Sigue el frío atenazando nuestro jardín bajo un cielo azul y una luz oblicua, esa luz baja y dorada del invierno sueco. Recuerdo que hoy es la víspera de un acontecimiento especial para España y para mí. Saco de mi cajón de monedas una “rubia”, la famosa peseta y veo la cara de Francisco Franco, que decidió acuñar su efigie en todas las monedas españolas a partir de 1946. Ni Hitler ni Mussolini acuñaron sus efigies en las monedas de sus países, pero claro, ni el uno ni el otro se proclamaron “caudillos por la gracia de dios” como reza la leyenda que se puede leer en la moneda, alrededor del perfil de un hombre de 56 años con rasgos tan reconocibles que podría ser un familiar. Tan familiar que su cara me miraba desde la pared de la escuela, junto a la de José Antonio y entre los dos, un crucifijo. Imágenes en libros, bustos, estatuas ecuestres, allí donde miraba yo de pequeño, me encontraba algo que me recordaba a aquel hombre que vivía en el Pardo y que de vez en cuando se dirigía con un discurso a la nación, con una voz monótona, cansada y distante.

Ese hombre representaba en sí el drama de España, tenía una sobrina militante en el Partido Socialista Obrero Español, un hermano republicano, Ramón, muerto de forma confusa en 1938, o Ricardo de la Puente Bahamonde, primo suyo, militante republicano, al que dejó ejecutar. El drama de España no comenzó con él, ni terminó con su muerte, ahora va a hacer medio siglo. El drama es viejo y viene de antiguo. Para no alargar demasiado el análisis, que podría muy bien acerse, profundizando una docena de siglos, empezaré por la Guerra de Sucesión española (1701-1714) y la instauración de la dinastía borbónica con Felipe V. Se podría esperar que, tras la victoria de los Borbones, España adoptara un modelo de Estado inspirado en el absolutismo centralizador francés. Sin embargo, la realidad histórica obligó a los Borbones a moderar esa influencia y a desarrollar un centralismo limitado, condicionado por la heterogeneidad de los territorios que componían la Corona.

España no era un Estado homogéneo. Los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra conservaban instituciones, leyes y privilegios propios, conocidos como fueros, que estructuraban la vida política, social y económica de cada región. La imposición de un centralismo absoluto, como el practicado por Luis XIV en Francia, habría provocado un rechazo generalizado y revueltas recurrentes. En este contexto, los Borbones optaron por un centralismo parcial: los Decretos de Nueva Planta de 1707–1716 que suprimieron las Cortes y los fueros de la Corona de Aragón, pero mantuvieron ciertas prerrogativas en Navarra y el País Vasco, y respetaron parcialmente las estructuras locales en otras áreas.

A esta complejidad territorial se sumaban limitaciones administrativas y sociales. La nobleza española estaba fuertemente regionalizada, con intereses locales que debían ser conciliados; la Iglesia actuaba como mediadora entre el poder central y las comunidades; y la administración estatal carecía de la eficacia burocrática que permitiera un control absoluto desde Madrid. En consecuencia, la centralización borbónica se orientó hacia la uniformización fiscal, militar y legal donde era posible, sin eliminar completamente las diversidades regionales.

Yo no quiero decir que, de haberse impuesto el centralismo francés, España hubiese esquivado las muchas crisis que sobrevinieron tras 1714, pero sí afirmo, que gran parte de la tragedia española se deben a este fracaso del estado español a centralizarse, a unir esfuerzos y acometer la modernidad como una nación unida.

La Guerra Civil, que sin ninguna duda comenzó como una revuelta armada del ejercito que debería haber defendido la república contra enemigos exteriores, con Francisco Franco como uno de los principales responsables, no surgió de la nada, sino que fue el resultado acumulado de siglos de tensiones políticas, sociales y culturales que configuraron lo que se ha denominado la pluralidad histórica de las “Españas”. Este concepto remite a la coexistencia, a menudo conflictiva, de territorios con tradiciones, instituciones y estructuras de poder propias y diferenciadas, así como a la persistencia de desigualdades económicas y sociales que se remontan al Antiguo Régimen y más allá.

En el plano político, España heredó un sistema fragmentado y desigual. La Corona de Aragón, Navarra y el País Vasco mantenían privilegios legales y fiscales que contrastaban con la uniformidad relativa de Castilla, mientras que la centralización borbónica, parcial y pragmática, no logró eliminar completamente estas diferencias. La falta de un Estado fuerte y homogéneo fomentaba disputas recurrentes sobre autonomía, derechos regionales y distribución del poder, tensiones que reaparecerían con fuerza en la Segunda República.

Económicamente, la fragmentación territorial se acompañaba de desigualdades profundas: un norte más industrializado, con mayor alfabetización y movilidad social, contrastaba con un sur agrícola, marcado por latifundios, analfabetismo y pobreza rural. La Modernización del siglo XIX y comienzos del XX benefició principalmente a ciertas regiones urbanas y portuarias, dejando atrás vastos territorios rurales, cuya marginalidad estructural generó resentimiento y un sentido de injusticia que alimentaría los conflictos políticos del siglo XX.

Culturalmente, la diversidad de lenguas, tradiciones y religiones contribuyó a una construcción de identidades regionales fuertes y, en ocasiones, incompatibles con un proyecto nacional unitario. La educación, la Iglesia y las élites locales actuaron como mediadores de estas diferencias, pero también reforzaron la fragmentación social y política. El papel de la iglesia es especialmente importante, aunque ambiguo. Por una parte, defendiendo el uso de las lenguas “vernáculas” y por otra, siendo un instrumento de la centralización y represión.

