He leído un libro terrible. Lo tenía en la librería junto a otros muchos que he leído sobre las atrocidades cometidas por la Alemania nazi. La mayoría de esos libros son obras que tratan de reconstruir el ascenso del nazismo y la radicalización antisemita, las leyes de discriminación, los guetos, las deportaciones o los mecanismos políticos, administrativos y militares del genocidio. Otros libros recogen relatos personales de los campos de concentración: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek y otros, como los de Primo Levi, Elie Wiesel, Imre Kertész, que muestran el Holocausto desde dentro.

Alguno de estos libros dedica a esta aberración un análisis sociológico, filosófico y moral, buscando responder preguntas profundas del tipo de ¿Cómo pudo una sociedad moderna participar en un genocidio? ¿Cuál es la naturaleza del mal administrativo y burocrático? ¿Qué responsabilidad tiene el individuo dentro de un régimen totalitario? Figuran aquí autores como Hannah Arendt, con su reflexión sobre la “banalidad del mal”.

El objetivo común de esas obras es comprender para no olvidar, preservar la memoria de las víctimas y analizar las condiciones históricas, culturales y humanas que permitieron el genocidio. El Holocausto se estudia no solo como un hecho histórico, sino como una advertencia permanente sobre hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se deshumaniza al otro. Este libro, que he leído de un tirón entre el jueves y el viernes, se basa en setenta horas de conversación de la periodista e investigadora vienense que pasó setenta horas entrevistando a Franz Stangl, comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, preso en Alemania en los años 70. Stangl había sido uno de los principales responsables de la “Operación Reinhard”, la maquinaria que asesinó a más de dos millones de judíos en Polonia.

El libro de Sereny es, más que una biografía, es una investigación sobre lo que Arendt llamaba la banalidad del mal: cómo un hombre eficiente, un burócrata disciplinado, puede colaborar con un sistema genocida sin cuestionarlo, explorando en profundidad la obediencia, la autojustificación, las racionalizaciones, la pérdida progresiva de empatía y el poder deshumanizador de las instituciones.

El libro fue polémico porque Sereny decidió escuchar al verdugo, algo que muchos consideraron provocador. Pero ella argumenta en el libro que solo entendiendo el proceso por el cual se hace el mal se puede proteger a las sociedades futuras, algo que yo, la verdad, no estoy muy seguro de que sea así. No hay empatía sentimental hacia Stangl, pero sí una mirada profundamente humana, rigurosa y lúcida. Se trata de un hombre común y corriente. No es un monstruo ni un sádico.

El libro toca también aspectos delicados sobre el papel que jugaron instituciones de tanto peso como la iglesia católica y la protestante tras la guerra, para ocultar y ayudar a emigrar a miles de perpetradores nazis, con sangre en sus manos. En especial el Vaticano, con Pio XII a la cabeza y un ejercito de cardenales, obispos, sacerdotes y monjas estaban dispuestos a hacer posible que los verdugos rehicieran sus vidas en otros países, gracias a una tupida red de contactos con instituciones y empresas, con identidades falsas. Eichmann, Mengele y Barbie son algunos de los nombres más conocidos, pero miles más recibieron ayuda para realizar este viaje a través de diversas redes de fuga, entre ellos. Franz Stangl.  

Algunas de estas redes existían también en Suecia y ayudaban a nazis a huir a través del territorio sueco. Es probable que los fugitivos recibieran asistencia directa de representantes del Estado argentino que se encontraban en Suecia. La ayuda para escapar probablemente comenzó ya antes del final de la guerra y continuó hasta la década de 1950, como han demostrado Lars T. Larsson y Simon Olsson publicaron Flyktlina Sverige: nazisternas väg undan rättvisan (Ruta de escape Suecia: el camino de los nazis para eludir la justicia).

El libro de Sereny me hace pensar en lo relativamente fácil que puede ser para cualquier individuo traspasar los límites de la decencia, olvidar cualquier resto de humanidad, racionalizando las actuaciones más viles. No me queda duda que el humanismo al que solemos referirnos cuando defendemos los derechos humanos, es solo un barniz cultural, que no resiste una amenaza real contra nuestras vidas. La pregunta que le hace Sereny a Stangl repetidas veces es si él comprendía que podía haberse negado a tener las funciones que tuvo, como responsable de los campos de exterminio de Treblinka y Sobibor.

La respuesta que el daba una y otra vez era que él se veía como un burócrata obediente, encargado de organizar el funcionamiento de los campos, no como un asesino directo. La idea de desobedecer era impensable, porque creía que habría consecuencias graves: desde ser arrestado hasta ser ejecutado por desobediencia. Esto refleja el fenómeno que Hannah Arendt llama “la banalidad del mal”, donde personas normales cometen atrocidades simplemente cumpliendo órdenes. En realidad, hay muy pocos casos de alemanes que se negaron a participar, cunado recibieron ordenes de implementar leyes inhumanas o incluso participar en ejecuciones.

