Todos recordamos seguramente aquel anuncio de Spain is different, el eslogan que nació hacia 1960, ideado por el Ministerio de Información y Turismo durante el mandato de Manuel Fraga Iribarne. España estaba entonces saliendo de su aislamiento internacional y buscaba atraer turistas extranjeros, especialmente del norte de Europa. El mensaje era simple pero calculado: España es diferente, exótica, soleada, llena de tradiciones, toros, flamenco, playas y hospitalidad. Una especie de paraíso mediterráneo barato y alegre, ideal para el visitante extranjero que buscaba escapar del frío y de la rutina industrial del norte.

El lema apareció en carteles, folletos, anuncios de prensa, películas promocionales y ferias internacionales de turismo. Mostraba imágenes de playas de arena dorada, fiestas populares, trajes regionales, monumentos y mujeres sonrientes. Era una imagen amable y colorida de un país aún bajo una dictadura, donde se intentaba ocultar la censura, la pobreza y la represión política. La campaña tuvo gran éxito: millones de turistas llegaron, y el turismo se convirtió en una fuente esencial de ingresos para la economía española de los 60 y 70. Pero también generó una doble imagen del país: por un lado, la España moderna y acogedora; por otro, la España pintoresca y atrasada que servía como escaparate.

Con el tiempo, “Spain is different” se convirtió en una expresión ambivalente, símbolo del orgullo nacional para unos y de la autocaricatura turística para otros. Hoy se usa a menudo con ironía, para comentar cualquier rasgo peculiar, caótico o contradictorio de la vida española.

Yo, desde mi perspectiva sueca, me doy cuenta de que aquí también se ha ido formando la idea de una cultura sueca diferente a las demás. Normalmente, la palabra “diferente” se usa en forma positiva, refiriéndose a una supuesta superioridad, diferente como “mejor” en todos los aspectos. Como conocemos bien el eslogan español y a lo que se refería, que podríamos decir se trata de la calidad de vida, explicaré las peculiaridades de Suecia en cuanto a la propia imagen que de su nación, su sistema y su idiosincrasia.

Si le preguntamos a un sueco que nos diga algo verdaderamente sueco, nos dirá, seguramente “Allemansrätten”, el derecho de acceso público a la naturaleza, que es una de las instituciones más queridas y singulares de la cultura sueca, y dice mucho sobre la relación entre los suecos y su entorno natural. El allemansrätten es el derecho de toda persona a moverse libremente por la naturaleza, incluso por terrenos privados, con la condición de no causar daño ni molestias. Su lema tradicional resume perfectamente su espíritu: “Inte störa, inte förstöra”  (No molestar, no destruir).

Este derecho no está ligado a la propiedad, sino a la libertad individual y la responsabilidad colectiva. Permite caminar, acampar, recoger bayas, hongos y flores, bañarse o remar en lagos y ríos, montar en bicicleta o esquiar, siempre que se respeten las reglas básicas del cuidado y la consideración hacia la naturaleza y los propietarios. El allemansrätten tiene raíces muy antiguas, que se remontan a la época medieval y a las costumbres rurales del norte de Europa. En un país de grandes extensiones de bosque y baja densidad de población, era natural que la gente necesitara moverse por tierras ajenas para cazar, pescar o viajar. No fue una ley escrita hasta 1994, sino una costumbre consuetudinaria, que se mantuvo viva por siglos y que finalmente se reconoció en la legislación moderna. En la Constitución sueca de 1994, la incorporó explícitamente como un principio fundamental, un derecho de todos los habitantes y visitantes del país.

Todo, naturalmente, dentro de unos límites. El allemansrätten no significa que uno pueda hacer cualquier cosa. Por ejemplo, no se puede entrar en jardines, zonas cultivadas o muy cerca de viviendas. Tampoco se permite causar daños a la flora, fauna ni dejar basura. Está permitido acampar por una o dos noches en lugares discretos y está prohibido encender fuego si hay riesgo de incendio. Es, en esencia, un equilibrio entre libertad y respeto, una ética más que una ley, y forma parte de la educación cívica sueca desde la infancia.

