Mi gato lleva diez minutos en la calle y ya quiere regresar. Le veo y le oigo maullar y bajo a abrirle la puerta para que pueda entrar al calor. A él no le gusta la nieve. Si por él fuera, pensé, mi gato viajaría a algún lugar más cálido, quizás a la soleada Grecia o a Chipre. Entra rápido entre maullidos que quieren decir ¡mira que tardas en abrir! Y sube las escaleras como una exhalación, camino de su cestito. Yo me quedo escuchando el eco de mi pensamiento “Chipre”, claro, ya sé porque pienso en Chipre. Es por todo lo que se está hablando sobre Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Trump, la OTAN etc. Me explico:

Pertenecer a una alianza militar no es un seguro de vida contra la guerra, ni siquiera entre quienes figuran como socios o aliados. Las alianzas se presentan a menudo como estructuras de protección mutua, pero en realidad son instrumentos políticos, no son de ninguna manera garantías morales ni jurídicas absolutas. Su función principal no es impedir todos los conflictos, sino ordenarlos, gestionarlos o desplazarlos cuando entran en tensión intereses divergentes.

En primer lugar, las alianzas se construyen sobre intereses cambiantes y no sobre afinidades permanentes. Los Estados no tienen amigos eternos, sino prioridades estratégicas que evolucionan con el tiempo. Dos países pueden coincidir durante décadas en una amenaza común y, sin embargo, entrar en conflicto cuando esa amenaza desaparece o cuando surgen nuevas disputas económicas, territoriales o políticas. La alianza no elimina esas fricciones; simplemente las mantiene contenidas mientras conviene a las partes.

Además, la mayoría de las alianzas militares, incluida la OTAN, no obligan a la lealtad incondicional en todos los escenarios. Sus tratados suelen estar llenos de cláusulas, ambigüedades y márgenes de interpretación. El famoso principio de defensa colectiva se activa solo bajo determinadas condiciones y, sobre todo, depende de la voluntad política de los miembros. Cuando esa voluntad flaquea, la alianza se convierte en un foro de discusiones, no en un escudo automático.

Hay también un factor de asimetría de poder. En toda alianza hay socios mayores y menores. Los primeros tienden a imponer su agenda, y los segundos a aceptar compromisos que no siempre coinciden con sus intereses nacionales. Cuando esa asimetría se vuelve demasiado visible, la alianza deja de percibirse como protección y empieza a vivirse como subordinación. En ese punto, la tensión puede escalar, incluso dentro del marco formal de cooperación.

Las alianzas no protegen frente a lo que suele llamarse guerra no declarada. Un país puede ser presionado, debilitado o forzado a cambiar de rumbo sin que se dispare un solo misil: sanciones, bloqueos, chantaje energético, operaciones judiciales extraterritoriales o campañas de deslegitimación forman parte del arsenal contemporáneo. Todo eso puede ocurrir entre aliados sin violar formalmente ningún tratado.

Podríamos poner muchos ejemplos desde la antigüedad, pero, para no alargar innecesariamente este relato, me conformaré con ejemplos mas recientes. Podemos empezar con Hungría, que era miembro formal del Pacto de Varsovia[1]. No estaba atacando a ningún aliado, ni amenazando a una potencia externa. El conflicto fue interno, pero la Unión Soviética lo reinterpretó como una amenaza estratégica para todo el bloque. La revuelta húngara fue presentada como una desviación contrarrevolucionaria y, sobre todo, como la antesala de una posible salida de Hungría de la alianza. Ese fue el casus belli: no una agresión militar, sino el riesgo político de perder control. El 4 de noviembre de 1956, el Ejército Rojo entró masivamente en Hungría con tanques y tropas. La insurrección fue aplastada en pocos días. Budapest quedó devastada tras combates urbanos muy duros. Murieron entre 2.500 y 3.000 húngaros, y alrededor de 700 soldados soviéticos. Imre Nagy, que había intentado sacar a Hungría del Pacto de Varsovia y declarar la neutralidad del país, fue arrestado tras recibir falsas garantías de seguridad. En 1958 fue juzgado en secreto y ejecutado. Con él se eliminó cualquier posibilidad de una vía socialista autónoma.

Tras la derrota, se produjo una oleada de represión, con más de 20 000 personas encarceladas, cientos de ejecuciones, y cerca de 200.000 húngaros huyeron al exilio, principalmente a Austria y Occidente. A Suecia llegaron casi 5 000 en una primera ola y en total unos 8 000 hasta finales de 1958[2]. Fue uno de los mayores movimientos de refugiados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Desde Moscú, la soberanía húngara quedó subordinada a la estabilidad del sistema. La intervención no se justificó como guerra entre socios, sino como una operación de restauración del orden socialista. El tratado del Pacto de Varsovia no protegió a Hungría; al contrario, fue utilizado como marco legitimador de la invasión. El mensaje fue inequívoco: la alianza garantizaba la defensa frente a enemigos externos, pero no protegía frente al socio dominante.

También en el seno del Pacto de Varsovia ocurrió de nuevo algo parecido en 1968. El caso checoslovaco fue aún más explícito. La Primavera de Praga no implicaba en si ruptura de alianzas ni amenaza militar, pero, la introducción de reformas políticas fue interpretada por la URSS como un peligro sistémico. Aquí surgió la Doctrina Brézhnev, que formalizó lo que en Hungría había sido implícito, es decir, que la soberanía de los Estados socialistas era limitada cuando ponía en riesgo al conjunto del bloque.

