue la matanza de Paracuellos del Jarama, porque quizás no todos los lectores la conozcan. La matanza de Paracuellos del Jarama es uno de los episodios más oscuros y polémicos de la Guerra Civil Española. Los atroces actos tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 1936, en los primeros meses del conflicto. Se trata del asesinato masivo de miles de presos, en su mayoría militares, falangistas, religiosos y civiles simpatizantes del bando sublevado, acusados de ser fascistas, que estaban recluidos en cárceles de Madrid y fueron ejecutados extrajudicialmente por fuerzas leales al gobierno republicano.

Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, se organizaron varias “sacas”, que así se llamaban las extracciones de presos de las cárceles madrileñas, como la Modelo, San Antón, Porlier o Ventas. Los prisioneros eran sacados en camiones bajo pretexto de ser trasladados a otra prisión o juzgados, pero eran llevados a los alrededores de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, donde eran fusilados en masa y enterrados en fosas comunes. Se estima que murieron de esa manera entre 2.500 y 5.000 personas. Entre las víctimas hubo numerosos sacerdotes, militares, jóvenes y ancianos, y también menores de edad.

Se sabe que las ejecuciones fueron realizadas por milicianos y miembros del Servicio de Investigación Militar (SIM), y que la Junta de Defensa de Madrid tenía conocimiento de las “sacas”. El general José Miaja fue nombrado presidente de la Junta, y Santiago Carrillo fue designado consejero de Orden Público, es decir, responsable de la seguridad en la ciudad: las prisiones, la policía y las milicias. Él negó durante toda su vida haber ordenado o consentido las matanzas, pero existen testimonios que indican que, al menos, no hizo nada por detenerlas. La matanza de Paracuellos fue una tragedia dentro de la tragedia, un crimen político y moral que manchó la causa republicana. Muchos historiadores la comparan con las represalias franquistas posteriores, como las de Badajoz o Málaga, recordando que ambos bandos incurrieron en atrocidades. Yo, en mi respuesta, me refería a esta matanza y la impunidad que Carrillo disfrutó tras la muerte de Franco y la legalidad del partido comunista, del que este era secretario general.

Al presentar María Luisa  la noticia de la concesión del Nobel de la Paz a la política venezolana que ganó las últimas elecciones pero fue relegada del poder por Maduro, en un golpe de estado tácito, Adrián Tejada Cano, uno de nuestros filósofos de cabecera, recordó que: “No así para el líder en la sombra de Podemos, que ha dicho literalmente “podían darle el título a Hitler a título póstumo” – refiriéndose al hecho de que Pablo Iglesias, el antiguo líder de Podemos, ahora contertulio y bodeguero, había mostrado su desprecio a la opositora venezolana.  A lo que María Luisa contestó que: “Son muy amigos de Maduro, incluso Sánchez y Zapatero. Cómo también de los kirchneristas, se ve que no tienen problema con los corruptos en América Latina, no son su prioridad”.

“Sí, menuda mafia organizada” contestaba Adrián, a lo que María Luisa respondía: “Así es y narcoestado. Los defensores de los derechos humanos. Impresentables. Destruyen todas las causas justas. Ha pasado lo mismo con el feminismo en Argentina, aunque entre sus políticos kirchneristas hay violadores de diversas clases y todos procesados, pero los siguen apoyando.”

Contestando a mi argumento sobre la negativa de Gran Bretaña a extraditar a Pinochet para ser juzgado en España por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el golpe de estado y la siguiente dictadura, María Luisa contestó:

“Con los militares argentinos paso lo mismo. El Juez Garzón pidió la extradición de una lista de militares en su momento, por una causa iniciada en España de exiliados argentinos y uruguayos. Pero en ese momento subió Néstor Kirchner y los peronistas usaron el argumento nacional, que debían ser juzgados en el país. A pesar de que ellos antes en la época de Menem apoyaron la amnistía e incluso en la época de Alfonsín. Pero en ese momento, les convenía políticamente”

