Todavía recuerdo aquel amanecer en 1969 en la plaza de Don Benito, cuando un grupo numeroso de hombres esperaba, silencioso y paciente, a que los capataces eligieran quiénes trabajarían ese día. Era un ritual que parecía eterno, pero que ya estaba viviendo sus últimos años. Aun así, esa escena condensaba siglos de historia, la dependencia de los jornaleros de la voluntad de otros, la precariedad del trabajo diario y la reproducción de una desigualdad estructural que había marcado Extremadura desde la Edad Media.

Dado el momento que vive hoy Extremadura y el eco que ha suscitado el texto anterior, bien merece la pena una segunda entrada. No como rectificación, sino como profundización. Porque cuando se habla de esta tierra, tarde o temprano aparece la incómoda cuestión de hasta qué punto la propia sociedad extremeña ha participado, voluntaria o forzadamente, en la perpetuación de su situación histórica. Recurro como siempre a la memoria, pues es lo único de lo que más o menos sabemos algo, y eso que la memoria es siempre frágil, selectiva y a menudo incómoda. Pero prescindir de ella no nos haría más libres, sino más vulnerables a repetir los mismos errores bajo otros nombres.

La historia de Extremadura no puede leerse como una simple cadena de agravios externos ni tampoco como un catálogo de fracasos propios. Ha sido, más bien, el resultado de una combinación persistente de estructuras de poder muy sólidas y de una sociedad obligada durante siglos a adaptarse para sobrevivir. Esa adaptación, hecha de silencios, de paciencia, de resignación práctica, permitió resistir, pero también dejó huellas profundas en la forma de entender la política, el trabajo y el futuro.

Las élites que dominaron la tierra y la economía no representaron nunca al conjunto de la población. Órdenes militares, Iglesia, grandes propietarios primero, caciques locales, intermediarios políticos después. El pueblo extremeño trabajó, sostuvo y produjo, pero rara vez decidió. Esa falta de control sobre los propios recursos fue generando una cultura de dependencia que no puede juzgarse con categorías morales simples. No es servilismo es simplemente historia social.

Cuando llegaron los intentos de cambio, como la reforma liberal del siglo XIX, la reforma agraria de la República, la modernización autoritaria del franquismo, todos compartieron un rasgo común: se hicieron sin contar verdaderamente con la gente o se interrumpieron antes de arraigar. Unas veces por oposición de los poderosos, otras por debilidad del Estado, otras por miedo al conflicto. El resultado fue siempre parecido: expectativas frustradas y una desconfianza creciente hacia cualquier promesa de transformación profunda.

La democracia no partió de una hoja en blanco. Heredó inercias, desigualdades y una estructura productiva frágil. En ese contexto, muchas conductas que hoy se critican, como la búsqueda de seguridad en el empleo público, la aceptación de redes clientelares, la falta de iniciativa empresarial, no son vicios culturales inexplicables, sino respuestas racionales a un entorno limitado. Eso no las convierte en virtudes, pero sí obliga a entenderlas antes de condenarlas.

Si se usa la memoria para señalar culpables, ajustar cuentas o fijar identidades cerradas, se pueden reabrir heridas y bloquear proyectos comunes. Cuando la historia se convierte en un tribunal permanente, el presente queda paralizado y el futuro se empobrece. Un país o una región que solo se explica desde el agravio acaba cayendo en la queja estéril o en la confrontación.

Pero también es cierto que el olvido impuesto o el silencio cómodo no construyen futuro, solo lo aplazan. Extremadura, como otras regiones, no arrastra problemas abstractos, sino consecuencias concretas de decisiones históricas: estructuras de propiedad, modelos de desarrollo, desequilibrios territoriales. Ignorarlos no los hace desaparecer; simplemente los vuelve invisibles. Y lo invisible es difícil de transformar.

La memoria histórica no tiene por qué ser una excavación en el fango ni una búsqueda de culpables individuales. Puede y debe ser una herramienta de comprensión, no de reproche. Entender por qué se fracasó, por qué ciertas soluciones no funcionaron o por qué determinadas desigualdades se repiten, es mirar el terreno antes de avanzar. El peligro no está en recordar, sino en no confirmar para qué se recuerda.

