Hoy quiero seguir con los pueblos autóctonos, aquellos que levantan la voz para recordar que fueron los primeros en habitar una tierra que más tarde les fue arrebatada. Su tragedia es doble: no solo se les despojó del territorio que consideraban propio, sino que en el proceso pasaron a convertirse en ciudadanos de segunda o tercera categoría dentro de los nuevos estados que se erigieron sobre su memoria. Entre ellos están los pueblos indígenas de América, los aborígenes de Australia, los sami del norte de Europa, o los pueblos originarios de África y Asia, todos ellos atravesados por una misma herida: la colonización, el despojo y la marginación en sus propias tierras.
Los tuareg del Sáhara y del Sahel son un pueblo nómada bereber, extendido por Mali, Níger, Argelia, Libia y Burkina Faso. Han buscado autonomía en varias ocasiones, pero nunca han constituido un Estado propio. Su identidad se sostiene en la lengua tamasheq y la vida nómada. La historia nos muestra paradojas difíciles de explicar. En un extremo tenemos a los tuaregs del Sahel, orgullosos nómadas del desierto, señores de las rutas caravaneras y guardianes de una cultura milenaria que ha resistido el paso de imperios y colonizadores. En el otro extremo, los beduinos de la península arábiga, también nómadas, también atravesando arenales infinitos, pero capaces en el siglo XX de transformar su itinerancia en un Estado moderno y centralizado: Arabia Saudí.
¿Por qué unos lograron lo que otros no? La respuesta está en la historia y en la geopolítica. Arabia Saudí no nació de la nada: se fundó sobre la alianza entre un poder religioso, el wahabismo, que daba cohesión ideológica a las tribus dispersas, y una dinastía guerrera, la casa de Saúd, que supo imponerse sobre rivales y negociar con las potencias extranjeras. Y, sobre todo, tuvo el azar, o la maldición, del petróleo, que convirtió un reino de arena en una potencia mundial. Los tuaregs, en cambio, no encontraron en sus rutas ni un recurso que pudiera despertar la codicia internacional ni un liderazgo capaz de unificarlos frente a las fronteras coloniales que partieron su territorio en cinco o seis países distintos.
La diferencia es brutal: los unos se apropiaron del discurso del islam reformado y de la riqueza del subsuelo; los otros quedaron reducidos a minoría sospechosa en Malí, Níger, Argelia o Libia. Los saudíes pasaron de tiendas de campaña a rascacielos en apenas una generación; los tuaregs, pese a su orgullo, siguen arrastrando el peso de rebeliones sofocadas y promesas incumplidas. Lo que esta comparación enseña es que el destino de los pueblos nómadas no depende tanto de su modo de vida como de la capacidad de articular un relato político que los haga reconocibles y útiles a las grandes potencias. Los saudíes lo lograron con religión y petróleo; los tuaregs, despojados y dispersos, aún buscan un lugar en los mapas que otros dibujaron sin preguntarles.
Los sámi son pastores nómadas de renos, pescadores y cazadores. Su territorio, que llaman Sápmi, se extiende por lo que hoy es Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Esta zona es rica en minerales y representa una de las principales fuentes de ingresos del estado sueco, así como la producción del 50% de la electricidad, que procede de la energía hidroeléctrica de los ríos de la región. Por esta razón, el estado sueco y los sami han estado enfrentados en diferentes contenciosos, que siempre gana el estado, y en disputas academicas sobre “¿quién llegó primero, los suecos o los sami?”
Comenzando con los sámi, ellos se consideran a sí mismos como los primeros pobladores del norte de Escandinavia, habitantes autóctonos que ya estaban allí antes de la expansión de los pueblos germánicos (ancestros de los suecos y noruegos actuales). Este argumento es central en sus reivindicaciones modernas de derechos sobre la tierra Sápmi.
Lo que muestra la historia, la arqueología y la lingüística es lo siguiente. Tras la última glaciación hace unos 10.000–11.000 años, los primeros grupos humanos entraron en Escandinavia desde el sur, la actual Dinamarca y Alemania, y desde el noreste, a través de Finlandia y la península de Kola. Tanto los unos como los otros eran cazadores-recolectores que seguían renos y otros animales, no muy distintos de los ancestros lejanos de los sámi.
La lengua saami pertenece a la rama urálica (como el finés, el estonio y el húngaro), lo que indica que sus raíces están en pueblos que migraron desde las regiones próximas a los Urales. Se calcula que los ancestros de los sámi se asentaron de forma estable en el norte de Escandinavia hace unos 3.500 años, cuando su lengua ya se había diferenciado del proto-finés.
