Ayer fue Bettino Craxi, hoy hablamos de Zapatero, aunque aún no sabemos nada más de que este último está llamado a declarar como imputado. Cualquier diario español que consultemos estará lleno de presunciones, acusaciones, implicaciones o, en el caso de los medios autollamados “progresistas”, cortinas de humo y pelotas a la banda. El caso es, que parece que la política en general y especialmente en el sur de Europa, es susceptible de corrupción.

La corrupción, en términos generales, es, como sabemos, el uso del poder público o de una posición de autoridad para obtener un beneficio privado indebido, ya sea económico, político o incluso de influencia. Aparece cuando alguien que tiene la responsabilidad de actuar en nombre del interés común rompe las reglas establecidas para favorecer intereses particulares, y puede adoptar muchas formas, como el soborno, la malversación de fondos públicos, el nepotismo, el tráfico de influencias, el fraude en contratos públicos o la financiación ilegal de partidos. En este último caso, la corrupción no se produce solo en la administración directa del dinero público, sino en el vínculo entre política y poder económico, cuando empresas, grupos de interés o particulares aportan recursos a un partido de manera oculta o irregular a cambio de favores futuros, contratos, decisiones favorables o acceso privilegiado a la toma de decisiones.

Este tipo de corrupción es especialmente relevante porque afecta al funcionamiento mismo del sistema democrático, porque introduce una desigualdad de influencia entre actores que no depende del voto ciudadano sino de la capacidad de financiar políticamente a las organizaciones. En general, la corrupción no depende únicamente de la moral individual, sino también de las condiciones del sistema: cuanto mayor es la concentración de poder, menor la transparencia, más débiles los controles y más estrecha la relación entre política y recursos económicos, mayor es el riesgo de que aparezca.

Por eso los sistemas democráticos intentan limitarla mediante la separación de poderes, la fiscalización independiente, la prensa libre y las leyes de transparencia, aunque nunca puede eliminarse por completo. En última instancia, la corrupción puede entenderse como una distorsión del interés público en beneficio privado dentro de una estructura de poder, que no destruye necesariamente el sistema, pero sí lo erosiona desde dentro al debilitar la confianza entre ciudadanos e instituciones.

Yo, personalmente, como representante de un partido con cargo público en el Consejo de Educación de la ciudad, tengo que demostrar la procedencia de cualquier suma que se ingrese en mis cuentas. El sistema sueco de control bancario no deja ningún resquicio para enriquecerse, aunque comprendo que los corruptos tendrán planes más sofisticados para recibir comisiones.

En Suecia, la corrupción suele aparecer más en forma de casos aislados o de corrupción en tráfico de influencias y conflictos de interés, pero existe, y un análisis efectuado por la policía en forma de informe lo deja bien claro:

“Entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 se registraron 99 casos relacionados con delitos de corrupción. Tanto el número de casos como la distribución entre sectores se sitúan en gran medida en línea con lo observado en años anteriores, lo que confirma riesgos de corrupción ya conocidos. Aproximadamente el 40 por ciento de los casos tiene, por ejemplo, relación con la contratación pública o el ejercicio de autoridad por parte de las administraciones.

Sigue existiendo una importante cifra oculta, especialmente en municipios y regiones. Las estadísticas sobre casos denunciados no se consideran representativas de la corrupción real. Se estima que la cifra oculta es especialmente elevada en municipios y regiones, que a diferencia de otras autoridades no están sujetos a una obligación de denuncia.

Los municipios y regiones también desarrollan en gran medida actividades sensibles a la corrupción. En el informe se destacan, entre otros ejemplos, la gestión ilegal de residuos y cómo esta se facilita en gran medida mediante corrupción y presiones indebidas sobre funcionarios municipales. También se señala cómo, a través de la corrupción, médicos pueden abrir la puerta a delitos relacionados con el bienestar social.”[1]

Se han constatado métodos para eludir el control, usando las criptomonedas y transformando las formas de corrupción hacia la “servitización”, que es un fenómeno relativamente reciente que describe cómo la corrupción deja de ser un acto puntual entre dos partes, por ejemplo, un soborno directo a un funcionario, para convertirse en un servicio organizado, profesionalizado y a menudo intermediado por terceros. En lugar de que un actor corruptor y un funcionario público establezcan un contacto directo, aparecen redes o intermediarios especializados que facilitan, organizan y gestionan el proceso corrupto como si fuera una prestación más dentro de una economía del delito.

Estos intermediarios pueden encargarse de identificar oportunidades, establecer contactos, garantizar el anonimato, mover el dinero a través de distintos canales, incluidas criptomonedas, y reducir el riesgo directo para las partes implicadas. De esta forma, la corrupción se asemeja cada vez más a un mercado de servicios ilícitos, en el que distintos actores cumplen funciones específicas dentro de una cadena más amplia. Este proceso está vinculado al desarrollo de la delincuencia organizada moderna y a la lógica de “crime as a service”, donde actividades ilegales se fragmentan y se externalizan para aumentar su eficacia y reducir la exposición. El resultado es una corrupción más sofisticada, menos visible y más difícil de detectar, porque ya no depende solo de relaciones personales directas, sino de estructuras intermedias que pueden operar en distintos sectores, desde la contratación pública hasta la gestión de residuos o los servicios privados de seguridad.

En un contexto de creciente interés de la delincuencia organizada por el mercado de criptomonedas, el uso de este tipo de dinero digital como medio de pago para sobornos se considera un riesgo probablemente infravalorado. En este ámbito se necesita tanto una mejora general del conocimiento como análisis de riesgos actualizados. El fenómeno de los intermediarios de corrupción, señalado también en el informe del año anterior, muestra una creciente profesionalización del uso de la corrupción, un riesgo especialmente relevante en relación con la delincuencia organizada.