Mirar atrás de manera crítica permite, precisamente, no tropezar de nuevo con las mismas piedras. La reforma agraria fallida, la emigración forzada, la modernización sin justicia o el uso instrumental del territorio no son capítulos cerrados del todo porque sus efectos siguen presentes. Ignorarlos en nombre de una armonía mal entendida puede condenar a repetirlos bajo otras formas.

El esfuerzo común por un futuro mejor no exige amnesia, sino un acuerdo honesto sobre el punto de partida. No se trata de vivir mirando por el retrovisor, sino de saber de dónde venimos para decidir hacia dónde vamos. La memoria que bloquea es la que acusa, la memoria que libera es la que explica. Quizá el verdadero reto esté en transformar la memoria en proyecto, recordar no para reprochar, sino para responsabilizarnos del presente. Porque solo así el pasado deja de ser una carga y se convierte, por fin, en conocimiento.

Conviene recordar, para empezar, que el patrimonio natural e histórico de Extremadura no es un regalo caído del cielo sino el resultado del trabajo, de los tributos y del esfuerzo de generaciones de extremeños. Las órdenes militares, los obispados y las grandes jurisdicciones eclesiásticas que marcaron el territorio no crearon riqueza por sí mismas: la extrajeron. Castillos, conventos, catedrales y dehesas hablan tanto de poder acumulado como de una población que sostuvo ese poder. Lejos de desmentir la idea de una Extremadura históricamente expoliada, ese patrimonio la confirma.

Tampoco la conquista de América supuso para Extremadura una oportunidad perdida por incapacidad propia. De esta tierra salieron hombres decisivos de la empresa americana, pero la plusvalía no regresó. Los circuitos comerciales, financieros y políticos estaban en Sevilla, en la Corte y en manos privadas. Extremadura aportó hombres mientras otros gestionaron los beneficios. Pensar que la región “no supo enriquecerse” con América es ignorar que nunca tuvo control sobre el proceso.

El siglo XIX, con la quiebra del Antiguo Régimen y los intentos de modernización liberal, tampoco corrigió las desigualdades. Las desamortizaciones, lejos de democratizar la propiedad, reforzaron el latifundismo. Las tierras pasaron de la Iglesia a nuevas élites con capital, mientras el campesinado quedó de nuevo al margen porque carecía delos medios necesarios para comprar las tierras. Los proyectos ilustrados de modernización económica y social fracasaron no por falta de voluntad popular, sino porque pretendían transformar la economía sin tocar la estructura profunda de la propiedad y del poder.

En Extremadura, la reforma agraria de la Segunda República fracasó de forma especialmente visible y dolorosa porque allí coincidían todas las condiciones estructurales que la hacían necesaria y, al mismo tiempo, todos los obstáculos que la hicieron inviable. Fue, quizá, el territorio donde el choque entre expectativas y realidad resultó más dramático. Grandes fincas, muchas de ellas infraexplotadas, estaban en manos de unos pocos propietarios, nobleza, antiguos mayorazgos, herederos de desamortizaciones fallidas, mientras decenas de miles de jornaleros dependían del trabajo estacional. El paro agrícola, el hambre y la miseria no eran fenómenos coyunturales, sino estructurales. Por eso, cuando la República proclamó la reforma agraria, en Extremadura no se percibió como una política más, sino como una promesa de vida o muerte.

La ley de 1932 despertó una enorme esperanza entre los jornaleros extremeños, pero su aplicación fue lenta, burocrática y frustrante. El Instituto de Reforma Agraria carecía de medios, y los procedimientos estaban diseñados para proteger la legalidad de la propiedad más que para responder a la urgencia social. En una tierra donde miles de familias vivían al borde de la subsistencia, esperar años a que se resolvieran expedientes era sencillamente insoportable. A esto se sumó la resistencia activa de los grandes propietarios. En Extremadura, más que en otras regiones, los terratenientes utilizaron todos los mecanismos legales para frenar expropiaciones, recurrieron decisiones administrativas y, en muchos casos, dejaron tierras sin cultivar para evitar ser afectadas por la ley. La reforma avanzaba milímetro a milímetro, mientras la desesperación crecía.