Yo entre de nuevo en la conversación para puntualizar que, en realidad “Milosevic es el único responsable de crímenes contra la humanidad que ha sido juzgado por crímenes de guerra, bueno él y otros cuantos serbios y algún croata.” Aclarando, se trata de Radovan Karadžić, presidente serbobosnio, Ratko Mladić , general serbobosnio, y Slobodan Milošević que fue juzgado, pero murió antes del veredicto. Dario Kordić, vicepresidente político de la autoproclamada “Comunidad Croata de Herzeg-Bosnia” también fue condenado a una larga pena en 2001. Obvio Núremberg y los tribunales puntuales tras la segunda guerra mundial, Camboya y Ruanda. Yo me refiero a que, desde Núremberg en 1945, el paradigma de los juicios internacionales modernos, la justicia penal global ha tenido un problema original que es la asimetría entre vencedores y vencidos. En Núremberg se juzgó a los nazis, pero no a los aliados que bombardearon Dresde, Hiroshima o Nagasaki. La justificación fue que “había una diferencia moral entre agresores y defensores de la paz”, pero en la práctica se estableció un precedente. Solo los derrotados rinden cuentas. Esa lógica ha persistido y ningún tribunal internacional ha procesado a dirigentes de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China o Reino Unido, pese a evidencias de crímenes en Irak, Chechenia o Afganistán, eso sin hablar de Francia en Argelia.

El Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, dice tener jurisdicción universal, pero solo actúa donde el Consejo de Seguridad de la ONU lo autoriza o donde los Estados miembros lo permiten. Eso significa que la política internacional decide cuándo hay justicia y cuándo no. Por ejemplo: Se juzga a líderes africanos de Sudán, Uganda, República Centroafricana, pero ningún líder occidental ha sido procesado. Los crímenes de la OTAN en Yugoslavia o de Israel en Palestina quedan fuera por razones diplomáticas. Ahí hay un gran problema.

Muchos tribunales especiales, como el de Ruanda o el de la ex Yugoslavia, se crearon después de los hechos, con normas ad hoc, lo que plantea un problema jurídico clásico: “Nullum crimen, nulla poena sine lege” (no hay crimen ni pena sin ley previa).

Los tribunales internacionales suelen argumentar que juzgan delitos “ya reconocidos por el derecho consuetudinario”, pero en realidad definen sus competencias sobre la marcha, y eso debilita el principio de legalidad. Además, su oportunidad suele coincidir con el interés político del momento: cuando conviene “sanear” una región, se hace justicia; cuando no, se archiva el expediente.

Y desde aquí retomo el hilo de los golpes de estado y del derecho internacional. Pasemos a discutir el propio concepto de legalidad. La legalidad, cuando se habla del poder en un Estado, es mucho más que el simple cumplimiento de leyes escritas; es una idea que se encuentra en el cruce entre filosofía política y derecho, y que define la legitimidad misma del poder. Podríamos entenderla desde tres planos que se entrelazan, el filosófico, el jurídico y el político.

Desde los orígenes de la filosofía política, la pregunta esencial ha sido: ¿qué hace que el poder sea legítimo? En sí, el poder existe siempre, sea por la fuerza, por la costumbre o por el consenso, pero no todo poder es justo.

La legalidad surge precisamente como una respuesta racional a la arbitrariedad. Ya en Sócrates aparece la idea de que las leyes son expresión de la razón común y no del capricho del gobernante. Platón, sin embargo, desconfía de la ley escrita porque no se adapta a cada caso, pero acepta que sin ley el poder degenera en tiranía. En la Política, Aristóteles distingue entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres. Dice que cuando las leyes gobiernan, el régimen es justo; cuando gobiernan los hombres, surge la arbitrariedad y por eso afirma: “La ley es razón sin pasión”. La legalidad, en este sentido, es la forma racional del poder: lo que somete incluso al gobernante a una norma superior. Todo esto, en teoría, claro está.

Durante siglos, la legitimidad del poder se apoyó en el derecho natural, una idea que proviene del estoicismo y se consolida con el cristianismo. Según esa visión, existen principios universales como justicia, bien común, dignidad humana, que están por encima de las leyes positivas. El gobernante debía respetarlos; si los violaba, su poder se convertía en tiranía.

