En muchas ciudades suecas, los mapas oficiales muestran barrios con calles ordenadas, jardines y parques, pero la realidad que viven sus habitantes es otra. En zonas donde el Estado ha dejado vacíos, ya sea por falta de inversión, desorganización escolar, servicios sociales débiles o ruptura de la comunidad, se ha instalado una fuerza paralela: las bandas criminales. No llegan de golpe ni anuncian su presencia. Se mueven con precisión, ocupando cada hueco donde la autoridad es débil y la supervisión escasa; el vacío no existe en la sociedad. Y allí, en el corazón de lo que debiera ser un territorio seguro, enseñan a los niños a obedecer, a vigilar, a traficar y, finalmente, a matar.

Estas bandas no actúan como los adultos imaginan: no se trata solo de dinero, sino de control absoluto del espacio y de las vidas que lo habitan. Cada calle, cada esquina, cada tienda es tomada como territorio propio. La educación formal desaparece en la práctica; la ley queda reducida a un recuerdo distante. Los jóvenes aprenden rápidamente que las reglas que importan no están en la escuela ni en la casa, sino en la jerarquía que impone la violencia. La obediencia es directa, clara, inmediata. La lealtad a la banda reemplaza la lealtad a la comunidad. La sociedad y sus representantes oficiales, policía, servicios sociales y hasta los servicios de emergencias, abandonan la zona. Sus habitantes quedan como rehenes o criminales.  

El fenómeno no se limita a adolescentes mayores; incluso niños de doce o trece años, en ocasiones hasta de diez, son reclutados para tareas de vigilancia, transporte de armas, entrega de drogas o participación en ajustes de cuentas. La edad baja porque las bandas explotan la debilidad legal: menores de quince años no pueden ser, hasta ahora, responsables penalmente como adultos. Niños menores de 15 años no son penalmente responsables y sus delitos no aparecen en las estadísticas criminales suecas, hasta ahora. Así, los niños se vuelven “útiles”: enseñados a la violencia, protegidos por la ley, moldeados en la obediencia, mientras sus vidas quedan atrapadas en una estructura que los prepara para matar o ser asesinados.

El Estado interviene demasiado tarde. Cuando los servicios sociales, la policía o la escuela logran acercarse, los jóvenes ya están atrapados en un mundo paralelo que les ofrece identidad, reconocimiento y poder inmediato. El resultado es brutal: homicidios cometidos por menores, heridos en lugares públicos, miedo extendido, y una sensación generalizada de que la violencia ha ocupado huecos donde la sociedad debería estar. La ocupación de estas zonas por bandas criminales es, repito, un problema de vacío social: mientras el Estado deja espacios sin apoyo, educación ni presencia estable, otros actores enseñan normas opuestas, donde la fuerza sustituye la razón y la violencia se convierte en lenguaje. Y en esas calles, cada niño que cae en la obediencia ciega es a la vez víctima y perpetrador, atrapado en un sistema que lo utiliza antes de que pueda comprender su responsabilidad.

Suecia, como país, enfrenta así un dilema profundo: no basta con aumentar la vigilancia o endurecer penas. No basta con la apariencia de seguridad. La única manera de enfrentar el problema es volver a llenar esos vacíos, con presencia educativa, social y comunitaria constante, antes de que la violencia se enseñe, se naturalice y se multiplique.

Niños que todavía deberían jugar, ya aprenden a disparar, a acechar, a matar. La sociedad sueca los observa como desde fuera, con leyes y protocolos que prometen contención y justicia, pero que siempre llegan un instante demasiado tarde. Porque cuando un chico de trece años recibe de un adulto un arma, cuando le dan la orden de disparar y alguien muere, el Estado no ha llegado a tiempo, la sociedad no ha intervenido cuando podía y debía, la escuela dejó de existir como territorio protector. Lo que queda es la vida tomada y la infancia arrebatada, la identidad del niño ya colonizada por la violencia de otros. No es solo el crimen en sí; es la secuencia que lo precede. Los sistemas sociales, la escuela, la familia, la asistencia social, que deberían funcionar como redes, pero que en muchos barrios esas redes se rompen. La banda criminal ocupa el espacio vacío, ofrece pertenencia, reglas claras, un sentido de poder instantáneo, poder adquisitivo. Y así, antes de que los adultos podamos actuar, los chicos ya han aprendido un lenguaje más firme que cualquier ley: el de la sangre y el miedo.