Lo terrible es que, hoy, aquí en Suecia, no estamos seguros de que la democracia persista. En Suecia, la sociedad está regulada por cuatro leyes fundamentales que son esenciales para garantizar la democracia y los principios del Estado de derecho. Para modificar una ley fundamental se requiere que el parlamento (Riksdag) apruebe una propuesta en dos decisiones consecutivas, con una elección parlamentaria entre ellas. Suecia tiene cuatro leyes fundamentales: la Ley de Gobierno (Regeringsformen), la Ley de Sucesión (Successionsordningen), la Ley de Libertad de Prensa (Tryckfrihetsförordningen) y la Ley de Libertad de Expresión (Yttrandefrihetsgrundlagen).

Hay una propuesta del gobierno para hacer más difícil cambiar las leyes fundamentales, que se presentó en 2023, por un comité constitucional compuesto parlamentariamente y unánime presentó el informe “Protección reforzada de la democracia y de la independencia judicial”. Las propuestas tienen como objetivo fortalecer la protección de las estructuras fundamentales de la democracia, haciendo más difícil la modificación de una ley fundamental y proporcionando una protección constitucional más sólida y a largo plazo para los tribunales y la independencia de los jueces.

La primera parte de la propuesta se centra en fortalecer la protección de la democracia. En esta parte se propone, entre otras cosas, que: se requiera una mayoría cualificada de al menos dos tercios de los miembros del Parlamento para aprobar la segunda votación confirmatoria, y el Consejo Legislativo (Lagrådet) en el futuro se pronuncie sobre todas las propuestas de enmienda constitucional que afecten los derechos y libertades individuales, incluyendo aquellos protegidos en la Ley Fundamental del Gobierno.

La segunda parte de la propuesta trata de fortalecer la independencia judicial. Esta parte es extensa e incluye, entre otras cosas: la introducción de una disposición específica en la Ley Fundamental del Gobierno que establezca que los tribunales son independientes, que la autoridad responsable de la administración central de los tribunales, actualmente el Domstolsverket, tenga una posición más autónoma frente al gobierno. Esta autoridad estará dirigida por un consejo en el que la mayoría de los miembros deben ser o haber sido jueces ordinarios, que varios aspectos relacionados con el nombramiento de jueces ordinarios se regulen en la ley fundamental, que los nombramientos de jueces ordinarios por parte del gobierno se realicen a propuesta de un órgano especial compuesto mayoritariamente por jueces ordinarios actuales o anteriores, que se regule en la ley fundamental el número máximo y mínimo de jueces supremos (justitieråd) en los tribunales superiores, y que su nombramiento sea precedido por una solicitud del tribunal correspondiente, que solo las autoridades bajo el Parlamento puedan supervisar la actividad judicial. Esto significa, entre otras cosas, que el Justitiekanslern, que es una autoridad bajo el gobierno, ya no desempeñará ese papel, que la edad de jubilación de los jueces ordinarios se regule por ley y no pueda reducirse para los nombramientos en curso, y que los jueces ordinarios siempre tengan derecho a una revisión judicial en caso de despido, suspensión o sanciones disciplinarias. Cuando se examinen estos casos en tribunales, el tribunal estará compuesto únicamente por jueces ordinarios. Se propone que los cambios legislativos entren en vigor el 1 de abril de 2027.

Pero, y ahí está el gran pero: hay un partido que se niega a que se apruebe esa ley. Ese partido es los Demócratas de Suecia, (Sverigedemokraterna), partido que apoya al gobierno actual, porque afirman que la propuesta permitiría que el partido Socialdemócrata (S) bloquee cambios en la Constitución y exigen un referéndum sobre el tema.

A SD no les gusta que sea necesaria una mayoría parlamentaria de al menos dos tercios para cambiar la constitución porque quiere poder revocar la ciudadanía de criminales graves, pero para que esto sea posible se requiere una reforma constitucional.

Al mismo tiempo, el comité constitucional quiere cambiar las reglas sobre cómo se puede modificar la Constitución, y ya se ha realizado la primera votación. Pero SD es crítico y ahora quiere que se realice un referéndum sobre la cuestión. El comité constitucional propone que se requiera una mayoría de dos tercios para modificar la Constitución. Esto significa que un tercio más uno del Parlamento podría bloquear los cambios. S u otra constelación de partidos que sumaran una tercera parte más uno, tendría veto sobre cambios constitucionales

Para cambiar la Constitución se requieren dos votaciones en el Parlamento con una elección de por medio. Actualmente, una mayoría simple es suficiente en las votaciones para que los cambios se aprueben. Los Demócratas de Suecia (SD) consideran que las reglas actuales para la modificación constitucional están bien equilibradas y proporcionan suficiente protección contra cambios precipitados en la Constitución. No se puede banalizar la cuestión de la reforma de las leyes fundamentales, porque en ello va la democracia. Existe un riesgo y es importante atajarlo.