Sigo con atención el proceso de los acontecimientos en Venezuela. Es tan interesante seguir lo que ocurre como leer lo que escriben los medios. Algunos corren como gallinas sin cabeza sacando la cantarela del derecho internacional, como si se tratase de un derecho natural, cosa que no es.  El derecho natural parte de la idea de que existen normas universales, anteriores y superiores a cualquier decisión humana: derechos que el ser humano posee por el mero hecho de serlo. No dependen del Estado, ni de tratados, ni de consensos; se descubren, no se crean. En esa tradición se inscriben, con matices, el estoicismo, el cristianismo medieval, Grocio, Locke o la Ilustración. El derecho internacional, en cambio, es un derecho positivo: existe porque los Estados lo han querido, lo han pactado y lo han reconocido. Nace de tratados, costumbres, acuerdos, resoluciones y, en último término, de la voluntad soberana de los Estados. No tiene un legislador universal, ni una policía propia, ni un tribunal con poder coercitivo pleno sobre todos. Funciona por reconocimiento mutuo y por equilibrio de fuerzas.

Los que se oponen a la detención de Maduro claman que esto va en contra del derecho internacional, pero deberían recordar que todos los estados se han saltado este derecho cuando les ha convenido. No es de extrañar que Zelenski apoye enteramente la acción de Trump, porque sabe de sobra que los derechos internacionales se basan en la fuerza que tenga el que los quiere defender.

Se puede decir que todos los medios de izquierdas se concentran en la crítica contra Trump por saltarse estos derechos, mientras no han reaccionado casi nunca contra los crímenes contra los derechos humanos de los cuales el régimen chavista se ha servido para conservar el poder. Y, esos derechos, los derechos humanos, son verdaderamente unos derechos naturales a respetar.  ¿Así que, asesinatos, detenciones injustificadas, presos políticos, persecución, es algo tolerable, pero, la detención del más alto responsable de estos crímenes contra los derechos humanos, debe ser respetado siguiendo los derechos internacionales? Lo dejo ahí. Mejor intentaré explicar algo eso del petróleo y los intereses que pueda tener Estados Unidos en apropiárselos con un corto relato histórico.

La historia moderna de Venezuela es, en gran medida, la historia de su petróleo, tanto como estructura de poder, modelo de Estado y forma de inserción en el mundo. Aunque el petróleo ya era conocido desde la época colonial y aún antes, los indígenas ya utilizaban el “menes”[1] para usos varios, su explotación industrial comienza en 1878, cuando se perfora el primer pozo comercial en el estado Táchira, pero el verdadero punto de inflexión llegó el 31 de julio de 1914, con la primera extracción del pozo Zumaque I en Mene Grande. Este pozo, perforado por la Caribbean Petroleum Company, filial de la Royal Dutch Shell, entró desde ese momento en producción comercial y demostró que Venezuela tenía petróleo en cantidad, accesible y rentable a escala industrial.

Zumaque I comenzó a producir alrededor de 250 barriles diarios, una cifra modesta si se compara con los gigantes posteriores, pero suficiente para confirmar la viabilidad económica del subsuelo venezolano. A partir de ese momento, las compañías extranjeras entendieron que no se trataba de indicios aislados, sino de una provincia petrolera de primer orden.

Venezuela se conviertió rápidamente en un territorio petrolero importante. Grandes compañías extranjeras; Shell, Standard Oil, Gulf, obtubieron concesiones extremadamente favorables durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. El Estado venezolano recibió ingresos, pero no controló ni la producción ni la transformación. El petróleo salía en bruto; la riqueza no creaba industria, sino dependencia y bienestar para unos pocos.

En los años veinte, Venezuela ya era uno de los mayores productores del mundo. El país pasó de una economía agrícola a una economía rentista sin transición intermedia. Se abandonó el campo y la producción local; se importaba casi todo, algo parecido a lo que había sucedido ya en Arabia Saudí y Kuwait.

