Apenas acabar de publicar ayer la entrada sobre las revueltas cuando comenzaron a llegarme comentarios en diferentes foros y en mi página web. Algunos lectores querían recordarme que muchas revueltas sí habían logrado cambiar radicalmente las estructuras de poder de sus respectivas sociedades. Hay quien me recuerda que la Revolución de Octubre, la rusa, consiguió cambiar el sistema. Y estoy dispuesto a admitir que así fue, al menos durante aquellos meses locos en los que soldados y campesinos celebraban la posibilidad de poner fin a una guerra mortífera que había destrozado sus vidas.
Pero creo que no debemos olvidar las circunstancias excepcionales que hicieron posible aquella revolución. El éxito de los bolcheviques se debió en gran parte al caos provocado en el imperio ruso, primero por la guerra perdida contra Japón y más tarde por la Primera Guerra Mundial, que tan mal le iba en 1917. Millones de soldados habían sido movilizados, las bajas se acumulaban, faltaban alimentos y material militar, y la deserción se extendía por un ejército cada vez menos dispuesto a seguir sacrificándose por un régimen que había perdido buena parte de su autoridad. En febrero de 1917, el zar Nicolás II se vió forzado a abdicar. El Gobierno provisional que le sucedió tampoco fue capaz de satisfacer las demandas de paz, pan y tierra.
Cuando Lenin y los bolcheviques tomaron el poder en octubre, no se encontraron ante un Estado sólido al que tuvieran que derribar desde sus cimientos, sino ante un edificio cuyas estructuras se habían resquebrajado durante años de guerra. La consigna de paz, tierra y pan conectaba con las aspiraciones de millones de personas agotadas por el conflicto. La revolución no se explica sin esas aspiraciones, pero tampoco sin el derrumbe del Estado que las había frustrado.
Aquí aparece una cuestión que me interesa especialmente. ¿Fue la Revolución de Octubre la expresión de una voluntad popular capaz de transformar por sí misma la sociedad, o fue también el resultado de una coyuntura extraordinaria que permitió a una organización revolucionaria hacerse con el poder cuando las instituciones habían perdido su capacidad para gobernar?
Los bolcheviques lograron sin lugar a duda construir un Estado nuevo y transformar profundamente la economía y las relaciones sociales. No se puede negar ese resultado. Sin embargo, el poder terminó concentrándose en el Partido Comunista, y los soviets, que habían representado una forma de participación de trabajadores y soldados, perdieron progresivamente su autonomía. La revolución que prometía emancipar a las clases trabajadoras acabó creando un sistema político autoritario. Décadas después, en 1991, la Unión Soviética desapareció.
No quiero decir con ello que todo volviera a ser como antes. Sería absurdo negar la profundidad de los cambios producidos desde 1917. Lo que me pregunto es otra cosa: ¿hasta qué punto la transformación fue obra de la movilización popular y hasta qué punto el poder conquistado por los revolucionarios acabó sustituyendo la voluntad de quienes habían hecho posible la revolución?
Quizá sea necesario distinguir entre la capacidad de una revuelta para derribar un orden establecido y la capacidad de quienes participan en ella para decidir qué orden ocupará su lugar. Porque una cosa es abrir una brecha en el poder y otra muy distinta impedir que, a través de ella, se construya una nueva estructura tan opresora o más que la anterior.
Es triste contemplar cómo una pequeña fracción de activistas se apoderó de la voluntad popular. En enero de 1918, los bolcheviques disolvieron la Asamblea Constituyente, elegida por sufragio universal. En las elecciones de finales de 1917, los socialrevolucionarios, con un importante apoyo campesino, habían obtenido más votos y escaños que los bolcheviques.