La cultura sámi como la entendemos hoy: caza, pesca, cría de renos, organización social basada en el siida o comunidad local parece consolidarse hacia el primer milenio de nuestra era. Antes eran cazadores de renos salvajes y pescadores; la cría de renos domesticados comenzó más tarde, hacia la Edad Media.
Durante el auge de los Estados-nación, algunos historiadores y políticos suecos defendían que los “suecos”, es decir, pueblos germánicos, habrían llegado al norte antes que los sámi, y que estos serían en realidad “recién llegados” desde el este, con origen en Rusia o Siberia. Esta interpretación servía para justificar políticas de asimilación: si los sámi no eran “los primeros”, entonces no podían reclamar un derecho ancestral sobre el territorio.
Pero la genética confirma lo que la memoria sámi ha sostenido: que su pueblo es mezcla y continuidad. En sus cuerpos se conserva un sustrato muy antiguo, paleoeuropeo, al que se suman aportes llegados de Siberia. No se trata de una sustitución, sino de un cruce, de una permanencia atravesada por encuentros.
Por eso, hoy la mayoría de los historiadores coinciden en que los sámi ya estaban asentados en el norte cuando los colonos agrícolas suecos y noruegos comenzaron a expandirse hacia esas tierras boreales, y ese avance no tuvo lugar hasta bien entrada la Edad Media. Los sámi no llegaron después, como pretendieron los viejos discursos nacionalistas, sino que estaban allí, con sus renos, sus rutas y su lengua, mucho antes de que la frontera del Estado quisiera fijar lo que siempre había sido territorio en movimiento.
No fue hasta bien entrados los años 70 cuando el Estado comenzó a hablar de los samis como un pueblo indígena. En 1998, la entonces ministra de asuntos sami, la socialdemócrata Annika Åhnberg, pidió disculpas en nombre del gobierno a los samis por el trato que habían recibido a lo largo de la historia. Sin embargo, aquella disculpa no supuso un cambio en la orientación política y los siglos de abusos y maltratos contra los sami quedaban en el aire.
La primera ley de pastoreo de renos fue adoptada por el Parlamento sueco en 1886. Se trataba de una legislación especial que exigía definir los derechos samis. La idea de que el sami nómada era el “auténtico” sami implicaba que civilización y pastoreo de renos no podían coexistir. Los nómadas debían ser separados del resto de la población para que la genuina cultura del pastoreo se preservara. Bajo el lema “lapp ska vara lapp” (“el lapón debe seguir siendo lapón”), se reorganizó el sistema escolar y los hijos de los samis nómadas fueron separados de los demás niños, incluso de aquellos que eran sami pero no nómadas por la reforma de la escuela nómada de 1913, y se les obligó a asistir a escuelas especiales para nómadas, separados de sus familias. Este es un caso que recuerda las circunstancias de los aborígenes en Australia.
Los samis que se habían asentado no eran considerados “auténticos” samis y quedaron excluidos de los derechos especiales establecidos en la ley de pastoreo. Desde la década de 1930 en adelante, cada vez más samis dedicados al pastoreo de renos fueron expulsados de esta actividad, principalmente debido a traslados forzosos y años de escasez. También ellos fueron excluidos de la legislación y debían ser asimilados activamente en la sociedad sueca. Pero allí se encontraban con un rechazo basado en creencias racistas, animadas por el mismo estado sueco.
El Instituto de Biología Racial de Suecia (Rasbiologiska institutet), fundado en 1922 en Uppsala, tuvo un papel especialmente controvertido en relación con los samis. Su objetivo era estudiar la “biología racial” de la población sueca y, en particular, la de los pueblos considerados minoritarios o diferentes, como los samis y los finlandeses. Bajo el paraguas de la ciencia racial, los investigadores medían cráneos, analizaban rasgos físicos y registraban características antropométricas, tratando de establecer jerarquías raciales que hoy sabemos carecían de base científica. Aquí, como un paréntesis, recuerdo a mis lectores que no hay ciencia que se libre del sesgo. Hasta la más estricta medición y el más cuidadoso experimento reflejan las preguntas que alguien decidió hacer, los límites que alguien impuso y las ideas que alguien tenía antes de empezar. La ciencia no nace en el vacío, siempre habla desde un lugar, desde una idea del mundo, y ese lugar y esa idea dejan su huella en cada resultado.
Los samis fueron objeto de numerosos estudios por los científicos en los que se les clasificaba como un grupo “primitivo” o “arcaico” frente a los suecos, reforzando estereotipos que legitimaban la discriminación y la asimilación forzada. Los resultados de estas investigaciones sirvieron de apoyo ideológico para políticas de control y segregación, incluidas las leyes de pastoreo de renos, la educación segregada y la limitación de derechos culturales.