En 1943, bajo el gobierno de Isaías Medina Angarita, se aprobó la Ley de Hidrocarburos, que establecía el principio del 50/50, que se implementó durante el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, con Juan Pablo Pérez Alfonzo como figura clave en materia petrolera. Según este principio, el Estado recibiría al menos la mitad de las ganancias. Es un paso clave hacia la soberanía fiscal, aunque no productiva.

La situación política en Venezuela no logró estabilizarse pese a las reformas de Medina y Gallegos y tras tensiones importantes, Marcos Pérez Jiménez se convirtió en la figura central de una dictadura militar modernizadora, autoritaria y profundamente contradictoria. Para entenderlo conviene situarlo no como anomalía, sino como producto de una secuencia histórica muy precisa.

Pérez Jiménez emerge tras el golpe militar de 1948, que derrocó a Rómulo Gallegos, y que puso fin a la breve experiencia democrática iniciada en 1945. Durante los primeros años gobernó en la sombra, como miembro de la Junta Militar, hasta que en 1952, tras desconocer los resultados electorales que favorecían a la oposición, se proclamó presidente.

Su régimen se legitimó no por la ideología, sino por la obra. El llamado Nuevo Ideal Nacional apostaba por grandes infraestructuras, autopistas, puertos, hospitales, urbanismo, centralización del poder, orden, disciplina y control social. En fin, un estado fuerte apoyado en la renta petrolera. El mensaje era claro: menos debate, más cemento.

Bajo Pérez Jiménez, Venezuela vivió un crecimiento económico notable, una transformación visible del paisaje urbano, especialmente en Caracas. Una política de inmigración europea masiva, como una herramienta de ingeniería social, cuyos principales fines fueron proveer el país de mano de obra para la construcción, la industria y la agricultura moderna e introducir conocimientos técnicos y hábitos de trabajo europeos. También se pretendía de esta manera blanquear y “modernizar” la población, siguiendo ideas racistas aún vigentes en parte de las élites latinoamericanas del siglo XX. Para lograrlo, el estado creó y reforzó organismos específicos, como el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización (ITIC) y contrajo acuerdos bilaterales con Italia, España, Portugal, Alemania y Europa del Este.

La otra cara de la moneda es que la dictadura se mantenía con la persecución sistemática de la oposición, torturas y cárcel a través de la Seguridad Nacional, supresión de libertades civiles y censura. Durante la dictadura de Pérez Jiménez, el petróleo financia una modernización visible, pero profundamente desigual. Caracas se convierte en vitrina del boom petrolero, mientras el país se consolida como Estado centralizado, dependiente del crudo y políticamente frágil.

Tras el retorno a la democracia en 1958, el petróleo se convierte en el eje del consenso político. En 1960, Venezuela es miembro fundador de la OPEP, junto a Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait. En 1976, ya bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se produce la nacionalización del petróleo y nace PDVSA. Formalmente, el recurso pasa a manos del Estado. Simbólicamente, se habla de “sembrar el petróleo”. Pero la nacionalización no transforma el modelo: cambia el propietario, no la estructura. PDVSA se convierte en un Estado dentro del Estado, altamente tecnificado, orientado al mercado internacional y relativamente desconectado del desarrollo interno. Las principales empresas nacionalizadas fueron las grandes multinacionales anglo-estadounidenses y europeas que dominaban el sector, Royal Dutch Shell (Países Bajos–Reino Unido), Standard Oil (EE. UU., luego Exxon), Gulf Oil (EE. UU.), Mobil Oil (EE. UU.), Texaco (EE. UU.), British Petroleum (BP), Compagnie Française des Pétroles (Francia, luego Total). Estas compañías operaban mediante concesiones que pasaron a manos del Estado venezolano el 1 de enero de 1976, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Contra lo que parece sostener Trump, las grandes petroleras, Shell, Exxon (Standard Oil), Gulf, Mobil, Texaco, BP, CFP (Total), aceptaron jurídicamente la nacionalización porque fue anunciada con antelación e incluyó mecanismos de compensación y además se inscribía en una tendencia internacional con la OPEP y el auge del nacionalismo energético. No hubo tampoco retiradas caóticas ni cierres intempestivos. Se podría decir que la transición fue ordenada y pactada.