Los bolcheviques argumentaron que los soviets representaban una forma de democracia más revolucionaria y que la Asamblea no reflejaba la nueva situación política. Pero la consecuencia práctica fue que el pluralismo electoral quedó subordinado al monopolio político del partido. La aspiración popular de que la población pudiera elegir entre distintas opciones socialistas y decidir quién la gobernaba, quedó traicionada.La revolución se hizo en nombre de la soberanía popular, pero el partido no aceptó que una elección pudiera limitar su poder.
En marzo de 1921, apenas cuatro años después de la Revolución de Octubre, los marineros de Kronstadt se levantaron contra el Gobierno bolchevique. Muchos habían apoyado la revolución. No pretendían restaurar el zarismo: exigían soviets elegidos libremente, nuevas elecciones y mayores libertades políticas. También había huelgas y protestas obreras en Petrogrado. Lenin y Trotski respondieron con la fuerza militar y aplastaron la rebelión. El episodio mostró que quienes habían llegado al poder prometiendo el gobierno de los soviets estaban dispuestos a disparar contra trabajadores y marineros que reclamaban precisamente una mayor autonomía de esos mismos consejos.
La promesa de “tierra” para el que la cultiva había sido fundamental para atraer a millones de campesinos hacia la revolución. En los primeros años, las grandes propiedades fueron expropiadas y la distribución de tierras respondió a una demanda campesina real. Pero a partir de 1929, Stalin impuso una colectivización forzosa. Las explotaciones campesinas se integraron en granjas colectivas y estatales; quienes se resistieron sufrieron deportaciones, confiscaciones y represión. El Estado exigía entregas de grano y subordinaba la producción agrícola a sus objetivos de industrialización.
La política contribuyó a la devastadora hambruna de 1932-1933, que afectó especialmente a Ucrania y también a otras regiones soviéticas. Las requisiciones y las medidas represivas agravaron la catástrofe. Hay historiadores que aún debaten algunos aspectos de sus causas y de la intención específica de Stalin, pero la responsabilidad de las políticas estatales en la intensificación de la hambruna está ampliamente documentada. La aspiración de los campesinos de poder vivir de la tierra y decidir cómo trabajarla quedó tricionada. En nombre de su emancipación, el Estado les arrebató buena parte del control sobre su trabajo y sus cosechas.
Y resultaría muy aburrido para vosotros si yo tratara de enumerar todas las promesas rotas que los gobiernos de izquierdas, surgidos de revueltas y revoluciones, han empleado para mobilizar a las masas. Sí, las masas. Me paro aquí para explicar el termino, porque me parece que tiene su importancia. En política, la palabra masa o masas se utiliza para designar a un conjunto numeroso de personas que, más allá de sus diferencias individuales, adquieren una relevancia colectiva en la vida social y política. No se trata de una clase social determinada ni de un grupo que necesariamente comparta las mismas ideas, sino de una forma de referirse a la población cuando actúa, se moviliza o es movilizada como una fuerza colectiva.
Las masas pueden salir a la calle para protestar, participar en una revolución, apoyar a un dirigente o expresar su descontento con el sistema político. Aunque a veces se las presenta como una multitud uniforme, en realidad están compuestas por personas con intereses, experiencias y aspiraciones diferentes. En el análisis político, hablar de las masas exige preguntarse quiénes las integran, qué las mueve, cómo se organizan y quién pretende representarlas. Una cosa es que millones de personas participen en un movimiento y otra muy distinta que todas compartan un mismo proyecto o que quienes hablan en su nombre tengan realmente su consentimiento.
Alexis de Tocqueville advirtió sobre la tiranía de la mayoría, capaz de imponer no solo decisiones políticas, sino también una presión social que silencie las opiniones discrepantes. John Stuart Mill defendió la libertad de expresión precisamente porque ninguna opinión, por mayoritaria que sea, debe quedar exenta de crítica. Pero la tradición democrática también reconoce que los ciudadanos pueden aprender unos de otros, descubrir injusticias que individualmente no percibían y organizarse para modificar unas condiciones que no podrían transformar por separado.