El allemansrätten es casi un símbolo nacional, porque representa la igualdad ante la naturaleza, la confianza social y la idea de que la tierra pertenece a todos. En un mundo cada vez más privatizado, este derecho parece casi utópico, un recordatorio de que la libertad solo tiene sentido cuando va acompañada de responsabilidad.

Suecia también es diferente en su sistema político, pies es una democracia que se mantiene sin una constitución al estilo inglés o español. En lugar de una constitución detallada, hay cuatro leyes fundamentales, a saber: “Regeringsformen” (La Forma de Gobierno, revisada el 1974) es la más importante y define cómo se elige el Parlamento (Riksdagen), las funciones del Gobierno, del primer ministro y de la Corona, así como los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Es, por así decirlo, el “corazón” de la Constitución sueca. La segunda es “Successionsordningen” (El Acta de Sucesión, 1810) que regula la monarquía hereditaria, es decir, quién puede ser rey o reina de Suecia. Desde 1980, el trono pasa al primogénito sin importar el sexo. La tercera ley fundamental es “Tryckfrihetsförordningen” (La Ley de Libertad de Prensa, 1949) que protege la libertad de prensa, el acceso público a los documentos oficiales (offentlighetsprincipen), y prohíbe la censura previa. Es una de las leyes de libertad de expresión más antiguas del mundo, pues su origen se remonta a 1766. Por último “Yttrandefrihetsgrundlagen” (La Ley Fundamental sobre la Libertad de Expresión, 1991) que amplía la protección de la libertad de expresión a otros medios además de la prensa: radio, televisión e internet.

Suecia no tiene un tribunal constitucional como en muchos otros países. En lugar de eso, confía en la transparencia, la legalidad y el control parlamentario como mecanismos de equilibrio. Es un sistema que refleja la cultura política sueca: confianza social, estabilidad institucional y pragmatismo democrático. Pero este sistema tiene sus detractores, sobre todo entre los que temen que pueda constituir un peligro para la propia democracia. El sistema sueco, y en particular la Yttrandefrihetsgrundlagen (Ley Fundamental sobre la Libertad de Expresión), ha sido objeto de debate y críticas, aunque es una de las leyes más amplias y protectoras de la libertad de expresión en el mundo, también genera controversias precisamente por los límites difusos que establece y por la forma en que se aplica en la era digital.

La ley garantiza una libertad de expresión extremadamente amplia, lo que en principio es admirable, pero también ha abierto la puerta a conflictos cuando se trata de discursos de odio, racismo o desinformación. Muchos críticos sostienen que la protección a la libertad individual en Suecia a veces deja desprotegidos a los grupos vulnerables, porque las sanciones por incitación al odio son difíciles de aplicar y los procesos judiciales son lentos y complejos. Por ejemplo, hay casos en que se ha permitido la publicación de contenidos ofensivos o negacionistas bajo el amparo de la “libertad de expresión”, generando un dilema entre el derecho a expresarse y el deber de proteger la dignidad humana.

La ley fue concebida en una época anterior a internet. Protege expresamente los medios clásicos, prensa, radio, televisión, pero no cubre automáticamente las redes sociales ni los foros digitales, a menos que tengan un “editor responsable” registrado. Esto crea una especie de doble estándar: los medios tradicionales están sujetos a reglas claras y supervisión, mientras que en internet reina el anonimato y la impunidad. En Suecia, la libertad de expresión está asociada a una fuerte responsabilidad del editor, no del autor individual. Eso tiene sentido para periódicos o radios, pero en el entorno digital, ¿quién es el “editor responsable” de una publicación en redes? Esa ambigüedad jurídica ha sido criticada tanto por quienes quieren más control como por quienes temen la censura.

Otra crítica frecuente es que el sistema es muy lento para procesar delitos de expresión, como amenazas, acoso o difamación, sobre todo en redes. Los fiscales se abstienen de actuar porque las leyes son complejas y la carga de prueba elevada. En consecuencia, la impunidad es alta y eso alimenta el acoso, especialmente contra las mujeres en la vida pública, como en los casos recientes de Annie Lööf o Anna Karin Hatt, del que yo hablaba ayer.

