Siempre me he considerado un pacifista. No me gustan las armas y la disciplina militar me repele. Considero que no deberíamos gastar tanto en armamento, mientras hay gente que no tiene para comer. Pero, a la vista de los últimos acontecimientos en la escena internacional, me veo obligado a matizar.

Es importante que no existan zonas del mundo con una debilidad defensiva marcada porque el sistema internacional es interdependiente: cuando una región no puede defenderse, aumenta la tentación de otros actores a modificar la realidad por la fuerza. La historia muestra que el uso de la fuerza no suele surgir de la maldad, sino de los incentivos. Un territorio que no puede defenderse invita a la agresión, genera vacíos de poder, fomenta la aparición de intermediarios violentos y desestabiliza el comercio y las rutas energéticas. La paz depende menos de la ausencia de amenazas que del coste de atacar; cuando ese coste es bajo, la guerra deja de ser improbable. Además, la debilidad defensiva suele desencadenar lo contrario de lo que se espera: provoca carreras armamentísticas entre los vecinos y obliga a terceros a intervenir para rellenar el vacío, creando una dinámica imperial o protectora por necesidad. No es un argumento militarista sino estructural. También existe un riesgo político: los territorios estratégicamente vulnerables tienden a sacrificar derechos y libertades en nombre de la supervivencia, porque la libertad rara vez prospera donde las instituciones no están protegidas. Por eso las grandes potencias históricas siempre han buscado eliminar “agujeros” vulnerables en su entorno, porque la debilidad defensiva local produce inseguridad global y, paradójicamente, es la fuerza para disuadir la que evita tener que usarla.

Un ejemplo histórico útil para entender este fenómeno es el comportamiento de Hitler hacia Francia en 1936, cuando ordenó la remilitarización de Renania, un territorio desmilitarizado por el Tratado de Versalles y reforzado por el de Locarno, para comprobar si había voluntad real de defensa. Hitler instruyó a sus generales a retirarse inmediatamente si Francia intervenía militarmente, lo que revela que no buscaba la guerra, sino medir el coste de la agresión. La ausencia de respuesta francesa hizo ver que el precio de avanzar era bajo y, por tanto, que el uso de la fuerza podía convertirse en una herramienta rentable. A partir de ese momento, el cálculo geopolítico cambió: lo que hasta entonces era impensable se volvió factible, y la prudencia internacional empezó a interpretarse como debilidad estructural. Esa lectura abrió el camino a otras exigencias territoriales, Sarre, Austria, Sudetes, no porque Hitler se volviera súbitamente más agresivo, sino porque había comprobado que nadie estaba dispuesto a pagar el precio de detenerlo. Francia no carecía de ejército; carecía de voluntad política. Y en política internacional la voluntad es parte de la defensa.

En la actualidad, el gran problema de la defensa europea no es la falta de armas, ni siquiera la falta de presupuesto, sino que Europa no controla el dominio del espacio, que es donde se produce la información detallada que determina cómo se combate hoy. Los sistemas modernos de defensa, desde la artillería de precisión hasta los misiles balísticos, los drones y las defensas antiaéreas, dependen de una cadena continua de datos: imágenes satelitales, radares orbitales, posicionamiento, comunicaciones seguras y capacidad de seguimiento de objetivos en tiempo real. Sin esa información no se sabe exactamente dónde atacar, qué defender, ni cuándo. Y ese “ojo estratégico” está hoy en manos casi exclusivas de Estados Unidos. Europa puede fabricar carros de combate, artillería, submarinos o cazas, pero sin constelaciones de satélites propias, sin inteligencia orbital autónoma y sin sistemas de mando y control integrados, esos medios quedan parcial o totalmente ciegos. Esa asimetría convierte a Europa en un actor militar subordinado: puede pelear, pero solo si Washington le presta la vista y los oídos. En un mundo donde la velocidad de la información decide la guerra antes de que los políticos puedan reaccionar, esa dependencia no es solo militar, es existencial.

Respecto a Groenlandia, considero que lo mejor para todos y para mantener la paz sería alcanzar un arreglo internacional semejante al que regula la Antártida. La lógica es sencilla: cuando un territorio es demasiado estratégico para que su posesión resulte aceptable para las potencias en competencia, la única manera de preservar la estabilidad es desactivar el incentivo de apropiación y convertirlo en una zona neutralizada. En el caso de Groenlandia, esto significaría retirar el territorio del tablero geopolítico clásico, es decir, fuera de los planes de compra, anexión, explotación unilateral o uso militar, y transformarlo en una esfera destinada a la investigación científica, la cooperación internacional y la gestión compartida.

Este fue el espíritu del Tratado Antártico, que desde 1959 mantiene al continente austral libre de militarización, libre de soberanías en expansión y abierto a la ciencia. Este tratado ha sido, a mi entender, uno de los instrumentos más eficaces de paz territorial del siglo XX. Aplicar algo parecido al Ártico, y en particular a Groenlandia, tendría un valor inmenso, porque evitaría que la región se convierta en el escenario de la próxima rivalidad mayor entre Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Un régimen de este tipo impediría que la riqueza mineral, las rutas marítimas emergentes por el deshielo y el posicionamiento estratégico espacial-militar desencadenasen una carrera por el control del territorio.

Es evidente, no obstante, que Groenlandia presenta diferencias importantes. Para empezar, a diferencia de la Antártida, tiene población, instituciones locales, recursos explotables y bases militares estadounidenses ya instaladas. Por eso, un régimen internacional inspirado en el modelo antártico tendría que encontrar soluciones adaptadas, tal vez más próximas al Tratado de Svalbard de 1920, donde Noruega conserva la soberanía, pero otros Estados mantienen derechos económicos y existe una forma de desmilitarización. En cualquier caso, lo esencial sería incorporar como actores plenos a los propios groenlandeses, especialmente a la población inuit, para evitar que la neutralización internacional del territorio se convierta en una forma disimulada de tutela colonial.

Lo que está en juego no es tanto la propiedad simbólica de una isla como el tipo de orden que reinará en el Ártico en las próximas décadas. La militarización del hielo, la explotación unilateral de minerales estratégicos y el control exclusivo de las rutas polares no traerían prosperidad sino conflicto. Por el contrario, un régimen compartido desactivaría la lógica de suma cero y permitiría que la región fuera un laboratorio científico y diplomático. En este sentido, el modelo antártico, o un modelo derivado, aparece como la solución más elegante, más pragmática y más estable para evitar que Groenlandia pase de ser un territorio frío a ser un foco caliente de la geopolítica global.