Una de las obras más influyentes sobre esta cuestión fue Psicología de las masas, publicada por Gustave Le Bon en 1895. Le Bon sostenía que, al integrarse en una multitud, el individuo podía experimentar una disminución de su sentido crítico y volverse más susceptible a la sugestión, el contagio emocional y el liderazgo carismático. Su teoría influyó en el pensamiento político posterior, pero también debe leerse críticamente: sus generalizaciones sobre las multitudes son discutibles y no constituyen una ley científica universal. Las investigaciones posteriores han mostrado que los manifestantes no pierden necesariamente su capacidad racional; con frecuencia actúan de acuerdo con identidades compartidas, objetivos reconocibles y decisiones conscientes.
El filósofo danés Søren Kierkegaard formuló una crítica radical de la opinión pública. Para él, la multitud podía convertirse en una abstracción que permitía al individuo eludir su responsabilidad personal. Cuando alguien se escuda en lo que todos piensan o hacen, deja de responder plenamente por sus propias decisiones. Friedrich Nietzsche compartió parte de esa desconfianza, aunque desde otra perspectiva: criticó la moral del rebaño, la tendencia a convertir la conformidad en virtud y la sospecha hacia quien se aparta de los valores dominantes. Su preocupación no era simplemente que muchos estuvieran equivocados, sino que la presión social pudiera impedir el nacimiento de individuos capaces de pensar por sí mismos. Hoy vemos a diario que solo se permite una opinión, y el que se atreve a no seguir la corriente, queda cancelado.
José Ortega y Gasset retomó parte de esta problemática en La rebelión de las masas (1930). Su preocupación era la expansión del hombre-masa: un tipo humano que, satisfecho con sus derechos y posibilidades, considera que no necesita justificarse, aprender ni someter sus opiniones a examen. No identificaba simplemente a las masas con las clases populares. Una persona de cualquier clase social podía convertirse en hombre-masa si renunciaba a la exigencia intelectual y moral sobre sí misma. Frente a él, Ortega defendía una sociedad en la que el ejercicio de los derechos fuera acompañado por la responsabilidad, la formación y el esfuerzo.
Hannah Arendt, al estudiar los orígenes del totalitarismo, introdujo una distinción fundamental. Las masas políticamente disponibles para los movimientos totalitarios no son necesariamente lo mismo que una multitud reunida para una protesta. En determinadas circunstancias históricas, el aislamiento social, la pérdida de vínculos comunes y la sensación de carecer de influencia pueden hacer que algunas personas busquen una explicación total del mundo y se entreguen a un movimiento que les ofrece identidad, pertenencia y una interpretación aparentemente coherente de la realidad. El peligro aparece cuando la ideología y la organización política sustituyen la experiencia, el juicio y la pluralidad por una única verdad incuestionable.
La crítica de la sociedad de masas también adquirió una dimensión distinta con los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Theodor W. Adorno y Max Horkheimer analizaron cómo la industria cultural podría estandarizar gustos, convertir la cultura en mercancía y favorecer formas de conformismo. No se trataba únicamente de que una multitud se deje arrastrar por una emoción repentina, sino de que los medios de comunicación y las estructuras económicas pueden moldear de manera persistente lo que la gente considera deseable, normal o posible. Más tarde, el recientemente fallecido Jürgen Habermas defendería la importancia de una esfera pública en la que las personas pudieran contrastar argumentos y formar opiniones mediante la deliberación, en lugar de limitarse a consumir mensajes o seguir consignas.
Yo me pregunto si sería posible que Habermas coincidiera conmigo en que esa esfera pública ya existe, en internet, que es lo que yo utilizo para comunicarme con vosotros. Para Habermas, la esfera pública es el espacio en el que los ciudadanos pueden discutir asuntos de interés común, contrastar argumentos y formar una opinión pública capaz de influir en el poder político. Su ideal exige, al menos, que las personas puedan participar sin coacciones, que los argumentos se valoren por sus méritos y no por el prestigio de quien los formula, y que los participantes estén dispuestos a revisar sus opiniones ante mejores razones. Aunque ahí ya no creo yo que hemos llegado aún.