Con pensadores como Hobbes, Locke o Rousseau, el poder deja de ser divino y pasa a ser resultado de un pacto social. La legalidad se convierte en el vínculo entre el ciudadano y el Estado, la expresión del contrato mediante el cual los individuos ceden parte de su libertad a cambio de seguridad y orden. Para Hobbes, la ley es la voluntad del soberano, pero aceptada por los súbditos como condición de la paz. Para Locke, la ley es el límite del poder: el gobernante sólo puede hacer lo que la ley le permite.

Rousseau, sin embargo, explica que la ley es la expresión de la voluntad general: lo que el pueblo dicta en nombre de todos. Aquí nace la idea moderna de Estado de Derecho, el Rechtsstaat, en el pensamiento alemán del siglo XIX: el poder no es legítimo por el hecho de imponerse, sino porque se somete a reglas generales y previsibles.

En la práctica jurídica contemporánea, el principio de legalidad tiene dos sentidos, uno para los ciudadanos y otro para el estado. Para los ciudadanos supone que nadie puede ser castigado, detenido o limitado en su libertad si no hay una ley previa que lo disponga, lo que debería proteger frente al poder arbitrario. Para el Estado significa que ninguna autoridad puede actuar fuera de la ley; el poder debe fundarse y ejercerse dentro del marco jurídico establecido.

Es decir: el poder no crea la legalidad, sino que la legalidad crea el poder. El gobernante no es dueño del derecho, sino su primer servidor. Por eso, cuando un régimen rompe ese principio, cuando gobierna por decreto, o cuando la ley se convierte en instrumento de la voluntad del líder, deja de ser un Estado de Derecho y se transforma en un poder de facto, aunque conserve el nombre de “gobierno legal”.

El problema filosófico es que la legalidad no es lo mismo que la legitimidad. Aquí está la gran tensión. Una dictadura puede tener leyes y tribunales, y sin embargo ser ilegítima. La legalidad es obediencia a la norma; la legitimidad, obediencia a la justicia. Hans Kelsen, padre del positivismo jurídico, diría que la validez del poder depende sólo de su conformidad con el orden jurídico. Pero filósofos como Gustav Radbruch, después del nazismo, añadieron un límite: “Cuando la ley se vuelve intolerablemente injusta, deja de ser derecho”. Es decir: hay un punto donde la legalidad pierde su sentido moral y se convierte en simulacro.

Llegados aquí, partiendo de lo que nosotros consideramos justo y legal, podemos tratar de analizar hasta que punto un golpe de estado puede estar motivado como un recurso para la justicia, desde una visión racional de los derechos humanos.

La democracia se sostiene sobre la base de leyes, instituciones y procedimientos que buscan garantizar la igualdad, la libertad y la deliberación pacífica. La legalidad no es solo un conjunto de normas: es un pacto moral y político que permite que los conflictos se resuelvan sin recurrir a la violencia, y que la justicia no dependa de la fuerza, sino del derecho.

Sin embargo, la historia está llena de momentos en que quienes se sienten privados de justicia o amenazados por la ineficacia de las instituciones, han recurrido al golpe de Estado como un atajo para imponer lo que consideran legítimo. En esos casos, la violencia se justifica a sí misma en nombre de un bien mayor, aunque socave la propia legitimidad de la ley y de la democracia.

En España, el 18 de julio de 1936, un sector del ejército se sublevó contra la Segunda República. Los golpistas, encabezados por Francisco Franco, justificaron su acción como una defensa del orden, de la religión y de la nación frente a lo que llamaban “el caos y la amenaza comunista”. El resultado fue una guerra civil devastadora que duró tres años, seguida de una dictadura de casi cuarenta años. La supuesta justicia que buscaban los sublevados se construyó mediante la represión sistemática, la eliminación de adversarios políticos y la suspensión de la ley; la violencia se convirtió en norma, y la democracia quedó aplastada bajo la sombra del autoritarismo.