El casus belli en este caso no fue un acto hostil, sino una interpretación ideológica: la desviación política interna se convirtió en agresión potencial. Tropas de países aliados, incluidos Polonia, Hungría y la República Democrática Alemana, participaron en la invasión. Un ejemplo perfecto de cómo una alianza puede transformarse en un mecanismo disciplinario, donde la intervención entre socios se presenta como deber colectivo.

Y, también en el seno de la OTAN encontramos un caso interesante. Grecia y Turquía eran, y son, miembros de la OTAN. Sin embargo, en 1974, Turquía invadió Chipre tras un golpe de Estado impulsado por sectores grecochipriotas apoyados por la junta militar griega. Cada parte invocó un casus belli distinto y mutuamente excluyente. Grecia habló de agresión e invasión mientras Turquía se amparó en su condición de potencia garante del orden constitucional chipriota y en la protección de la minoría turcochipriota.

La OTAN fue incapaz de actuar. No había enemigo externo, sino dos aliados enfrentados. El tratado no ofrecía mecanismos claros para resolver conflictos internos entre socios. El resultado fue una guerra limitada, una ocupación que dura hasta hoy y una fractura permanente dentro de la alianza. La defensa colectiva no se activó porque no encajaba en el marco previsto: el casus belli no era “ataque desde fuera”, sino choque entre miembros.

En los tres casos, Hungría, Checoslovaquia y Chipre, la clave no es la fuerza militar, sino la interpretación del orden y la amenaza. Las alianzas no definen qué es legítimo dentro de los Estados miembros; eso queda en manos del actor dominante o del equilibrio político interno. Cuando ese equilibrio se rompe, la alianza no protege al débil, sino que expone sus límites.

La lección es incómoda, pero precisamente por eso resulta útil. Pertenecer a una alianza no es un escudo absoluto frente a la fuerza, sino una arquitectura flexible que se dobla cuando el poder decide reinterpretarla. Si trasladamos esto a una hipotética invasión norteamericana de Groenlandia, el paralelismo con Hungría, Checoslovaquia o Chipre no es retórico sino estructural.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, y Dinamarca es miembro fundador de la OTAN. En teoría, un ataque estadounidense contra Groenlandia sería un ataque contra un aliado y activaría el famoso artículo 5[3]. En la práctica, sin embargo, la historia enseña que la clave no está en el texto del tratado, sino en quién define el casus belli y cómo se narra.

Estados Unidos podría no presentar una acción como “invasión”, sino como reordenación estratégica, protección de infraestructuras críticas, o incluso como una respuesta preventiva ante una supuesta amenaza externa de Rusia o China en el Ártico. Igual que Moscú no habló de guerra en Budapest o Praga, sino de restauración del orden, Washington podría hablar de responsabilidad estratégica compartida dentro del marco atlántico. El lenguaje importa porque cambia la percepción del acto sin cambiar su naturaleza.

La OTAN, como en Chipre, quedaría atrapada entre dos socios. No existe un mecanismo real para obligar al actor dominante a someterse al arbitraje colectivo. La alianza está diseñada para responder a agresiones externas, no para resolver asimetrías de poder internas. Y cuando el agresor es el pilar central del sistema, la reacción tiende a ser el silencio, la ambigüedad o la resignación diplomática.

Además, Groenlandia introduce un elemento clave que Hungría y Checoslovaquia no tenían: una población con aspiraciones de autonomía o independencia. Si una parte de la élite groenlandesa apoyara una mayor presencia o control estadounidense por razones económicas o de seguridad, el casus belli podría desplazarse del plano militar al político, como ocurrió en Chipre. No sería una ocupación, sino, dirían, una “solución” a un problema de gobernanza.

La lección final es quizá la más inquietante, que las alianzas no eliminan la lógica imperial y simplemente la administran. Cuando los intereses estratégicos se consideran vitales, el Ártico, los minerales, las rutas marítimas, el equilibrio global, el derecho, los tratados y la retórica se adaptan después. Y entonces, como en los ejemplos históricos, la pregunta ya no es si la invasión es suficiente para que, tras el hecho consumado, no pase nada. Queda por ver si Estados Unidos considera necesaria para sus intereses la ocupación y anexión de Groenlandia. El tiempo nos lo dirá.

[1] El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, mejor conocido como Pacto de Varsovia, fue una alianza militar formada por los países de Europa del Este para contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en 1955, en plena Guerra Fría. La Unión Soviética fundó el pacto como una respuesta directa al rearme de Alemania Occidental y su reciente ingreso a la OTAN. Para la URSS, la amenaza de un bloque militar capitalista fortalecido y la posibilidad de una Alemania rearmada eran preocupaciones clave.

[2] Anders Svensson Wigerfelt, escribió una tesis sobre esta inmigración 1992: “Ungrare i folkhemmet: svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skugga.

[3] «Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas en Europa o en América del Norte será considerado un ataque contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que, si tal ataque armado ocurre, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes así atacadas adoptando de inmediato, individualmente y de común acuerdo con las demás Partes, las medidas que considere necesarias, incluido el uso de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad de la zona del Atlántico Norte.

Todo ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas como consecuencia del mismo serán comunicados inmediatamente al Consejo de Seguridad. Dichas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya adoptado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales.»  https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/collective-defence-and-article-5

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