La investigación académica ha encontrado que en algunos espacios digitales existe un intercambio genuino de argumentos y críticas racionales. El problema no es que Internet sea incapaz de producir deliberación, sino que esa posibilidad convive con importantes obstáculos. No obstante, existen argumentos para decir que esas mismas esferas dificultan el diálogo democratico. Las plataformas comerciales necesitan atraer y retener usuarios. La indignación, la polémica y los mensajes emocionalmente intensos generan mucha interacción. Pero una publicación que provoca miles de reacciones no tiene por qué aportar más conocimiento que un ensayo leído por cien personas.
Otro problema que surge de los nuevos medios es que tendemos a relacionarnos con personas que comparten nuestras opiniones. Los sistemas de recomendación pueden reforzar ciertas preferencias y crear públicos parcialmente separados, con distintas fuentes de información y diferentes interpretaciones de los mismos acontecimientos. La magnitud de estos efectos varía según la plataforma y el contexto: no toda red constituye una cámara de eco. No es fácil llegar a mi blog y los que llegan, parece que comparten algunas de mis opiniones. En este caso concreto, parece que encuentro algún tipo de polémica, algo que me complace, porque para eso mismo nació este blog.
En teoría, todos podemos publicar. En la práctica, unos tienen millones de seguidores, equipos de comunicación y recursos económicos, mientras otros apenas consiguimos ser escuchados. La igualdad formal para hablar no garantiza una influencia comparable. Aquí enlazo con mi reflexión de ayer sobre las movilizaciones y la Puerta del Sol.
Internet permite que personas aisladas descubran que comparten un problema. Alguien publica un caso de desahucio, otros aportan testimonios, una organización convoca una concentración y miles de personas se movilizan. La red hace posible que una experiencia privada se transforme en una cuestión pública.
Hay también una segunda dinámica. Una vez formada la comunidad, sus integrantes pueden comenzar a compartir consignas, símbolos e interpretaciones comunes. Los mensajes que refuerzan la identidad colectiva circulan con facilidad, mientras que las voces discrepantes pueden quedar relegadas o ser recibidas con hostilidad.
Así, Internet puede actuar tanto como instrumento de emancipación ciudadana como mecanismo de movilización emocional y disciplina colectiva. La diferencia no depende únicamente de la tecnología: también depende de los organizadores, de las reglas de cada espacio y de la disposición de los participantes a escuchar y rectificar.
La filósofa política Jane Mansbridge y otros teóricos de la democracia deliberativa han insistido, además, en que la deliberación no tiene por qué adoptar siempre la forma de una conversación serena y académica. La protesta, el testimonio personal y la expresión de la indignación también pueden revelar injusticias que un debate aparentemente racional había ignorado. El desafío consiste en conectar esas expresiones con procesos en los que las afirmaciones puedan contrastarse y las decisiones justificarse.
¿Podemos construir una esfera pública más habermasiana? Sí, diría yo, pero no basta con que todo el mundo tenga una cuenta en una red social. Necesitamos espacios diseñados para favorecer la calidad del debate, no solo la cantidad de interacciones. Eso implica exigir transparencia sobre cómo se recomienda el contenido, facilitar la consulta de fuentes, proteger la expresión de opiniones minoritarias y crear foros donde las personas puedan argumentar sin que cada desacuerdo se convierta en una batalla por la identidad. También exige educación: saber distinguir información de propaganda, reconocer una falacia, verificar una fuente y admitir que podemos estar equivocados.
El problema es político además de tecnológico. Como sostiene la filósofa Simone Chambers en su análisis de la democracia deliberativa digital, la fragmentación de la esfera pública no puede explicarse únicamente por el funcionamiento de los algoritmos: también intervienen actores políticos que pueden tener interés en polarizar el debate.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-8675.12662?
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