Aunque el Rasbiologiska institutet cerró sus puertas en 1958, su legado persiste como recordatorio de cómo la ciencia puede ser utilizada para justificar la opresión. En el caso de los samis, estas investigaciones contribuyeron a reforzar la narrativa de que su cultura nómada debía ser “protegida” mediante separación y control estatal, en lugar de reconocida y respetada como un modo de vida legítimo. El historiador Lennart Lundmark es uno de los que se han interesado y han estudiado el pasado de los samis. En su libro “‘El lapón es cambiante, inestable e incómodo…’ – La política sami del Estado sueco en la era del racismo” presenta las formas de pensar denigrantes que prevalecían en Suecia durante el siglo XIX y la primera mitad del XX y argumenta cómo esta concepción se tradujo en acciones políticas que afectaron a los samis. Por ejemplo, sostiene que durante el siglo XVIII la administración provincial tenía permitido irrumpir en las tierras de los samis de manera contraria a la ley para fomentar nuevos asentamientos. Además, los recaudadores del Estado recibieron el derecho tanto de negar como de obligar a los samis a trasladarse desde sus comunidades sami.
Últimamente se les ha concedido a los sami un parlamento, fuertemente regulado y al que solo tienen acceso como votantes o parlamentarios los propietarios de renos, una pequeña minoría de los sami. Aunque se haya introducido una nueva concepción de lo que significa ser sami, la legislación sueca apenas ha cambiado. El control estatal sobre la cría de renos continúa y las formas de funcionamiento del Parlamento Sami están fuertemente reguladas por la ley del Parlamento Sami. El Parlamento Sami se convirtió tanto en un órgano elegido por el pueblo como en una autoridad subordinada al gobierno. El mismo día de su inauguración se liberalizó la caza menor en las montañas, a pesar de la oposición de las comunidades sami. Los samis todavía no tienen representación política en el Parlamento sueco. Hasta ahora, el Estado sueco no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se estima que hay entre 80.000 y 100.000 personas de ascendencia sami en Suecia, aunque no todos se consideran activos o están inscritos políticamente. De ellos, alrededor de 20.000–21.000 samis están registrados en el censo electoral del Sametinget y, por lo tanto, tienen derecho a votar en sus elecciones. Este registro es voluntario y requiere accreditar la ascendencia sami y la vinculación con la lengua, cultura o actividades tradicionales, como la cría de renos.
En 2009 demandó la aldea sami de Girjas, con el apoyo de la Asociación Nacional de los Samis de Suecia, al Estado sueco. Alegaban que la aldea tenía un derecho superior al del Estado en lo relativo a la caza y la pesca, y que, por lo tanto, debía tener en exclusiva la facultad de otorgar permisos para ello. El Estado, por su parte, sostenía que, como propietario de la tierra, era él quien tenía derecho a decidir sobre la caza y la pesca. En enero de 2020, el Tribunal Supremo dictaminó que la aldea sami tenía el derecho exclusivo de otorgar permisos de caza y pesca, basándose en la posesión inmemorial (urminnes hävd), un derecho jurídico que se fundamenta en el uso continuado de la tierra durante largos periodos de tiempo. El caso Girjas provocó fuertes reacciones dentro de la población sami, especialmente entre aquellos que no son miembros de una aldea sami o que no se dedican al pastoreo de renos.
Dejando a los sami, y pasando a algo completamente distinto pero acorde con lo que estoy escribiendo sobre los pueblos trashumantes sin estado, Muamar Gadafi en Libia, el enemigo de EEUU número uno, hasta su muerte, promovió programas de desarrollo para las comunidades beduinas, como la construcción de viviendas, provisión de agua, educación y transporte, intentando integrar sus formas de vida tradicionales con los intereses del Estado. La ideología de Gadafi sobre la “Gran Libia Árabe” incluía la glorificación de los nómadas como símbolo de libertad y resistencia, lo que les otorgaba cierto estatus privilegiado dentro de su país.
También podemos decir algo similar de Saddam Hussein en Irak, donde los beduinos tenían un rol estratégico en las zonas desérticas del país, sobre todo en el sur y en la frontera con Arabia Saudí y Kuwait. El régimen de Saddam les proporcionó ayudas económicas, empleo en el ejército y seguridad jurídica para sus territorios. El dictador irakí veía en ellos un contrapeso útil frente a otras tribus y grupos políticos, además de reconocer su valor histórico como guardianes de rutas y tradiciones.
