Sabéis de sobra que siempre he sido un defensor de la paz. No de una paz entendida como simple pausa entre guerras, ni como resignación ante el más fuerte, sino como una construcción política consciente. La paz no es únicamente el silencio de las armas; es el respeto al derecho internacional, la contención del poder y la voluntad de resolver los conflictos sin convertir cada desacuerdo en una confrontación irreversible.

Por eso, en esta ocasión, me sitúo del lado de Pedro Sánchez. No por adhesión automática ni por simpatía partidista, sino porque me parece legítimo intentar mantener una posición prudente cuando el clima internacional se enrarece. Europa ha aprendido, a un coste altísimo, que las escaladas retóricas pueden transformarse en tragedias reales. Las decisiones que hoy se toman en despachos lejanos pueden convertirse mañana en humo, ruinas y desplazamientos masivos.

Comprendo, sin embargo, que posicionarse contra la voluntad de Donald Trump, o, más ampliamente, frente a la presión de la potencia hegemónica, no suele salir gratis. La historia está llena de ejemplos en los que los desacuerdos dentro de las alianzas han tenido consecuencias económicas, diplomáticas o estratégicas. Francia pagó tensiones cuando se apartó de ciertas decisiones atlánticas; Alemania soportó presiones cuando cuestionó intervenciones militares; incluso dentro de la Unión Europea, la disidencia tiene costes.

Pero la pregunta de fondo es otra: ¿debe una democracia ajustar su política exterior únicamente al cálculo del coste inmediato? ¿O debe, en determinados momentos, sostener una posición basada en principios, aun sabiendo que habrá fricciones? Defender la paz nunca ha sido una postura cómoda. Requiere firmeza, paciencia y, a veces, aceptar incomodidades diplomáticas.

Europa occidental ha vivido, durante décadas, bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Esa realidad es innegable. Pero también es cierto que la madurez política implica asumir responsabilidades propias y articular una voz que no sea mero eco. Si algo nos enseñó el siglo XX es que la obediencia automática no garantiza estabilidad, y que las decisiones precipitadas pueden desencadenar olas de consecuencias que duran generaciones.

No sé qué traerán los próximos meses. Sí sé, en cambio, que la paz, la verdadera paz, no se mantiene por inercia. Se defiende, se argumenta y, en ocasiones, se paga. Y aun así, sigue siendo el único horizonte moralmente defendible para quien ha visto demasiadas veces cómo la historia convierte las palabras en humo.

En 2003, Francia se situó fuera de la llamada coalición de las Azores, aquella fotografía tomada en la base aérea de las Lajes junto a George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar, que simbolizó el respaldo político a la invasión de Irak. El presidente francés, Jacques Chirac, se opuso abiertamente a la intervención sin un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquella negativa le granjeó una fuerte antipatía en Washington y Londres; en Estados Unidos incluso se desató una campaña simbólica de desprecio, las “freedom fries” en lugar de “french fries”, que hoy parece casi grotesca.

España, bajo Aznar, decidió alinearse con la intervención. Francia y Alemania, en cambio, defendieron la vía diplomática y cuestionaron la existencia de las armas de destrucción masiva que se utilizaron como principal argumento. Hoy sabemos que esas armas no existían. El informe del Iraq Survey Group en 2004 confirmó que el régimen de Saddam Hussein no poseía arsenales activos de ese tipo.

Las consecuencias fueron devastadoras. La guerra y la posterior desestructuración del Estado iraquí provocaron centenares de miles de muertos, las estimaciones varían según las fuentes, y millones de desplazados internos y refugiados. La desbandada institucional, la disolución del ejército iraquí y el vacío de poder facilitaron la expansión de grupos insurgentes y, años después, la aparición de organizaciones como el llamado Estado Islámico. La región quedó profundamente desestabilizada, con efectos que aún resuenan en Siria, en el equilibrio sectario de Irak y en las oleadas migratorias hacia Europa.

Y, tras años de ocupación, cuando los costes humanos, económicos y políticos se volvieron insoportables, Estados Unidos y sus aliados redujeron progresivamente su implicación directa. Irak no quedó pacificado ni reconstruido en el sentido prometido. Quedó fragmentado, herido y atravesado por influencias regionales contrapuestas.

La historia no es un tribunal que reparte sentencias simples, pero sí puede ofrecer lecciones que los mandatarios deberían aprender. Una de ellas es que las decisiones tomadas bajo presión, apoyadas en información defectuosa y justificadas por la urgencia moral, pueden desencadenar procesos imposibles de controlar. Otra es que disentir dentro de una alianza puede tener un precio político inmediato, pero alinearse acríticamente puede tener un precio histórico mucho mayor.

Tal vez ahí radica el núcleo de mi preocupación actual, porque cuando se habla de guerra con ligereza, conviene recordar que sus consecuencias rara vez coinciden con las promesas iniciales. Y que los pueblos, los individuos que nacen en el lugar equivocado, en el momento equivocado, son quienes pagan la factura más alta.

El momento que más y mejor recuerdo de la crisis de Iraq, fue la intervención del entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Dominique de Villepin, ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 14 de febrero de 2003. En su intervención, Francia rechazó la idea de una guerra preventiva contra Irak sin una autorización clara del Consejo y defendió que las inspecciones de armas debían continuar. Argumentó que nada justificaba precipitar una intervención militar cuando los inspectores encabezados por el sueco Hans Blix aún no habían concluido su trabajo. Sostuvo que la guerra sería la peor de las soluciones y que abriría un periodo de inestabilidad imprevisible en una región ya frágil.

Francia dejó claro que estaba dispuesta a utilizar su derecho de veto si se presentaba una resolución que autorizara automáticamente el uso de la fuerza. Aquella postura tensó profundamente las relaciones con Estados Unidos y el Reino Unido. En el clima político de entonces, el desacuerdo fue interpretado por muchos en Washington como una deslealtad, mientras que en amplios sectores de la opinión pública europea y mundial fue visto como un acto de prudencia. Yo creo que la postura de Pedro Sánchez tendrá consecuencias indeseadas pero ganará también comprensión entre los que no aceptan la guerra como medio de resolver los conflictos internacionales.