La offentlighetsprincipen (principio de acceso público a los documentos) está profundamente vinculada a la libertad de expresión, pero en tiempos de redes y bases de datos digitales genera conflictos con el derecho a la intimidad. En Suecia, basta con entrar el nombre y apellido de una persona en un buscador de Internet y se puede sacar toda la información profesional, económica, penal, etc de esa persona. Es un sistema único en el mundo. Los críticos advierten que el equilibrio entre “luz y sombra” se ha desplazado, y que el ideal sueco de transparencia absoluta puede volverse problemático cuando la información circula sin control ni contexto. La Yttrandefrihetsgrundlagen representa uno de los mayores orgullos de la democracia sueca, pero también uno de sus mayores desafíos contemporáneos. Defiende un ideal altísimo de libertad, pero lo hace en un mundo donde la frontera entre expresión y agresión, entre opinión y odio, se ha vuelto borrosa.

La tercera peculiaridad sueca que quiero explicar trata del poder judicial y de la administración de justicia. En concreto la figura del “nämndeman”, muy característica del sistema judicial sueco: se trata de un juez lego, es decir, una persona sin formación jurídica profesional que participa en los juicios junto con jueces profesionales en los tribunales de primera instancia (tingsrätt) y en las cortes de apelación (hovrätt). Estos jueces legos son designados por los partidos políticos municipales, y participan junto a jueces profesionales en los juicios, con voz y voto en las decisiones sobre culpabilidad y sentencia. En teoría, representan la mirada del ciudadano común dentro del sistema judicial, aportando una dimensión social y humana a las decisiones. En los tribunales de primera instancia son tres nämndemän y un juez de oficio, lo que hace que, si los tres legos votan en contra del juez, la sentencia queda basada en su veredicto. En el tribunal de apelación son dos legos y tres de oficio, por lo que sería más difícil en teoría que los legos puedan imponer su veredicto.

La figura del nämndemän forma parte de una larga tradición sueca de participación ciudadana en la administración de justicia. Se remonta a la Edad Media, cuando las comunidades rurales elegían a hombres respetados, los “nämndemän”, para resolver disputas locales junto con un juez profesional. Era una forma temprana de democracia judicial, donde el pueblo participaba directamente en la aplicación de la ley. El sistema plantea tensiones y contradicciones modernas. Por un lado, encarna un ideal profundamente sueco: la confianza en la razón colectiva, la horizontalidad, la participación. Pero por otro, la designación política de los nämndemän introduce un elemento de partidismo que muchos consideran problemático. Hay casos en los que los nämndemän han votado según sus convicciones políticas o morales más que según la prueba jurídica, generando controversia. Hay estudios que incluso muestran diferencias significativas en las sentencias según la afiliación partidaria de los legos.

A esto se suma que el papel de los nämndemän es cada vez más simbólico en casos técnicos o complejos, donde el peso real recae en el juez profesional. La mayoría de los suecos defienden mantener el sistema como expresión de la democracia participativa, mientras otros piensan que ha perdido su sentido original y debería reformarse para garantizar mayor independencia y competencia. En el fondo, el debate sobre los nämndemän refleja una cuestión más profunda sobre la confianza depositamos en la sabiduría colectiva frente a la técnica jurídica.  Suecia, fiel a su tradición igualitaria, sigue apostando por la primera. Pero quizá haya llegado el momento de repensar cómo combinar participación ciudadana con rigor judicial sin que la justicia se incline por simpatías políticas ni por tecnicismos fríos. El problema, a mi entender, radica en que son los partidos políticos los que nombran a sus jueces legos y también, hay que decirlo, que en su mayoría no representan al sueco medio, ya que su media de edad está cerca de la edad de jubilación, pasando de los 64 años. Por tanto, hay un sesgo de edad importante, que necesariamente tiene que ir en detrimento de la imparcialidad de los jueces.