Pero, como Iñaki Anasagasti bien indica, con mucho conocimiento de causa: “Se habla del interés de Trump por el petróleo venezolano como si en estos años la compañía petrolera Chevron[2] no haya estado trabajando con el régimen de Maduro, y se dice que Trump quiere hacerse con las líneas del poder en América. Lo mismo quieren China, Rusia e Irán, por lo que esta acusación no es nueva ni deja de ser real y además es muy parcial.”[3]

La caída de los precios del petróleo en los años ochenta revela la fragilidad del modelo. El Estado, acostumbrado a ingresos abundantes, entra en crisis fiscal. Aumenta la deuda externa. Se recortan políticas sociales.

“El Caracazo” de 1989 marca el colapso del pacto rentista: una sociedad dependiente del petróleo, pero excluida de sus beneficios, estalla. El petróleo ya no garantiza estabilidad política. Es a partir de este movimiento popular que comienza el 27 de febrero de 1989, en Caracas y en muchas otras ciudades venezolanas, con protestas masivas, saqueos y disturbios tras el anuncio de un paquete de medidas económicas del presidente Carlos Andrés Pérez, recién regresado al poder.

El detonante inmediato fue el aumento del precio de la gasolina y, con él, del transporte público. Pero la causa real hay que buscarla en años de deterioro social, desigualdad, endeudamiento y frustración en una sociedad acostumbrada a vivir de la renta petrolera. Aquí se puede decir que Noruega aprendió a evitar los peligros de una rápida subida de la riqueza.

Lo que empezó como protestas localizadas se transformó en una explosión generalizada, caótica y espontánea, sin liderazgo político claro. El gobierno decretó el estado de emergencia y sacó al Ejército a la calle a lo que siguió una represión brutal. Las cifras oficiales hablaron de unos 300 muertos, pero organizaciones de derechos humanos estiman que las víctimas reales fueron entre 1.000 y 3.000, muchas de ellas enterradas en fosas comunes, como en La Peste, en el Cementerio General del Sur.

El Caracazo fue la consecuencia del agotamiento del modelo rentista petrolero, la crisis de deuda de los años 80, el ajuste estructural impuesto con el respaldo del FMI y la ruptura entre las élites políticas y una población empobrecida.

La democracia venezolana, que había ofrecido estabilidad durante décadas, ya no podía garantizar bienestar y quedó deslegitimizada e introdujo la violencia estatal como experiencia colectiva, lo que abrió el camino a los golpes militares de 1992, liderados por Hugo Chávez. Sin el Caracazo, el chavismo no se entiende. Desde entonces, el país vive una crisis prolongada, con distintas fases, discursos y actores, pero con un mismo trasfondo, la incapacidad de traducir la riqueza petrolera en un proyecto social estable y justo.

Por eso, cuando hoy se habla de Venezuela como “Estado fallido” o “crisis permanente”, conviene recordar que todo empezó ahí, en febrero de 1989, cuando el petróleo dejó de sostener el contrato social y el Estado respondió con balas. Aunque los golpes de estado del teniente coronel Hugo Chávez fracasaron y le llevaron a la cárcel, el pueblo pareció haber encontrado un líder que los representase y, tras ser indultado en 1994, comenzó una carrera política para hacerse con el poder por la vía democrática.

