Sobre la corrupción, la confianza política y la ilusión del mérito en las democracias modernas

El último escandalo de corrupción en España es tratado en los medios como si fuera algo endémico en la sociedad española. Ayer, contestando a Víctor sobre su artículo[1] me refería a que “el latrocinio” no es exclusivo de la clase política española, sino que está ampliamente repartido por todo el mundo, sin poder decidir dónde se encuentra más arraigado. Procedo a repetir aquí mi posición, según le contesté ayer:

“Víctor, tu artículo plantea de forma lúcida y provocadora un retrato del modo en que en España se percibe, y a menudo se justifica, la corrupción, especialmente la relacionada con lo público. Sin embargo, es importante no caer en la tentación de considerar estas actitudes como algo esencial o singularmente español. La corrupción política no solo está lejos de ser una anomalía ibérica, sino que es una realidad profundamente arraigada y generalizada en muchos países europeos. Algunos ejemplos recientes y llamativos pueden ayudarnos a contextualizar mejor este fenómeno, por ejemplo en Italia, que ha sido durante décadas uno de los ejemplos paradigmáticos de corrupción institucional en Europa occidental. Desde el escándalo de Mani Pulite en los años 90, que reveló una red sistémica de sobornos que afectaba a toda la clase política, hasta los más recientes casos como el de Giuseppe Conte y sus vínculos con tramas de favores en la gestión de fondos europeos, la corrupción ha sido tan visible que ha dado lugar incluso a una expresión cultural propia: la malapolitica. En Italia, muchos políticos corruptos han regresado a la vida pública tras condenas, lo que revela que el fenómeno del “trincar” no es ni raro ni especialmente escandaloso en la percepción popular.

En Francia, varios expresidentes han sido condenados o investigados por corrupción: Jacques Chirac fue hallado culpable de malversación y abuso de poder; Nicolas Sarkozy ha sido condenado por corrupción y tráfico de influencias. Y sin embargo, ambos conservaron un notable nivel de aprobación pública durante años. La respuesta de la ciudadanía ha sido ambivalente, cuando no resignada, y las élites políticas rara vez han pagado un precio duradero.

La crisis financiera griega puso de manifiesto un sistema clientelar profundamente arraigado en la política del país. Desde contratos inflados con empresas extranjeras, como el caso Siemens, hasta evasión fiscal sistémica entre élites políticas y empresariales, lo griego no es muy diferente de lo que denuncias en lo español: un Estado visto por muchos como botín, no como institución moral compartida.

En países como Rumanía, Hungría o Bulgaria, la corrupción es aún más cruda. En Hungría, Viktor Orbán ha consolidado un sistema político basado en el uso partidista de fondos públicos, incluidos los fondos europeos. En Bulgaria, la connivencia entre mafia, poder político y justicia ha sido señalada incluso por la Comisión Europea.

No creas Víctor que aquí en Escandinavia estamos vacunados contra la corrupción. Para no cansarte, nombraré solo uno en Suecia, uno que comenzó en 2016 y todavía sigue, el escándalo del Hospital Nya Karolinska en Estocolmo, uno de los proyectos hospitalarios más costosos del mundo que se convirtió en un caso de corrupción por contratos mal gestionados, costos inflados y vínculos opacos con empresas privadas como Boston Consulting Group. Aquí se trata de miles de millones de euros. Cosas parecidas te puedo contar de Noruega, Dinamarca y Finlandia y, si hablamos de Alemania, Países Bajos o Bélgica, podemos sacar cantidad de casos.

Tu crítica a la percepción del Estado como “ajeno” y de lo público como “de nadie” resuena, y sin duda tiene una historia española particular. Pero sería injusto, y hasta contraproducente, convertirlo en una forma de excepcionalismo ibérico. La corrupción, la instrumentalización partidista de la ética y el oportunismo político son males ampliamente compartidos en Europa.

Quizás lo realmente europeo, no lo “español”, es esta dificultad para hacer que la integridad pública pese más que la lealtad política, la astucia individual o la permisividad social. En eso, por desgracia, estamos bastante integrados.”