España era diferente en los 60 y posiblemente, de alguna forma, sigue siéndolo. A mí me encanta explicar a mis amigos suecos las peculiaridades que me parece seguir encontrando en la España de nuestros días. España conserva aún una relación relajada, casi anárquica, con el tiempo. Las comidas largas, las sobremesas infinitas, los horarios tardíos, las fiestas que duran días, todo eso sigue siendo una forma de resistencia frente a la prisa global. No es solo cuestión de clima, sino de cultura del encuentro, de la importancia del cara a cara, del “ya veremos” frente al exceso de planificación. En un mundo hiperproductivo, España sigue defendiendo, consciente o no, una idea humanista del tiempo. Me he dado cuenta de esto cada vez que he tenido algún proyecto con una institución española.

En cuanto al equilibrio entre la modernidad y la tradición, España es un país tecnológicamente avanzado, europeo y cosmopolita, pero al mismo tiempo conserva una estructura social y mental profundamente tradicional. Conviven juntos el Silicon Valley y la romería, la universidad puntera y la superstición, el feminismo militante y el patriarcado cotidiano. Esa fricción entre modernidad y herencia crea un dinamismo particular, pero también muchos de sus conflictos políticos y culturales.

No podemos olvidar el peso que la historia tiene en lo cotidiano. Pocos países europeos viven con tanta intensidad la presencia de su pasado. La Guerra Civil, la dictadura, la Transición, la memoria histórica: todo sigue ahí, latiendo bajo la superficie. No hemos terminado de hacer las paces con nuestra historia, y esa falta de cierre nos hace diferentes: el pasado se cuela constantemente en el presente, en el discurso político, en la educación, en la identidad colectiva.

Además, tengamos presente que España no es una, sino muchas Españas unidas en la diversidad. Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía… cada región guarda una identidad fuerte y a veces contradictoria con la nacional. Esa diversidad cultural y lingüística, lejos de ser una debilidad, es para mí lo que hace a España irrepetible, pero también explica su permanente tensión, la unidad la vivimos más como un pacto que como un sentimiento natural. A pesar de las diferencias, España mantiene una capacidad extraordinaria de convivencia social. La gente discute, protesta, ironiza, pero en la vida diaria prevalece el humor, la cercanía, la improvisación, el ingenio. Hay un sentido de comunidad espontáneo, visible en las plazas, los bares, las fiestas populares. La calle sigue siendo el gran escenario español, y eso la distingue de los países más reservados del norte. También sacamos a la calle cualquier expresión política, porque somos profundamente críticos con la autoridad. Desconfíanos del poder, del político, del empresario, del juez. Pero al mismo tiempo, esperamos mucho del Estado, casi como si fuera un padre protector, envidiamos al estado providencia nórdico, que también criticamos. Esa contradicción entre rebeldía y dependencia política atraviesa toda la historia española, desde los comuneros hasta hoy.

España sigue siendo diferente porque no ha renunciado del todo a su humanidad imperfecta, a su mezcla de razón y pasión, de tragedia y fiesta, de solemnidad y risa. En un continente que tiende a la homogeneidad, España conserva algo irreductible, algo que no se deja medir en PIB ni en índices de eficiencia, algo que muchos envidian, una forma de estar en el mundo donde la emoción, la palabra y la calle siguen siendo soberanas. Suecia sigue siendo diferente porque, a pesar de la globalización, conserva una ética cívica casi invisible pero muy profunda, tejida en siglos de confianza institucional, discreción y sentido de la medida. Aquí, las normas no se imponen, se asumen. No hace falta un policía en cada esquina, porque la mayoría actúa como si lo hubiera dentro de sí. Esa autodisciplina social, tan elogiada como incomprendida desde fuera, es el hilo que ha sostenido al país durante generaciones. Durante mucho tiempo, esa confianza fue la base de un pacto por el cual el Estado cuidaba de todos y todos confiaban en el Estado. La Folkhemmet, la “casa del pueblo”, era más que una metáfora, era una idea moral. Y aunque ese modelo se ha resquebrajado, con el individualismo, la inmigración, la polarización política y la fragmentación social, aún sobrevive en gestos cotidianos como la puntualidad, la modestia, el respeto al turno, el silencio cargado de significado. Viviendo como yo entre estas dos identidades diferentes, nada me extraña.