En las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 Chávez obtuvo el 56,2 % de los votos válidos. Su principal rival, Henrique Salas Römer, obtuvo alrededor del 39 %, lo que hace que, dado que la participación electoral fue de aproximadamente 63 % del padrón, una tercera parte del censo apoyó la candidatura chavista. Es algo que hay que tener en cuenta cuando se habla del apoyo que el chavismo tiene en el pueblo venezolano.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 con los votos de una mayoría de los votantes venezolanos, el petróleo pasa a ocupar un lugar central en el proyecto político. Chávez retoma en teoría una lectura muy cercana a la de Galeano: el petróleo debía dejar de servir al exterior y a las élites, y convertirse en herramienta de justicia social y soberanía. Durante los años de altos precios (2004–2012), el modelo parecía funcionar, se financian programas sociales masivos, hasta cierto punto se pudo reducir la pobreza y se reforzó el papel del Estado. Pero no se diversificó la economía. La renta petrolera se redistribuyó en parte, pero no se transformó.

El conflicto con la antigua élite de PDVSA culminó en el paro petrolero de 2002–2003. A partir de entonces, la empresa se politizó profundamente y pierde capacidad técnica a largo plazo. Cientos de ingenieros terminaron exiliados, muchos de ellos vascos, expulsados de su puesto de trabajo tras la huelga. El resultado de esa política ha sido la destrucción de gran parte de la industria petrolera, y la extracción de barriles de petróleo ha descendido en tres cuartas partes.

Tras la muerte de Chávez en 2013, con Nicolás Maduro, el modelo entró en su fase más crítica. Caen los precios del crudo, se imponen sanciones internacionales, se deteriora la infraestructura petrolera y se produce una fuga masiva de talento técnico. Ocho o nueve millones (las cifras varían) de venezolanos optaron por dejar el país, como fenómeno masivo, sostenido y estructural, que comienza a partir de 2014–2015, y se acelera de forma dramática desde 2017.

La producción se desplomó. El petróleo, que durante un siglo había sostenido al Estado, ya no podía sostener ni la economía ni el poder político, por mala gestión. Venezuela sigue teniendo enormes reservas, las mayores del mundo, se dice, pero carece de capacidad efectiva para explotarlas.

El país quedó atrapado en la paradoja que Galeano describió con precisión: riqueza natural convertida en pobreza social, dependencia extrema de un solo recurso y un Estado que, cuando se interrumpe el flujo, entra en crisis sistémica.

La situación electoral en Venezuela durante los últimos años ha estado marcada por acusaciones de fraude, falta de transparencia y control institucional por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La oposición ha denunciado repetidamente que las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, no cumplen con los estándares internacionales de credibilidad.

La Asamblea Nacional, controlada por la oposición hasta 2015, fue reemplazada en 2020 por la Asamblea Nacional “constituyente” y luego por un Parlamento oficialista tras elecciones también cuestionadas por falta de transparencia y exclusión de partidos opositores relevantes.

En términos generales, el patrón ha sido que el gobierno de Maduro utiliza el control del Consejo Nacional Electoral, las restricciones legales y la presión política para consolidar su poder, mientras la oposición busca denunciar estas prácticas tanto dentro como fuera de Venezuela. Esto genera un ciclo de elecciones que son técnicamente convocadas, pero cuya legitimidad es seriamente discutida por amplios sectores de la comunidad internacional y por buena parte de la sociedad venezolana.

Las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024 fueron un punto crítico en la política venezolana reciente, con una fuerte condena internacional por falta de transparencia, irregularidades y sospechas de fraude. El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por aliados del gobierno, declaró que Nicolás Maduro ganó con alrededor del 51 % de los votos frente a 44 % de su principal rival, Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el CNE no publicó actas completas por mesa ni datos desagregados, lo que impidió una verificación independiente de los resultados.

