De vez en cuando miro lo que comentan mis lectores sobre el blog. Los comentarios están siempre redactados en inglés, aunque yo he elegido el español por ser mi lengua materna y porque sentía ya hace mucho tiempo la necesidad de expresar mis ideas en la lengua de Cervantes. Puedo ver que los que me están leyendo hoy lo hacen desde Estados Unidos (Florida), Países Bajos, India, Suiza, Angola, China, Turquía, Brasil, Bangladesh, Australia, Suecia, España…en fin, de casi todo el mundo.

No puedo contestar a todos vuestros comentarios individualmente. Si lo hiciera, apenas me quedaría tiempo para seguir escribiendo nuevas entradas. Pero quiero que sepáis que os leo a todos y que valoro mucho lo que me escribís. Por eso he pensado en contestaros de esta manera, a todos a la vez.

Os agradezco especialmente los ánimos que me dais para seguir escribiendo. Saber que hay alguien al otro lado que lee, reflexiona, discrepa o simplemente comparte una parte de lo que uno siente es, sin duda, uno de los mayores estímulos para continuar.

Y os prometo que seguiré haciéndolo. Desde mi perspectiva humana, con mis convicciones, mis dudas y mis contradicciones, sin más cálculo que el deseo de expresar lo que pienso y siento con la mayor honestidad posible. Como decía mi casi tocayo José Martí, seguiré intentando “echar mis versos del alma”.

Bueno, pues ahora sigo, si os parece, con el tema de ayer. Hablaba yo de la trastienda del poder, de lo que sucede después de las elecciones, cuando los partidos se sientan a negociar y comienza ese peculiar reparto del botín. Porque, en términos generales, lo que se disputan es el poder, pero, cuando descendemos a lo concreto, ese poder se traduce en posiciones, cargos, prebendas, cuotas de influencia y toda una serie de ventajas que acompañan al hecho de ocupar un lugar en las instituciones.

Es curioso observar cómo, una vez cerrado el recuento de los votos, comienza una nueva competición. La campaña electoral, con sus promesas, sus discursos y sus apelaciones a los ciudadanos, deja paso a otra clase de actividad, menos visible y, quizá por eso mismo, menos conocida, que es la negociación entre partidos para decidir quién ocupará cada puesto, quién tendrá capacidad de decisión, quién controlará determinadas áreas y qué tendrá que conceder cada cual para que el acuerdo llegue a buen puerto.

Todo ello forma parte de la política democrática. Sería ingenuo pensar que los partidos pueden gobernar sin negociar, que las mayorías se construyen solas o que las distintas fuerzas políticas no deben buscar compromisos. El problema no está en negociar. El problema está en saber qué se negocia, con qué criterios y en beneficio de quién.

Porque no es lo mismo discutir sobre un programa de gobierno, intentar conciliar propuestas distintas y alcanzar acuerdos que permitan mejorar la vida de los ciudadanos, que convertir los resultados electorales en una especie de subasta en la que cada partido trata de sacar el máximo provecho de los escaños que ha conseguido.

Aquí es donde empiezan mis preguntas. ¿Hasta qué punto los cargos se distribuyen atendiendo a la capacidad de las personas para desempeñarlos? ¿Cuánto pesan la experiencia, la preparación y la afinidad con el proyecto que se pretende desarrollar? ¿Y cuánto pesan, por el contrario, las necesidades internas de los partidos, los equilibrios entre sus distintas familias, las lealtades personales o la obligación de recompensar a quienes han contribuido a conseguir el resultado electoral?

No pretendo dar por supuesto que todas las negociaciones respondan a esta última lógica. Pero sí creo que merece la pena detenerse a observar los mecanismos que intervienen en ellas.

Al fin y al cabo, los partidos no son entidades abstractas. Están formados por personas, cada una con sus ambiciones, sus convicciones, sus intereses y su particular idea de lo que le corresponde. Y cuando esas personas tienen en sus manos la posibilidad de distribuir cargos y parcelas de poder, resulta inevitable preguntarse dónde termina el servicio público y dónde empiezan los intereses de la propia organización.

