Buscando material para repasar con mis alumnos las dinámicas que han impulsado el nacimiento de las ciudades, busqué entre los apuntes que he ido juntando a través de los años y compuse una lección. Considero que el nacimiento de las ciudades fue uno de los procesos más importantes de la historia de la humanidad, que se debió a la confluencia de diversas dinámicas económicas, sociales, tecnológicas, políticas y culturales que transformaron profundamente la manera en que los seres humanos vivían y se organizaban.
en mi paseo hacia el instituto voy escuchando la radio, no un podd ni un programa concreto, sino el canal P! que emite noticias y programas que profundizan en cuestiones actuales, ya sean políticas, económicas o sobre recientes investigaciones. Ayer me llamó la atención una noticia sobre un lugar que parece sacado de una novela futurista. Es una ciudad artificial que se llama Próspera y está situada en la isla de Roatán, en Honduras, en pleno Caribe.
Es un proyecto impulsado por empresarios e inversores tecnológicos que pretenden construir una sociedad con sus propias normas, impuestos reducidos y una regulación mucho más flexible que la del país al que pertenece. Entre sus principales financiadores se encuentra Peter Thiel, uno de esos multimillonarios de Silicon Valley que no se conforman con ganar dinero en el mundo tal como es, sino que aspiran también a diseñar el mundo en el que les gustaría vivir.
La idea tiene algo de fascinante y, al mismo tiempo, de inquietante, así que pienso discutirla con mis alúmnos. ¿Por qué conformarse con influir en las decisiones de un gobierno cuando se puede intentar construir un lugar donde las reglas respondan a los principios de quienes lo financian? Próspera nació, parece ser, al amparo de las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, conocidas por sus siglas ZEDE, un marco creado en Honduras para atraer inversiones mediante una amplia autonomía administrativa, fiscal y regulatoria. Sus promotores sostienen que, si se reducen las trabas burocráticas y se permite experimentar con nuevas formas de organización, será posible generar riqueza, atraer talento y desarrollar actividades que difícilmente prosperarían bajo las normas tradicionales.
Hasta aquí, uno podría pensar que estamos ante otra iniciativa empresarial, una especie de parque tecnológico con aspiraciones urbanísticas. Pero la cuestión va bastante más lejos. Lo que se pretende experimentar en Próspera no es solamente una manera distinta de producir bienes o prestar servicios, sino una forma diferente de organizar la sociedad. La empresa deja de ser una actividad económica entre otras y se convierte, en cierto modo, en el modelo con el que se pretende organizar la convivencia. Si una norma dificulta los negocios, se cambia; si un procedimiento público resulta demasiado lento, se busca otro; si el sistema existente no satisface a los inversores, se construye uno nuevo. La pregunta es quién decide qué debe cambiarse y quién tiene la última palabra cuando los intereses de los propietarios y los de los habitantes no coinciden.
Aquí conviene detenerse en una palabra que todos, aquí me incluyo, utilizamos con facilidad, la palabra libertad. La tradición liberal nació, entre otras cosas, para poner límites al poder arbitrario, proteger los derechos individuales y evitar que una autoridad pudiera disponer de nuestras vidas sin rendir cuentas. Desde Locke hasta Stuart Mill, con todas las diferencias que existen entre ellos, encontramos una preocupación por la autonomía de las personas y por las condiciones que permiten ejercerla. Pero la libertad también exige preguntarse quién posee el poder y qué mecanismos existen para controlarlo. Un Estado puede limitar injustificadamente la libertad de sus ciudadanos; una empresa o un propietario pueden ejercer también un poder considerable cuando las personas dependen de ellos y apenas tienen capacidad para intervenir en las decisiones que afectan a sus vidas.
No basta, por tanto, con reducir el tamaño del Estado para que aumente automáticamente la libertad, a la manera que Tomás Moro explicaba en su Utopía. Hay que averiguar qué poderes desaparecen, cuáles ocupan su lugar y ante quién deben responder. Un ciudadano puede votar, recurrir a los tribunales y participar, directamente o a través de sus representantes, en la modificación de las leyes de su país. ¿Qué sucede cuando las reglas fundamentales de una comunidad dependen en gran medida de quienes han financiado su creación? ¿Qué capacidad tienen sus habitantes para cambiarlas si dejan de estar de acuerdo con ellas? Y ¿qué ocurre con quienes viven alrededor, pero no participan en las decisiones de este nuevo enclave?