La oposición, liderada por figuras como Edmundo González y apoyada en parte por María Corina Machado, rechazó los resultados y sostuvo que tenía datos de sus representantes en muchas mesas que mostraban otra tendencia, denunciando que el proceso fue manipulado o fraudulento. La reacción de la comunidad internacional fue clara. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, como el Centro Carter y un panel de expertos de la ONU, concluyeron que las elecciones no cumplieron con estándares de integridad, transparencia y credibilidad. La Unión Europea afirmó que los resultados no pueden ser reconocidos sin pruebas verificables por mesa de votación y exigió la publicación de las actas completas. Gobiernos de varios países de América Latina y otros estados exigieron mayor transparencia o directamente no reconocieron a Maduro como ganador en ausencia de datos verificables. Algunos incluso hablaron de fraude electoral.

Varias asambleas legislativas, como la de Ecuador, rechazaron oficialmente las elecciones venezolanas y condenaron la represión de protestas posteriores. Tras las elecciones, se registraron protestas significativas en Venezuela y en el exterior, muchas organizadas por la oposición exigiendo el reconocimiento de los resultados que ellos consideraban legítimos, así como mayor transparencia electoral.

En octubre de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. El comité noruego explicó que la premiaba “por su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición pacífica y justa desde la dictadura hacia la democracia”. Machado ha estado viviendo en la clandestinidad desde que el régimen de Nicolás Maduro la persiguió tras las elecciones de julio de 2024, en las que fue excluida de competir y en las que la oposición afirma que el resultado fue fraudulento. Su Nobel fue interpretado como un reconocimiento internacional a la oposición democrática venezolana, incluso a pesar de las complejidades y tensiones que rodean su estrategia y posiciones.

Ahora parece que el liderazgo de Machado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, no parece viable, al menos por el momento, porque Donald Trump, ha declarado públicamente que María Corina Machado no tiene el “respeto” necesario para gobernar inmediatamente tras la caída de Maduro, y, por tanto, no la ve como la figura idónea para tomar el poder de forma inmediata. La administración estadounidense parece favorecer la idea de que Venezuela primero debe estabilizarse y “restaurar el orden” antes de avanzar hacia una elección que permita a cualquier líder, incluida Machado, asumir el poder.

La sorpresa surge al comprender que el mensaje de Trump no era nada improvisado cuando anunció que Estados Unidos “tomaría el control de Venezuela”. Lo que realmente implicaba era la continuidad de Delcy Rodríguez al frente de un gobierno condicionado a la pauta estadounidense. No se trataba de un cambio abrupto ni de reemplazar al régimen, sino de garantizar que el poder existente operara dentro de los márgenes que Washington considera aceptables. La retórica de dominación, que parecía agresiva y directa, encubría un manejo sutil manteniendo a Delcy como interlocutora mientras se orienta la política venezolana según los intereses estadounidenses, un control indirecto envuelto en la apariencia de soberanía local. La doctrina Monroe, reinventada, no actúa con invasión abierta, sino con supervisión estratégica, usando actores conocidos para asegurar resultados previsibles.

[1] “Mene” es un vocablo indígena recogido por los españoles para nombrar el petróleo que los pueblos originarios ya conocían y utilizaban para impermeabilizar canoas, como ungüento, combustible ritual, etc.

[2] Chevron es una de las grandes multinacionales petroleras estadounidenses (una supermajor), heredera directa de Standard Oil of California. Es, además, la única gran petrolera de EE. UU. que ha mantenido presencia continua en Venezuela a lo largo de casi todo el periodo chavista, aunque con altibajos y fuertes restricciones. Opera a través de empresas mixtas con PDVSA, como exige la legislación venezolana desde la era Chávez.

[3] https://www.facebook.com/inaki.anasagasti

Imagen generada con IA a partir de esta que muestra a funcionarios del gobierno venezolano en una reunión, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez presidiendo la mesa. La reunión tuvo lugar tras la noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, momento en el que Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela. Publicada en periódicos y sitios web de noticias como LatinUS, El Español, La Tercera, BBC y CNN en Español utilizaron la imagen en sus artículos para ilustrar los eventos tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.