Porque los votos los ponen los ciudadanos. El poder lo reciben los partidos. Pero las consecuencias de cómo lo utilizan las sufrimos o las disfrutamos todos. Esa diferencia, que puede parecer tan sencilla, es precisamente la que me interesa explorar.

Empecemos por la primera pregunta: ¿hasta qué punto los cargos se distribuyen atendiendo a la capacidad de las personas para desempeñarlos?

En política, el criterio de selección no suele ser exclusivamente profesional. A diferencia de lo que ocurre, al menos en teoría, cuando una empresa busca a alguien para dirigir un departamento, los partidos necesitan personas que, además de ser capaces de desempeñar una función, compartan su orientación política, gocen de la confianza de la dirección y contribuyan a mantener la cohesión de la organización.

Hasta ahí, nada que objetar. Un ministro, un concejal o un responsable político no es un técnico independiente contratado para ejecutar instrucciones ajenas. También debe participar en la definición de objetivos y asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman.

El problema aparece cuando la confianza política sustituye a la capacidad, en lugar de complementarla; cuando la lealtad personal pesa más que la preparación, o cuando se considera que haber contribuido a ganar votos constituye mérito suficiente para ocupar un puesto para el que quizá no se está preparado.

La experiencia, la preparación y las ideas

¿Cuánto pesan la experiencia, la preparación y la afinidad con el proyecto que se pretende desarrollar?

La afinidad política es, naturalmente, importante. Sería difícil imaginar un gobierno en el que sus integrantes defendieran proyectos incompatibles y trabajaran en direcciones opuestas. Quien asume una responsabilidad política debe compartir, en términos generales, los objetivos del programa que se ha comprometido a desarrollar. Pero compartir unas ideas no equivale a saber convertirlas en decisiones eficaces.

Una cosa es defender la necesidad de mejorar la sanidad pública y otra dirigir una consejería de Sanidad. Una cosa es prometer una gestión económica responsable y otra administrar un presupuesto de miles de millones. Una cosa es hablar de educación y otra conocer los problemas concretos de los centros, del profesorado y de los alumnos. En este último supuesto es en el que me veo implicado.

No siempre es imprescindible que quien dirige una institución sea el mayor especialista técnico en la materia. Para eso existen funcionarios, asesores y equipos profesionales. Pero sí debería tener capacidad de análisis, criterio, disposición para escuchar, sentido de la responsabilidad y suficiente conocimiento para distinguir una buena recomendación de una mala.

La experiencia, además, no tiene por qué proceder exclusivamente de la política. Puede venir de la empresa, la universidad, la administración pública, las organizaciones sociales o el ejercicio de una profesión. Descartar a alguien por carecer de una larga carrera partidista puede ser tan poco razonable como nombrarlo únicamente porque ha triunfado en su actividad profesional. Ahí ya empezamos a tocar el problema de los “broilers” políticos, que es el producto de una carrera desarrollada íntegramente dentro del aparato de un partido. Entra joven, aprende sus códigos, cultiva las relaciones adecuadas y va ascendiendo de puesto en puesto hasta que la política deja de ser una actividad a la que se dedica y se convierte en su profesión, su entorno y, en ocasiones, su única referencia. El riesgo aparece cuando conoce mejor los mecanismos para alcanzar y conservar el poder que la realidad de la sociedad a la que ese poder debería servir. Lo importante debería ser encontrar un equilibrio entre preparación, experiencia, capacidad de decisión y compromiso con el proyecto político.

Las familias, las lealtades y las recompensas

Y llegamos a la parte más delicada: ¿cuánto pesan las necesidades internas de los partidos, los equilibrios entre sus distintas familias, las lealtades personales y la obligación de recompensar a quienes han contribuido a conseguir el resultado electoral? Aquí entramos en la lógica interna de las organizaciones políticas.

Los partidos necesitan mantener su cohesión, integrar distintas sensibilidades y evitar que las rivalidades internas los paralicen. En ocasiones, distribuir responsabilidades entre diferentes corrientes es una forma de garantizar que todas participen en un proyecto común. También puede ser razonable que quienes han asumido responsabilidades durante una campaña o han contribuido a desarrollar un programa reciban después responsabilidades políticas.

