Durante el siglo XIX, Suecia seguía siendo una monarquía constitucional con un sistema político limitado, dominado por la nobleza, el clero y los grandes propietarios rurales. La representación estaba organizada en las llamadas cámaras estamentales (ståndsriksdagar), y el sufragio era restringido, ya que solo una pequeña parte de la población masculina tenía derecho a voto, dependiendo de su nivel de renta.

En ese contexto surge el liberalismo sueco como un movimiento de transformación social y política. No era un bloque homogéneo, pero compartía una idea central, la necesidad de modernizar el Estado y abrir la participación política al conjunto de la ciudadanía. Los liberales, desde figuras como Lars Johan Hierta, fundador del diario Aftonbladet y defensor de la libertad de prensa, hasta Karl Staaff, Erik Gustaf Boström o Nils Edén, lucharon por una serie de reformas que definieron la Suecia democrática moderna.

Libertad de prensa y de opinión.

Ya desde mediados del siglo XIX, los liberales defendieron una prensa libre como pilar de la responsabilidad pública. La ley de libertad de prensa, aunque tiene raíces anteriores, fue consolidada y protegida por la acción liberal. El liberalismo impulsó también la escuela pública laica y gratuita, viendo en la educación el instrumento esencial para una ciudadanía capaz de ejercer derechos políticos. El siguiente gran paso fue la lucha por el sufragio universal masculino que se consiguió en 1909, y luego, de la mano de las liberales feministas aliadas con el movimiento obrero, el sufragio femenino en 1921., siendo así sufragio universal. Aquí los liberales fueron absolutamente decisivos, durante el gobierno de Karl Staaff del Partido Liberal para impulsar la democratización del sistema electoral y con Nils Edén, también liberal, fue quien lideró el gobierno de coalición que aprobó el voto femenino.

En cuanto a la cuestión constitucional, el monarca conservaba aún un papel político real, hasta la crisis constitucional de 1917, cuando el rey Gustavo V intentó imponer su propio gobierno. Esta crisis se resolvió con la victoria de los liberales y socialdemócratas, quienes establecieron el principio de que el gobierno debe contar con el apoyo del parlamento (Riksdag), no del monarca. El que se llegase a una solución pactada dependió en gran parte de la situación política internacional del momento. A comienzos de 1917, Suecia estaba viviendo tensiones sociales muy fuertes. La primera guerra mundial había traído escasez de alimentos, inflación y descontento popular. Aunque el país se mantuvo neutral, el hambre y la desigualdad crecían. Al mismo tiempo, el sistema político seguía anclado en una monarquía donde el rey Gustavo V aún intentaba ejercer poder político real, apoyándose en los sectores conservadores y militares.

El detonante vino en febrero-marzo, cuando en Rusia estalló la Revolución de Febrero, el zar Nicolás II abdicó, y se instauró un gobierno provisional. En Suecia, la noticia corrió como pólvora. Las protestas obreras, las huelgas y las manifestaciones se multiplicaron. Los liberales y los socialdemócratas, que ya colaboraban en el Parlamento, vieron en esa coyuntura una advertencia y una oportunidad. Por un lado, los conservadores y el rey temían que Suecia pudiera seguir el mismo camino que Rusia si no se reformaba el sistema. El espectro de la revolución estaba muy presente, porque las huelgas, los mítines multitudinarios, la radicalización del movimiento obrero, todo recordaba lo que había pasado en Petrogrado.

Por otro lado, los liberales y socialdemócratas comprendieron que había llegado el momento de forzar el cambio, o se aceptaba la parlamentarización del régimen con un gobierno responsable ante el Riksdag, o el país podría caer en una crisis revolucionaria. En otoño de 1917, el rey intentó nombrar un gobierno conservador sin el apoyo del Parlamento. El resultado fue un fracaso total. El gabinete designado por el rey no obtuvo mayoría, y el monarca se vio obligado, por primera vez, a reconocer el principio parlamentario y encargar el gobierno al liberal Nils Edén, que formó coalición con los socialdemócratas de Hjalmar Branting. Ese fue el punto de inflexión definitivo: a partir de entonces, el monarca dejó de intervenir activamente en política. La monarquía sueca se consolidó como constitucional de facto, aunque en teoría ya lo era desde hacía décadas. Todo eso es historia y, desgraciadamente, parece que muchos hemos olvidado la historia de la implementación de la democracia.

En 1917, cuando Suecia pasó de una monarquía semiautocrática a una monarquía plenamente parlamentaria, la transición se hizo sin ruptura formal. A diferencia de otros países donde una revolución o una nueva república impuso una nueva constitución, como en Francia o Rusia, Suecia optó por la vía evolutiva, no revolucionaria. La constitución vigente entonces era la Instrucción de gobierno (Regeringsformen) de 1809, que ya había limitado el poder del rey tras el golpe contra Gustavo IV Adolfo. Esa ley fundamental establecía un equilibrio entre el monarca y el Parlamento, pero no un sistema parlamentario moderno. En 1917, en lugar de derogar esa constitución, se reinterpretó políticamente: el rey conservaría sus prerrogativas sobre el papel, pero en la práctica solo gobernaría quien obtuviera la mayoría parlamentaria. Fue una decisión pragmática, típicamente sueca. Se consideró que no hacía falta una nueva constitución si bastaba con cambiar la práctica política. Era una revolución silenciosa, sin violencia, sin asambleas constituyentes, sin nuevos textos.