El resultado fue la radicalización del conflicto agrario. En 1936, tras la victoria del Frente Popular, miles de jornaleros ocuparon fincas de forma espontánea en toda Extremadura. No fue un estallido revolucionario planificado, sino una respuesta directa al hambre y a la espera interminable. El Estado, incapaz de controlar el proceso, acabó legalizando muchas ocupaciones a posteriori, lo que confirmó a los propietarios la idea de que la República había perdido el control del orden social.

El paréntesis conservador de 1933 a 1935 había sido devastador. En esos años se paralizaron asentamientos, se devolvieron tierras y se frenó la reforma. En Extremadura, ese retroceso fue vivido como una traición. Cuando la reforma se reactivó en 1936, ya era tarde: la confianza se había roto y el conflicto estaba abierto.

La falta de recursos financieros agravó el problema. Expropiar con indemnización exigía dinero que el Estado no tenía, y en Extremadura, donde la escala del latifundismo era enorme, el coste era especialmente alto. La República quedó atrapada entre el respeto formal a la propiedad privada y la presión social extrema del campesinado.

En el fondo, la reforma agraria fracasó en Extremadura porque intentó resolver en pocos años un problema creado durante siglos. El latifundismo extremeño no era solo un sistema económico, sino un orden social completo, con relaciones de dependencia, poder político local y control del trabajo. Romperlo exigía una estabilidad política y una voluntad sostenida que la República, acosada desde todos los frentes, no pudo mantener.

La Guerra Civil cerró brutalmente cualquier posibilidad de reforma. En Extremadura, la victoria franquista supuso la restauración total del poder de los grandes propietarios, una represión feroz del campesinado organizado y la consolidación definitiva de un modelo agrario que, con cambios formales, perduró durante décadas.

Así, el fracaso de la reforma agraria en Extremadura fue el choque entre una urgencia social extrema, una estructura de poder profundamente arraigada y un Estado democrático demasiado débil para imponer una transformación que el territorio necesitaba desesperadamente.

Todo ello ayuda a entender por qué Extremadura entró en la contemporaneidad sin una base industrial sólida, con una economía dependiente y con una cultura política marcada por la subordinación. Ese pasado no desaparece por decreto. Pesa. Condiciona comportamientos. Explica por qué durante décadas el empleo público se percibió no como privilegio, sino como refugio; no como falta de ambición, sino como respuesta racional a la escasez de alternativas. Cuando no hay mercado, cuando no hay crédito, cuando no hay tejido productivo, el “espíritu emprendedor” no se invoca, se construye.

A partir de 1939, durante el franquismo, se intentó intervenir en el campo extremeño, pero no para transformar sus estructuras profundas, sino para hacerlas más productivas sin alterar las relaciones de poder. En Extremadura, la modernización franquista fue autoritaria, tecnocrática y profundamente conservadora, buscando quizás ordenar la miseria, no resolverla.

La prioridad del régimen fue el control social. El campesinado extremeño había sido uno de los pilares del republicanismo y de la conflictividad agraria, y la represión fue inmediata y en ocasiones brutal. Sindicatos, cooperativas y organizaciones campesinas fueron desmantelados. La paz social se impuso por el miedo. En ese contexto, cualquier política agraria partía de una premisa clara: la propiedad de la tierra no se tocaba.

El principal instrumento del régimen fue el Instituto Nacional de Colonización, el INC, creado en 1939. A través de él se impulsaron grandes obras hidráulicas, embalses, canales, zonas de regadío, especialmente en el Guadiana con el Plan Badajoz. El objetivo era aumentar la producción agrícola, fijar población y crear pequeños núcleos rurales “modélicos”.

Se fundaron pueblos de colonización y se entregaron parcelas a colonos, pero estas tierras no procedían de una reforma agraria, sino de fincas estatales, expropiaciones muy limitadas o tierras transformadas por obras públicas. Los colonos no eran propietarios plenos durante muchos años y estaban sometidos a una estricta tutela administrativa. Era una pequeña propiedad vigilada, no una emancipación campesina.

El Plan Badajoz de 1952 fue el gran proyecto franquista para Extremadura. Transformó amplias zonas de secano en regadío, impulsó cultivos intensivos y mejoró algunas infraestructuras. Desde el punto de vista técnico, tuvo éxitos parciales, porque aumentó la producción y creó enclaves agrícolas más dinámicos.