Augusto Pinochet en Chile, por ejemplo, actuó bajo el pretexto de salvar el país de un peligro político y económico, pero en realidad instauró un régimen que violó sistemáticamente los derechos humanos y suspendió las garantías fundamentales. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas, encabezadas por Augusto Pinochet, derrocaron al gobierno democrático de Salvador Allende, el primer presidente marxista elegido democráticamente en América Latina. El golpe se justificó oficialmente como un acto para “salvar a la patria” del caos económico, la amenaza comunista y la supuesta ineficacia del gobierno en mantener el orden. En realidad, el golpe suspendió todas las garantías constitucionales, disolvió el Congreso, clausuró los partidos políticos y estableció un régimen autoritario que duraría hasta 1990. Durante este período. Miles de personas fueron asesinadas, torturadas o desaparecidas por motivos políticos. Se instauró un sistema de censura de prensa y control ideológico y se implementaron políticas económicas radicales inspiradas en el neoliberalismo, con apoyo de asesores extranjeros, especialmente estadounidenses.

En Argentina, el golpe del 24 de marzo de 1976 derrocó a Isabel Perón y dio inicio a la dictadura militar conocida como el Proceso de Reorganización Nacional. Los militares justificaron su acción afirmando que buscaban restaurar la “seguridad y el orden” frente al terrorismo y la crisis económica. Pero lo que se impuso fue un régimen de desapariciones, torturas y asesinatos sistemáticos, donde la justicia quedó subordinada al miedo y la ley fue un instrumento al servicio del poder. Las décadas siguientes han mostrado que el daño causado por esos golpes no se limita al período inmediato: la sociedad entera sufrió una fractura moral y política que todavía resuena.

La paradoja es evidente: el golpe de Estado busca restaurar o imponer justicia, pero lo hace a costa de los principios que hacen posible la justicia duradera. No hay democracia verdadera donde la ley pueda ser ignorada sin consecuencias, y no hay legalidad real cuando la fuerza se convierte en árbitro supremo. La historia demuestra que estas soluciones violentas son siempre efímeras y dejan una herida profunda en la sociedad.

Pero, Xavier nos recuerda que hay otro tipo de “golpes de estado” difíciles de definir, cuando se trata de sociedades que no han seguido las mismas pautas de desarrollo que las occidentales. El se basa en su experiencia en Sao Tomé y nos dice: “Yo he vivido en directo y en primera fila un golpe de estado y otros dos pronunciamientos en São Tomé. Un dia tendré que escribir sobre ello. Todos fueron incruentos. Una de las cosas que quiero hacer cuando vuelva a São Tomé es un relato de los hechos con los protagonistas. Uno incluso me quiso contratar en su momento para que le escribiera la historia. Pero era en caliente… Tengo que recuperar mis apuntes y algunas fotos.” – El 16 de julio de 2003, un grupo de militares liderados por el mayor Fernando Pereira intentó derrocar al gobierno del presidente Fradique de Menezes, quien en ese momento se encontraba fuera del país. Los golpistas, asociados al Frente Demócrata Cristiano, un partido sin representación parlamentaria, alegaron que su acción buscaba detener la pobreza en la región. Aprovechando la ausencia del presidente, detuvieron a varios miembros del gobierno y se autoproclamaron la Junta de Salvación Nacional. Sin embargo, el golpe fue revertido sin derramamiento de sangre gracias a la mediación internacional, incluyendo la intervención de Estados Unidos. El presidente Menezes regresó al país el 23 de julio y firmó un acuerdo con Pereira para restaurar la democracia y el orden constitucional.

Hace muy poco, concretamente el 25 de noviembre de 2022, un grupo de individuos intentó tomar el control del cuartel general del ejército en la capital, Santo Tomé. Entre los arrestados se encontraba Delfim Neves, expresidente de la Asamblea Nacional y excandidato presidencial, así como Arlécio Costa, un exmilitar involucrado en el golpe de 2003. El primer ministro Patrice Trovoada confirmó que el intento fue frustrado sin víctimas mortales, aunque se reportó un militar herido. La situación fue rápidamente controlada por las fuerzas armadas del país. Yo espero con impaciencia el libro de Xavier.