Suecia sigue esa misma lógica de confianza institucional y flexibilidad aún hoy. No hay una Constitución rígida como la española o la estadounidense. En su lugar existen cuatro leyes fundamentales: La disposición sobre la formación de gobierno (Regeringsformen), el Acta de sucesión (Successionsordningen), Ley de Libertad de Prensa (Tryckfrihetsförordningen) y la Ley de Libertad de Expresión (Yttrandefrihetslagen). Para cambiar cualquiera de ellas no hace falta una mayoría cualificada ni referéndum, sino simplemente dos votaciones en el Riksdag, separadas por unas elecciones generales. Eso significa que una mayoría parlamentaria sostenida durante un solo mandato puede reformar una ley fundamental.

Este mecanismo tiene una raíz cultural ya que los suecos confían en que su sistema político es estable, racional y consensual. Por tanto, no creen necesario poner candados rígidos, porque suponen que ningún partido actuará con irresponsabilidad institucional. El principio de confianza (tillit) impregna todo el sistema. Las instituciones se suponen fuertes no por sus barreras legales, sino por la cultura cívica que las sostiene. Sin embargo, en tiempos recientes, esa confianza se ha puesto en cuestión. El ascenso de partidos populistas, la polarización, los ataques a los valores liberales han hecho que muchos juristas adviertan que Suecia podría cambiar su sistema de gobierno con relativa facilidad, incluso de manera abrupta, sin necesidad de una ruptura formal. Ua flexibilidad, que antes era una virtud, empieza a verse como una vulnerabilidad.

Uno de los puntos vulnerables de la democracia sueca es precisamente la facilidad con que pueden cambiarse sus fundamentos, comparada con otras democracias constitucionales que exigen amplios consensos o consultas populares. Y es que, la democracia, cuando parece más sólida, es cuando más corre el riesgo de desmoronarse sin que nadie lo note.

Hoy no se amenaza con tanques ni golpes de Estado, sino con la erosión lenta del respeto, la desinformación, el cinismo y la indiferencia. Las democracias no mueren de un día para otro: se vacían desde dentro, cuando el diálogo se sustituye por el grito, cuando el adversario se convierte en enemigo, cuando la mentira circula más rápido que los hechos y cuando los ciudadanos dejan de creer que su participación importa.

En muchos países, incluso en los más estables como Suecia, se da por sentado que la democracia es un estado natural, algo adquirido para siempre. Pero no lo es. Es una construcción frágil que depende cada día de la confianza, de la decencia pública, del respeto a las reglas y de la capacidad de convivir con la diferencia. Defenderla ahora es más urgente que nunca, porque estamos viviendo una época de desafección política, polarización emocional y manipulación digital que socava sus cimientos invisibles.

El peligro no viene solo de los autoritarismos declarados, sino del cansancio democrático, del “todo da igual”, del “todos son iguales”. Ese desencanto abre el camino a los que ofrecen soluciones simples para problemas complejos, y que, en nombre de la eficacia, sacrifican las garantías y los derechos. Defender la democracia hoy significa proteger el espacio donde se puede disentir sin miedo, donde la verdad se busca, aunque incomode, donde la palabra pesa más que la fuerza. Es mantener viva la idea de que el poder pertenece a los ciudadanos, no a los algoritmos ni a los demagogos.

Hoy, un artículo de editorial en el diario sueco Dagens Nyheter, advierte sobre la debilidad constitucional del sistema sueco. La paradoja que pone de relieve es inquietante. Los Sverigedemokraterna (Demócratas de Suecia), un partido que aspira abiertamente a formar parte del gobierno, se oponen a reforzar las garantías constitucionales precisamente porque desean mantener la posibilidad de cambiarlas con facilidad. Es decir, se oponen a una reforma que dificultaría modificar las leyes fundamentales para poder modificarlas ellos mismos cuando lleguen al poder.

El artículo lo dice con toda claridad: “Sverigedemokraterna är emot en grundlagsförändring, för att enkelt kunna genomföra fler.” (“Los Demócratas de Suecia están en contra de una reforma constitucional porque quieren poder hacer más reformas fácilmente.”)

Y ahí está el núcleo del problema. Una democracia que confía demasiado en la prudencia de sus actores políticos, sin mecanismos de freno ni de protección constitucional fuertes, se vuelve frágil frente a quienes no comparten ese espíritu democrático. La comparación con Hungría es, además, muy pertinente. Cuando Viktor Orbán llegó al poder en 2010, utilizó exactamente esa debilidad, la posibilidad de cambiar las leyes fundamentales con mayoría simple, para desmantelar en pocos años el sistema liberal. En ese sentido, el editorial de Dagens Nyheter actúa casi como una advertencia preventiva: Suecia podría ser vulnerable al mismo tipo de deriva si no blinda mejor su estructura constitucional.

La resistencia de Jimmie Åkesson, el líder de Demócratas Suecos, a endurecer las reglas de reforma constitucional no es un tecnicismo. Es una declaración política, porque quiere que la mayoría parlamentaria pueda moldear las bases mismas del Estado sin consenso amplio. Además, su insistencia en “revisar” las leyes de libertad de expresión y prensa, y su reiterado deseo de introducir la intervención directa del gobierno en decisiones judiciales o administrativas individuales, son síntomas claros de un proyecto de concentración de poder.

Lo más grave es que el sistema sueco, en su actual forma, no tiene los cortafuegos institucionales que en otros países impedirían tales transformaciones rápidas. No existe un tribunal constitucional, no hay referendos obligatorios para enmiendas, ni una exigencia de supermayoría parlamentaria de por ejemplo dos tercios o tres quintos, como en otros países. El único freno es el tiempo entre dos votaciones y un proceso electoral. Pero si la opinión pública está polarizada y la mayoría se mantiene, el cambio puede hacerse en una legislatura. Mucho cuidado, pues, a esta oposición al cambio, que, en realidad, no es más que una oposición a blindar el sistema democrático en un momento en que este está amenazado de muerte.

LEDARE: Självklart ska oppositionen ha vetorätt i demokratin – DN.se