El Estado puede enviar a esos niños a centros cerrados, a internamientos prolongados, a vigilancia constante. Puede castigar, separar, aislar. Pero no puede retroceder el tiempo, no puede borrar lo que ya se imprimió en sus manos y en su mirada. Solo puede intentar reconstruirlo, guiarlos hacia un mundo donde las armas y la obediencia ciega no sean las únicas respuestas. Es un trabajo de años, de paciencia, de constancia que exige más que leyes y cárceles: exige presencia y vínculo.

Y mientras la sociedad mira las estadísticas y el horror mediático, se olvida con frecuencia de que cada menor que mata ya es víctima del mundo que lo dejó solo. La justicia aquí no es solo castigo: es la urgencia de crear tejido donde solo había vacío, de que el orden y la razón lleguen antes de que la violencia se enseñe y se repita. Porque cada minuto que el Estado llega tarde, un niño más aprende a matar y una vida más desaparece.

El actual gobierno ha decidido reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años para ciertos delitos graves, como el asesinato y atentados con bombas de gran magnitud. La medida será temporal, por un período de cinco años. Suecia no esta sola en Europa en tener una edad de responsabilidad penal para menores de 15 años, en Irlanda, la edad de responsabilidad penal es de 12 años, y de 10 años para ciertos delitos graves. En los Países Bajos es de 12 años y en Inglaterra de 10.

Esta reducción de la edad de responsabilidad penal se puede defender por tres razones. La primera, porque cuanto antes se apliquen las medidas adecuadas, mayor es la posibilidad de que un niño abandone un estilo de vida criminal. Al reducir la edad de responsabilidad penal, se dota de herramientas legales a la policía y al sistema penitenciario juvenil en una etapa más temprana.

La segunda razón, es que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos frente al delito. Sanciones como servicios comunitarios juveniles, internamiento juvenil, supervisión juvenil o prisión permiten un mayor control y medidas preventivas de reincidencia. Así se puede proteger mejor a todas los que respetan la ley, al mismo tiempo que se les da a los jóvenes delincuentes la oportunidad de dejar atrás la criminalidad. La tercera razón es que, la sanción es importante para la reparación del daño a la víctima.

Lo más importante es la prevención, y yo he escrito una moción al respecto, para tratar de detectar donde tenemos jóvenes con necesidad de apoyo para evitar caer en las redes criminales o, si ya han caído, darles la oportunidad de abandonarlas y reinsertarse en la sociedad. Mi propuesta es la siguiente:

Establecer “Centros de Seguridad” a nivel municipal, donde escuela, servicios sociales, policía y sociedad civil colaboren para identificar y apoyar a niños y jóvenes que corran riesgo de caer en la criminalidad. Existen varios indicadores que pueden señalar que un joven se encuentra en la zona de riesgo o que ya ha sido involucrado en actividades delictivas. Estos factores pueden ser tanto individuales como estructurales. Entre los principales indicadores se encuentran la falta de escolarización, ausencias repetidas, malas calificaciones o abandono escolar, que por sí solos o combinados están fuertemente asociados con un mayor riesgo de criminalidad. También un entorno familiar inestable, violencia doméstica, abuso de sustancias por parte de los padres o falta de apoyo adulto son también indicadores fuertes de que los jóvenes se encuentran en riesgo de involucrarse en delitos a temprana edad.

La función de los Centros de Seguridad será, además del propio mapeo y seguimiento, ofrecer programas de mentoría y actividades educativas, lúdicas y culturales para jóvenes en áreas vulnerables, con enfoque en educación, desarrollo personal y oportunidades de carrera.

Además, es necesario incrementar el número de policías locales en los barrios vulnerables para crear confianza entre los habitantes y la policía. También se deben contratar más orientadores comunitarios preventivos (trabajadores sociales con arraigo local) que actúen como puentes entre la comunidad y los jóvenes en riesgo, e implementar un programa nacional de apoyo a asociaciones que trabajen en prevención del delito, como actividades recreativas, grupos de apoyo y mediación.

La financiación debería cubrirse mediante la redistribución de recursos de programas estatales ineficaces hacia intervenciones locales con efecto medible, así como mediante mayor colaboración con actores privados y fondos de la UE para proyectos relacionados con la seguridad.