Las consecuencias de la corrupción pueden ser especialmente graves en sectores críticos de la sociedad. Como se destaca en el informe, también existe un aumento del riesgo de corrupción en estos sectores. Como ejemplo se menciona el sector de la seguridad y cómo incluso pequeños sobornos pueden generar grandes riesgos.

Tanto la contratación pública como el ejercicio de la autoridad son ámbitos de riesgo conocidos en materia de corrupción. Las estadísticas confirman este hecho, ya que estas dos áreas aparecen en cerca del 40 por ciento de los casos recibidos. Entre los casos que implican ejercicio de autoridad se incluyen, entre otros, ofertas de soborno en relación con exámenes de conducir, inspecciones de vehículos y pagos dentro del sistema de la seguridad social.

La actividad de inteligencia de la policía confirma que la contratación pública y el ejercicio de la autoridad son especialmente vulnerables, y señala que puede existir una cifra oculta importante. Según dicha actividad, hay varios ejemplos en los que indicios de irregularidades han sido “silenciados” y en los que las personas que denuncian sufren consecuencias negativas.

En los casos relacionados con la contratación pública, los presuntos esquemas delictivos están principalmente vinculados a situaciones dentro del período contractual y no al propio procedimiento de licitación. Sin embargo, el proceso de evaluación puede ser sensible desde el punto de vista de la corrupción, con riesgo de influencia en los criterios de evaluación y en las valoraciones.

Pero los mayores riesgos relacionados con la contratación pública se encuentran antes de la licitación anunciada y después, durante el período del contrato. Antes de una licitación, la corrupción puede utilizarse para influir en la definición de los requisitos. Una vez firmado el contrato, la corrupción puede servir para eludir, entre otras cosas, los acuerdos marco o las condiciones contractuales establecidas, así como para permitir la sobrefacturación. La corrupción también puede utilizarse como medio para evitar completamente los procedimientos de licitación anunciados mediante la contratación directa.

Como vemos, “en todas partes cuece habas” y la corrupción es algo muy generalizado, también en los países que no figuran en la parte baja de los rankings mundiales, como el Transparency Index[2], que se basa, no en los datos fácticos de corrupción probada, sino en la percepción subjetiva de los ciudadanos. A mi me parece que es un problema creer que los países en que los ciudadanos se dicen confiar en una baja corrupción, como es el caso de los diez primeros en el ranking: Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania, es una garantía de que la corrupción, en esos países, no existe. A mi entender, lo único que se demuestra en ese ranking, es que los ciudadanos de esos países tienen una buena confianza en sus instituciones.

Pero en realidad, en Suecia, por ejemplo, existe un proceso real de adaptación de redes criminales a estructuras públicas complejas, que convertir partes del bienestar social en fuentes de ingresos ilegales. Se trata de contactos puntuales con funcionarios municipales, empleados de servicios sociales o responsables de contratación. A cambio de dinero, favores o amenazas, se intentan influir decisiones concretas, como la adjudicación de contratos pequeños, control de inspecciones, permisos o acceso a información. Este tipo de corrupción es más fácil en niveles locales donde hay más discrecionalidad y menos protección institucional.

El mecanismo de corrupción más preocupante en términos institucionales es la influencia indirecta mediante presión y violencia. En algunos barrios y municipios, especialmente donde hay presencia fuerte de redes criminales, se ha observado intimidación hacia funcionarios, testigos o denunciantes. Esto no significa control total de las instituciones, pero sí puede generar “zonas de silencio” donde ciertas irregularidades no se investigan o no se denuncian con la misma intensidad.

Para volver a Zapatero, la actividad de este expresidente ha sido política y comercial. Se podría decir que se ha dedicado al lobby-ismo como muchos otros, usando su imagen, sus vínculos con el poder y su red de contactos para enriquecerse. Ahí Zp está en muy buena compañía, con otros líderes socialistas, entre otros, antiguos primeros ministros suecos. Por ejemplo, Göran Persson, socialdemócrata y primer ministro sueco durante una década, entre 1996 y 2006, se hizo millonario, como muchos ex primeros ministros en democracias europeas, gracias al fenómeno de las llamadas “puertas giratorias”, es decir, pasando de la política al sector privado, donde el capital principal no es el dinero acumulado en el cargo público, sino la experiencia, las redes de contacto y el conocimiento del funcionamiento del Estado.

Tras dejar el gobierno en 2006, Persson ha trabajado en actividades de consultoría, ha participado en consejos de administración y ha estado vinculado a sectores como la comunicación estratégica, la energía o la industria forestal, lo que le ha generado ingresos elevados, pero siempre dentro de la legalidad. El debate en torno a su figura se centra en la influencia que puede conservar un antiguo jefe de gobierno y en cómo ese capital político se transforma en valor económico en el sector privado, una cuestión habitual en las democracias avanzadas pero que plantea interrogantes sobre la relación entre poder político y élites económicas. Quizás este sea el caso también del expresidente Zapatero. Supongo que tendremos ocasión de volver a discutir el problema de la corrupción porque, para parafrasear a Hamlet en su famosa frase sobre el reino de Dinamarca: “Something is rotten in almost every state”.

[1] https://polisen.se/siteassets/dokument/organiserad_brottslighet/rapport_korruption-i-sverige-2025.pdf

[2]https://transparency.org.au/2025-corruption-perceptions-index/#:~:text=The%202025%20Corruption%20Perceptions%20Index%20%28CPI%29%20measures%20perceived,from%200%20%28highly%20corrupt%29%20to%20100%20%28very%20clean%29.