El caso hondureño demuestra que estas preguntas no son meras especulaciones. El Congreso derogó en 2022 el marco legal de las ZEDE y, en septiembre de 2024, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucionales las disposiciones que las sustentaban. Sin embargo, Próspera continúa defendiendo su derecho a operar y sostiene que las inversiones realizadas están protegidas por garantías jurídicas internacionales. El conflicto ha llegado al terreno del arbitraje internacional y, en septiembre de 2026, las autoridades hondureñas anunciaron actuaciones relacionadas con el ejercicio de funciones dentro del proyecto. La empresa mantiene su propia interpretación de la legalidad de su situación. Nos encontramos, pues, ante una disputa que enfrenta la soberanía del Estado, la seguridad jurídica de los inversores y los límites de la autonomía que puede concederse a una comunidad.
No deja de resultar paradójico que un proyecto presentado en nombre de la libertad termine enfrentándose precisamente a las instituciones de un país que reclama el derecho a decidir sobre su propio territorio. Los defensores de Próspera argumentan que el Estado hondureño debe respetar los compromisos adquiridos y las garantías ofrecidas a quienes invirtieron allí. Es un argumento que merece ser examinado seriamente: la seguridad jurídica también forma parte de una sociedad libre. Pero el Estado hondureño sostiene que la autonomía concedida a estas zonas vulnera principios constitucionales fundamentales. La cuestión no puede resolverse simplemente invocando la libertad de empresa ni apelando a la soberanía nacional como si ninguna de las dos tuviera límites. Hay que examinar los derechos concretos, los compromisos legales y la legitimidad de las decisiones adoptadas.
Lo que más me interesa de esta historia es su dimensión histórica. Desde hace siglos, determinados grupos han intentado construir comunidades ideales, alejadas de las imperfecciones de las sociedades existentes. Algunas nacieron de convicciones religiosas; otras, de proyectos socialistas, cooperativos o anarquistas; otras aspiraban a fundar ciudades nuevas donde fuera posible ensayar formas diferentes de convivencia. Podemos encontrar muchos ejemplos en Latinoamerica. La diferencia es que muchos de aquellos experimentos pretendían transformar la sociedad mediante la cooperación, la igualdad o la educación, mientras que Próspera se inscribe en una corriente que confía especialmente en el mercado, la competencia y la capacidad de los emprendedores para diseñar instituciones más eficientes.
Quizá sea demasiado pronto para saber qué quedará de este experimento. Puede atraer empresas, generar actividad económica y ofrecer soluciones innovadoras a determinados problemas. También puede poner de manifiesto las dificultades de construir una comunidad política cuando quienes poseen los recursos económicos disponen de una capacidad de decisión muy superior a la del resto. Para juzgar sus resultados habrá que observar no sólo cuánto dinero atrae o cuántas empresas se instalan allí, sino también qué derechos tienen sus habitantes, cómo se resuelven los conflictos, quién controla a quienes gobiernan y qué sucede cuando los intereses de la comunidad chocan con los de sus financiadores.
A veces pienso que nuestra época está recuperando, con herramientas tecnológicas y financieras extraordinariamente poderosas, una vieja tentación humana, que es la de empezar de nuevo, construir una sociedad a nuestra medida y dejar atrás todo aquello que nos incomoda del mundo real. Pero una sociedad no es una aplicación informática que pueda actualizarse cuando deja de funcionar como esperamos. Está formada por personas con intereses diferentes, con derechos que deben ser protegidos y con una historia que no desaparece porque alguien disponga de capital suficiente para levantar nuevos edificios en una isla del Caribe.
La pregunta que puedo formular junto a mis alumnos es sencilla , aunque la respuesta no lo sea tanto. ¿Puede existir una sociedad verdaderamente libre cuando el poder económico tiene la capacidad de diseñar las reglas de la convivencia? No se trata de defender al Estado por principio ni de desconfiar de toda iniciativa privada. Se trata de recordar que la libertad no consiste únicamente en poder elegir entre distintas ofertas comerciales, pagar menos impuestos o escapar de una burocracia ineficaz. También consiste en participar en las decisiones colectivas, disfrutar de derechos que nadie pueda retirar arbitrariamente y vivir bajo unas leyes que no dependan exclusivamente de la voluntad de quienes poseen más dinero.
El ejemplo de Próspera nos invita a pensar qué clase de libertad queremos. La libertad de quienes tienen recursos suficientes para construir su propio mundo o la libertad de todos para participar en la construcción de una sociedad común.
Escuchar el program en P1 (sueco)
https://www.sverigesradio.se/artikel/kapitalistiska-experimentstader-vaxer-fram
En la BBC (inglés)
https://www.bbc.com/news/articles/cly8eqyj8e2o
En El País (español)
Leave a Reply