A estas herencias se sumaron factores más inmediatos: la polarización política, la crisis económica de los años treinta, los intentos de reforma agraria y las tensiones sobre la Iglesia y la educación durante la Segunda República. Todo ello cristalizó en un escenario donde la convivencia era difícil y la violencia se veía como un recurso legítimo para dirimir diferencias. La Guerra Civil, entonces, puede entenderse como la consecuencia trágica de una España plural, desigual y conflictiva, cuya diversidad histórica nunca fue plenamente armonizada ni por los Borbones ni por los proyectos reformistas posteriores.

Trans la sangrienta guerra, Francisco Franco proclamó que su régimen tenía como objetivo unir España de manera definitiva, superar los conflictos internos y las divisiones históricas que habían marcado al país durante siglos. Sin embargo, su proyecto de unidad fue fundamentalmente militar y político, basado en la represión, la centralización autoritaria y la imposición de una identidad nacional única, centrada en Castilla y en la lengua española. “Una, grande y libre” era la consigna, que vista desde nuestra perspectiva de 2025 nos recuerda a la famosa MAGA de Trump.

Sobre el papel, lo consiguió. El castellano fue el idioma obligatorio y único (fuera de la iglesia), la subdivisión territorial en provincias, casi borró las antiguas identidades y los nobres de pila fueron castellanizados. Lo que Franco no logró fue una reconciliación real de las Españas, ni la integración de identidades regionales, tradiciones y aspiraciones locales en un proyecto común de ciudadanía, porque no existía. Existía el súbdito, no el ciudadano. Las tensiones culturales, lingüísticas y políticas permanecieron latentes, y muchas de ellas resurgieron con fuerza tras su muerte en 1975. La unidad que él proclamaba era formal y forzada; la pluralidad histórica de España, con sus regiones y diversidades, no pudo ser eliminada, lo que demuestra que la “unificación definitiva” de un país con siglos de fragmentación no podía lograrse por decreto ni por represión.

Una larga dictadura que no terminó con la muerte del dictador, pero que se disolvió como un azucarillo en agua al faltar el líder. ¿Qué tipo de dictadura fue? A esta pregunta todos pensamos, ¿mejor o peor que otras? En términos de violencia y represión, el franquismo, especialmente durante la Guerra Civil y los primeros años de posguerra, aplicó ejecuciones, encarcelamientos y depuración política de forma sistemática, y consolidó un clima de miedo que perduró décadas. No obstante, el número de víctimas directas y la extensión del genocidio sistemático fueron inferiores a los constatados en la Alemania nazi o la Unión Soviética estalinista, donde las políticas de exterminio, deportación y hambrunas forzadas provocaron millones de muertos. La dictadura de Mussolini, por su parte, compartió con Franco un autoritarismo represivo, aunque con menor capacidad de destrucción masiva.

En cuanto a control ideológico y social, el franquismo se caracterizó por un nacional-catolicismo oficial, censura, adoctrinamiento educativo y un papel central de la Iglesia en la vida pública. Sin embargo, a diferencia de los regímenes totalitarios nazi y estalinista, Franco nunca alcanzó un control absoluto sobre todos los ámbitos de la vida privada ni buscó un adoctrinamiento total de la población. Su autoritarismo era rígido, pero pragmático: permitió cierta autonomía económica y social, especialmente a partir de los años cincuenta, mientras consolidaba su hegemonía política.

Desde la perspectiva económica, el franquismo promovió un crecimiento lento al principio, seguido de un notable “milagro económico” durante las décadas de 1950 y 1960, apoyándose en inversión estatal, apertura limitada y desarrollo industrial. Esto contrasta con los modelos nazi y estalinista, donde la planificación económica y la industrialización fueron acompañadas de violencia extrema y movilización total de recursos humanos. Algunos nostálgicos dicen que “con Franco se vivía mejor” pero es gente que vivía con y del régimen o se beneficiaba de él de alguna manera.

El franquismo fue, por tanto, un régimen autoritario y represivo, con un fuerte componente ideológico y social, pero con límites claros en comparación con los totalitarismos contemporáneos más extremos. No alcanzó el nivel de violencia masiva ni de control absoluto sobre la población que caracterizó a Hitler o Stalin, y su pragmatismo económico y político lo distinguió de la rigidez totalitaria de Mussolini. Por tanto, si se analiza con criterios académicos, puede decirse que el franquismo fue “menos destructivo” en términos absolutos, aunque su impacto sobre las libertades, la cultura política y la vida social de España fue profundo y duradero.

Murió el dictador y, casi milagrosamente, la democracia fue asentándose, en primer lugar, con una constitución, y poco a poco fue implementándose en las instituciones. Cincuenta años más tarde, hemos progresado mucho, pero nos queda mucho por hacer. Entre otras cosas, debemos deshacernos de la lacra de la corrupción y debemos dejar a un lado el hábito de la confrontación a toda costa, la política de frentes. Debemos también, cuanto antes, olvidar la contienda, enterrar a los muertos de los dos bandos y construir un futuro común. Hay que dejar al dictador en el desguán de los malos recuerdos, que vaya juntando polvo, porque, cada vez que se le saca a relucir, atrae a nuevos seguidores, que se agarran a él como moscas a la mierda.

Yo, que crecí con las pesetas de Franco en los bolsillos y su efigien ante mis ojos en el aula, espero que algún día se pueda sanar la herida que ha estado supurando tanto tiempo en la piel de toro. No creo que “las Españas” se unan en una estructura centralizada, esa posibilidad se perdió en el siglo XVIII, pero sí que algún día se pueda reorganizar democráticamente una comunidad ibérica (yo cuento a Portugal en este proyecto) de entidades asociadas en forma de confederación, pues tenemos tanto en común, tanto que nos une, que sería bueno poder ser ciudadano de una confederación multicultural y multilingüistica  ibero-hispánica.