Julios Cesar, Cromwell, Napoleón Bonaparte, Riego, Garibaldi, Luis Napoleón Bonaparte, Emiliano Zapata, Lenin, Kemal Atatürk, Getúlio Vargas, Gamal Abdel Nasser, Fidel Castro, Revolución de los Claveles, Daniel Ortega, Hugo Chávez… La lista se puede hacer muy larga pero la historia no juzga los golpes de Estado de manera uniforme, porque no existe un tribunal eterno que pese con balanza justa cada acción. Cada golpe es interpretado a través de los ojos de quienes sobreviven, de quienes escriben y de quienes reflexionan siglos después. La valoración depende de la mezcla sutil entre contexto, consecuencias, motivaciones y narrativa.

Julio César cruzó el Rubicón en un momento en que Roma estaba enferma de corrupción y paralizada por la aristocracia. Para algunos, su golpe fue un acto de eficacia, un intento de restaurar el orden donde la República ya no podía sostenerse por sí misma. Para otros, como Cicerón y Tito Livio, fue la traición a siglos de libertad; la legalidad había sido violada y la tiranía asomaba tras la victoria. La historia, con el tiempo, ha oscilado entre admirar la audacia y condenar la ruptura de la República, mostrando que el juicio depende de la perspectiva sobre la legitimidad de las instituciones y la necesidad del acto.

Siglos después, en América Latina, los golpes de Pinochet en Chile y los militares argentinos siguen ofreciendo un espejo de la misma paradoja. El pretexto de proteger el orden o la seguridad se convirtió en un medio para aplastar la democracia, silenciar la voz de la ciudadanía y perpetuar el terror. La historia los juzga hoy con condena casi unánime, porque sus consecuencias fueron evidentes: represión, desapariciones y un Estado al servicio del miedo. La justicia formal y la legalidad quedaron subordinadas a la ambición de poder y a los temores de la Guerra Fría.

En contraste, Emiliano Zapata ofrece otra lección. Su “golpe” fue un golpe social, una acción directa para corregir la injusticia de un Estado incapaz de garantizar derechos básicos. Su objetivo no era el poder central, sino restituir la tierra y la dignidad de los campesinos. Por eso, aunque formalmente ilegal, su acción ha sido recordada con respeto y admiración por quienes valoran la justicia más que la forma. La historia reconoce su legitimidad moral, aunque nunca la legal, y lo sitúa como un ejemplo de que la eficacia y la justicia pueden coincidir, aunque sea fuera de la ley. Por medio de mi amigo Åke von Schüssler, mi jefe en mi primer puesto de trabajo como profesor de idiomas en Helsingborg en los años 70, que conoció y tuvo amistad con la viuda de Emiliano Zapata en Méjico, he llegado a comprender muchas cosas sobre esa revolución. El otro día, mi hijo venía de una visita a el museo de los bocetos de Lund, donde se muestran bocetos de Diego Ribera, el muralista mejicano de la historia y la justicia social, y venía con ganas de conversar al respecto, y yo, naturalmente, encantado de poder hablar de Zapata y su revolución.

Volviendo a la cuestión de los golpes de estado, la historia los juzga según varios criterios entrelazados: el contexto político y social, la ruptura o preservación de la legalidad, la motivación de los actores, las consecuencias para la sociedad y la manera en que los hechos son registrados y narrados. Un golpe puede ser visto como restaurador, heroico o necesario en un momento, y luego, con la distancia del tiempo, como el inicio de la tiranía o de la opresión. Sería el caso de Fidel Castro, Daniel Ortega y Hugo Chávez, golpes de estado que han derivado en dictaduras larguísimas con consecuencias devastadoras para sus pueblos.

En última instancia, cada golpe es una paradoja,  un acto que busca imponer orden o justicia, pero que arriesga destruir los fundamentos mismos que permiten la legalidad y la libertad. La historia, paciente y reflexiva, nos enseña que la legitimidad de un acto no depende solo de su eficacia inmediata, sino de cómo sus efectos transforman la sociedad, la democracia y la memoria colectiva. Y así, cada Rubicón cruzado, cada insurgencia campesina, cada golpe militar, es medido por las generaciones que vienen, con una balanza que combina hechos, ética y consecuencias.