Pero sus límites fueron claros. Benefició a una parte muy reducida de la población, no alteró el latifundismo dominante y no generó una industrialización asociada capaz de absorber mano de obra. El resultado fue una modernización sectorial y desigual, que convivió con amplias bolsas de pobreza rural.

El régimen sustituyó el conflicto social por un sindicalismo vertical obligatorio, donde propietarios y jornaleros estaban integrados en la misma estructura, bajo control estatal, eliminando la negociación real y consolidando un modelo paternalista, donde el Estado se veía como árbitro, el terrateniente como autoridad local y el campesino como sujeto tutelado. Se promovieron algunas mejoras sociales, vivienda rural, escuelas, asistencia básica, pero siempre desde arriba, sin participación ni autonomía campesina. La dependencia se institucionalizó.

A partir de los años cincuenta y sesenta, la mecanización agrícola redujo además drásticamente la necesidad de mano de obra. Como no hubo una política industrial fuerte en Extremadura, el resultado fue la emigración masiva. Millones de extremeños se vieron obligados a marcharse a Madrid, Cataluña, el País Vasco o Europa.

Desde el punto de vista del régimen, esto no fue un fracaso, sino una solución, porque se redujo la presión social en el campo y se suministró mano de obra barata al desarrollo industrial de otras regiones. La política franquista no solucionó radicalmente la situación de los campesinos extremeños. Aumentó, eso sí,  la producción sin democratizar la tierra, modernizó infraestructuras sin empoderar a la población y sustituyó y apartó de la luz el conflicto social. El latifundismo sobrevivió, la desigualdad se mantuvo y el coste humano fue la emigración y el vaciamiento rural.

La democracia surgida tras 1978 trajo libertades y autogobierno, pero no logró tampoco romper del todo con viejas inercias. Persistieron las redes clientelares, las dependencias y un uso instrumental de lo público que, en ocasiones, sustituyó derechos por favores. No por una supuesta inferioridad moral del pueblo extremeño, sino porque las estructuras cambian más despacio que los regímenes políticos. Aceptar esto no es justificarlo, a mi entender, es comprenderlo.

Hoy, sin embargo, el contexto ha cambiado. Extremadura ya no puede explicarse solo desde el pasado. La región cuenta con recursos estratégicos, con margen para decidir y con una ciudadanía más formada que nunca. Precisamente por eso, este es el momento de abandonar tanto la resignación heredada como la autoflagelación estéril. Ni victimismo permanente ni culpabilización colectiva.

Si Extremadura ha sido utilizada durante siglos, también es cierto que ahora dispone de instrumentos para decidir por sí misma. Para exigir, pero también para asumir responsabilidades. Extremadura debe valorar su patrimonio histórico y cultural como su base de futuro. Es preciso entender que el verdadero desarrollo no pasa por imitar modelos ajenos ni por reproducir dependencias, sino por construir un proyecto propio, inclusivo y consciente de su historia.

Quizá esta segunda reflexión sea necesaria porque Extremadura está, por fin, ante una encrucijada distinta. Y en ese cruce, más que buscar culpables, lo urgente es decidir qué hacer con todo lo que se tiene, y con todo lo que durante demasiado tiempo se dio por perdido, para que, esta vez sí, revierta en el bien común de los extremeños. Y, volviendo a la historia, lee si tienes tiempo estos “Elogios poéticos”[1] de Francisco Gregorio de Salas, extremeño de Jaraicejo, provincia de Cáceres y capellán mayor de la Real Casa de las Recogidas de Santa María Magdalena en Madrid, que los escribió en 1773. No elegí la obra por su contenido específico sobre Extremadura, sino por lo que representa, un ejemplo histórico de cómo se usa la literatura para fortalecer identidad, memoria y orgullo colectivo. Un ejemplo de cómo los extremeños pueden y deben reevaluar y revalorar su propia historia y su propia voz en el presente, sin caer en la queja ni en la nostalgia, sino construyendo nuevas narrativas de afirmación. Fotografía de jornaleros en Baena, años 70, tomada de Los jornaleros del campo y las ocupaciones de fincas en la Transición

[1] https://archive.org/details/elogiospoeticos00salagoog/page/n6/mode/2up