Hoy, en el escenario mundial, la defensa de los pueblos indígenas y de aquellos que no tienen un estado propio se articula principalmente a través de la ONU y de algunas organizaciones internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU vigila que se respeten los derechos humanos y recibe denuncias sobre violaciones cometidas contra estas minorías, actuando como un observador y denunciante global. En 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fijó principios fundamentales: autodeterminación, propiedad de la tierra, respeto a la cultura, educación y participación política, aunque, al no ser vinculante, depende de la buena voluntad de los Estados.
El Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, creado en 2000, asesora a la ONU, impulsa la participación de los pueblos indígenas en decisiones globales y organiza conferencias anuales para visibilizar sus derechos. Además, un Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, independiente, investiga violaciones, emite recomendaciones y elabora informes sobre su situación.
A esto se suman las ONGs internacionales, como Amnistía Internacional, Survival International, Cultural Survival o Minority Rights Group, que colaboran con la ONU y con gobiernos para proteger territorios, culturas y derechos políticos de estas comunidades.
En la práctica, la defensa de los pueblos indígenas combina instrumentos jurídicos internacionales, presión diplomática y visibilización pública. Pero, como suele ocurrir, los avances dependen de la voluntad política de los Estados y del reconocimiento legal de estos pueblos en sus propios territorios. La lucha por la justicia no es automática; requiere constancia, observación y denuncia, en un mundo que todavía olvida con demasiada facilidad a quienes fueron los primeros habitantes.
Suecia, un país que a menudo se nos presenta como modelo de derechos humanos, no ha escapado a la mirada crítica de los organismos internacionales cuando se trata de su trato hacia los pueblos sami. Las críticas no son meras formalidades: señalan lagunas importantes en la protección de los derechos territoriales, en la consulta previa sobre proyectos de desarrollo y en la defensa frente a delitos de odio y discriminación racial.
En 2024, el Consejo de Europa y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresaron su preocupación por las insuficientes garantías que protegen a la población sami. Destacaron, por ejemplo, la ausencia de consultas adecuadas en proyectos como la minería en Gállok, donde se altera un territorio tradicionalmente ocupado y gestionado por los sami. Esto lo ha criticado también Amnesty International.
Antes de eso, en 2021, la Comisión de la Verdad establecida por el gobierno sueco se ocupó de investigar los abusos históricos hacia los sami. Los testimonios recogidos evidenciaron cómo generaciones de sami se sintieron ignoradas, privadas de sus derechos territoriales y culturales, y sometidas a políticas que pretendían asimilarlos o marginarlos.
En 2022, los Relatores Especiales de la ONU en derechos de los pueblos indígenas y medio ambiente criticaron nuevamente la concesión minera en Gállok, señalando que la falta de consulta con las comunidades afectadas vulnera los derechos de estos pueblos, según Amnesty International
Y más recientemente, en 2024, también Amnistía Internacional, destacó la insuficiente protección de los derechos de los pueblos indígenas en Suecia, denunciando la ausencia de medidas efectivas contra los delitos de odio dirigidos a los sami y la persistencia de discriminación racial sistémica (Amnesty International.
Estas advertencias muestran que Suecia aún tiene un largo camino por recorrer. Los derechos sami no pueden depender de buenas intenciones o de políticas episódicas; requieren medidas firmes que aseguren la consulta previa, la protección de sus territorios y el reconocimiento pleno de su cultura y ciudadanía. Sin estas garantías, el coro sueco de derechos humanos sigue sonando incompleto, y los sami siguen escuchando un eco que no refleja plenamente su voz.
Tuve una estudiante de magisterio que hizo sus prácticas conmigo, en el Instituto Vipan, que era sami y una gran activista de los derechos de su pueblo, con parientes que habían vivido la exclusión y el maltrato que la sociedad mayoritaria les había dado. Me despertó el interés por esta cuestión, sobre todo, habiéndome dedicado durante muchos años al estudio de la situación de los vascos y los catalanes. No es que yo quiera aquí comparar los sami con los vascos o catalanes, pero la situación de pueblos sin estado propio, deja algunas similitudes, sobre todo en el relato de vascos y catalanes, claro.
También conocí a un joven matemático, Miguel Ganzo Mateo, que pasó mucho tiempo en Sapmi y escribió una novela buenísima que recomiendo: “Sesenta metros cuadrados”. Si estáis interesados, abajo encontraréis un enlace que os llevará a una versión auditiva. Bueno, os dejo por hoy. Hasta mañana.
Urfolksrätt och samers mänskliga rättigheter – Institutet för mänskliga rättigheter
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