Pero hay una frontera que no debería cruzarse: la que separa el reconocimiento legítimo del trabajo realizado de la utilización de los cargos públicos como recompensa particular. Cuando un puesto se asigna para satisfacer a una familia del partido, compensar una deslealtad temida, premiar una fidelidad personal o evitar una disputa interna, el interés de la organización puede terminar imponiéndose al interés de la institución.

Y el ciudadano difícilmente puede saber si la persona nombrada era la más adecuada, si había otras candidaturas mejores o si el resultado fue consecuencia de una negociación en la que su capacidad profesional apenas contó. No hace falta suponer que todos los nombramientos obedecen a intereses particulares para reconocer que el sistema crea incentivos que pueden favorecerlos.

El partido como fin y el poder como patrimonio

Hay una cuestión de fondo que a mí en concreto me parece fundamental. Los partidos son instrumentos necesarios de la democracia, pero no son propietarios de las instituciones. Los votos les otorgan una representación y, cuando corresponde, la posibilidad de gobernar. No les conceden un derecho de propiedad sobre los puestos públicos ni convierten las instituciones en una prolongación de sus estructuras internas.

Sin embargo, la lógica partidista puede llevar a confundir ambas cosas. Se termina hablando de qué consejería corresponde a cada partido, qué puestos deben reservarse a cada corriente o qué cargos hay que conceder a determinados dirigentes, como si se tratara de repartir un patrimonio propio.

En parte, esta distribución responde a la necesidad de construir mayorías y hacer posible un gobierno. La cuestión es si, una vez alcanzado el acuerdo, las personas elegidas para desempeñar esas funciones están preparadas para ejercerlas y si los criterios que han guiado los nombramientos pueden explicarse públicamente. Porque el problema no es que los partidos tengan intereses propios. Es inevitable que los tengan. El problema es que esos intereses no estén suficientemente subordinados a la finalidad para la que se les ha confiado el poder.

¿Y qué podemos exigir como ciudadanos?

No creo que debamos exigir que todos los cargos políticos se cubran mediante concursos profesionales, como si gobernar fuera una tarea puramente técnica. Las decisiones políticas implican valores, prioridades y programas, y es legítimo que quienes gobiernan cuenten con personas de su confianza. Pero sí podemos exigir transparencia, responsabilidad y criterios razonables de selección.

Podemos preguntar qué experiencia tiene una persona para desempeñar un puesto, qué objetivos se le encomiendan, cómo se evaluarán sus resultados y qué consecuencias tendrá una gestión deficiente. Podemos exigir que los cargos públicos no se conviertan en premios por servicios prestados al partido y que las instituciones conserven la profesionalidad y la independencia que necesitan para funcionar correctamente.

Y podemos recordar algo que a veces parece olvidarse en las negociaciones: el poder no pertenece a quienes lo ejercen. Es una responsabilidad temporal que los ciudadanos ponen en sus manos. Porque cuando se nombra a alguien por lo que puede aportar a la institución, el partido puede salir beneficiado y los ciudadanos también. Pero cuando se le nombra principalmente por lo que puede aportar al partido, el beneficio para los ciudadanos deja de estar garantizado.Y esa es, a mi juicio, la diferencia que deberíamos aprender a reconocer. Y, en medio de todas estas reflexiones, hay una cuestión que me afecta personalmente, ya que me interesa saber en qué puesto considera mi partido que puedo contribuir mejor, dónde cree que mi experiencia, mis capacidades y mi manera de entender la política pueden resultar más útiles para el proyecto común. 

No me interesa tanto qué puesto me corresponde en el reparto como saber dónde puedo ser más útil. Aunque, naturalmente, también me interesa conocer con qué criterios se decide quién ocupa cada lugar. Porque una cosa es distribuir cargos para mantener equilibrios internos y otra, muy distinta, asignar responsabilidades pensando en lo que cada persona puede aportar.