En política, porque yo aquí sobre todo me refiero a la política y a los políticos, se supone que, los que deciden poner sus personas, con sus conocimientos, esfuerzos e ilusiones, al servicio de una causa común para beneficio de la sociedad, lo hacen movidos por valores morales que van más allá del beneficio propio. Sabemos de sobra que, aunque muchos lo hagan así, otros piensan en la carrera política como una forma de medrar en estatus y patrimonio. Esto es así, y siempre ha sido así, desde donde las fuentes nos permiten analizar. No es un problema nuevo, pero sigue escandalizando, lo que me parece muy buena señal, porque muestra la presencia de una suerte de conciencia colectiva sobre la virtud y el vicio.

Los estados modernos son construcciones complejas, cuyo funcionamiento precisa de la conjunción de muchos conocimientos, puestos a disposición de los legisladores. En democracia, al menos en las democracias liberales, existe la ilusión de que estas necesidades se verán cubiertas siempre con el concurso de la meritocracia. Desde la revolución francesa, estamos repitiendo que queremos abolir los privilegios y que los mejores, los que reúnen mayores méritos, son los que deben dirigir y estructurar nuestros trabajos. Hasta ahí estamos casi todos de acuerdo, pero, en la práctica, surge el problema de la confianza. Me explico:

Yo estoy hablando de lo que los romanos llamaban “fide”, ablativo de “fides”, un sustantivo que significa fé, confianza, lealtad, fidelidad, cosas todas muy importantes para las relaciones humanas.  “Fides” es fundamental para las relaciones sociales. En las sociedades antiguas, y aún hoy, no hay contrato ni ley que funcione si no hay una mínima dosis de confianza mutua. Un aspecto clave es la confianza personal. Antes que leyes escritas, existía la palabra dada. Tener “fides” era tener reputación, uno podía ser pobre, pero si su palabra era de fiar, se convertía en alguien valioso.

La fides estructuraba relaciones como la del padre con el hijo, el amo con el esclavo, el ciudadano con magistrado, el señor con el vasallo y así una larguísima lista de relaciones. La fides es la base del derecho y el comercio, y la misma noción moderna de contrato proviene de la fides, el compromiso mutuo en que ambas partes confían en que se cumplirá lo pactado.

La autoridad política y religiosa se ha sostenido históricamente sobre la base de la fides. En el cristianismo, “fides” es la fe en Dios, pero también la confianza en la Iglesia como institución que transmite la verdad. El creyente no solo “cree”, sino que confía, incluso sin pruebas.

En la Roma republicana, los líderes eran evaluados por su fides publica, su fiabilidad ante el pueblo. Cuando los pueblos pierden la fe en sus líderes, instituciones o promesas… sobrevienen revoluciones, colapsos y cambios de régimen. Recordemos cómo alcanzó el poder Pedro Sánchez.

Hoy vivimos sin duda en una era donde la fides se ha erosionado. Hay desconfianza en la política y en los políticos, se sospecha de los medios, se duda de la justicia, se llega a dudar hasta de la ciencia y de la misma verdad. Y, sin embargo, nada puede funcionar sin una mínima “fides” entre nosotros: sin confianza, no hay sociedad posible.

Todo poder, desde el más humilde hasta el más majestuoso, se construye sobre un tejido invisible de confianza. El político, el gobernante, incluso el revolucionario, necesita de hombres y mujeres de confianza —gente en la que depositar su palabra, su estrategia, su sueño de transformación. Sin fides, sin ese pacto tácito de lealtad mutua, la política sería solo cálculo y paranoia. Pero aquí aparece una antigua y peligrosa paradoja: cuanto más poder se acumula, más intensa se vuelve la necesidad de lealtad absoluta, y menor la tolerancia a la crítica o la discrepancia. En ese clima, la fidelidad deja de estar unida al mérito o al juicio y se convierte en sumisión interesada.

Así ocurre que, por miedo o por comodidad, el político en el poder, empieza a rodearse de fieles sin calidad, aduladores, oportunistas, personas que no tienen otra ambición que su propio enriquecimiento o ascenso personal. No están allí para construir, sino para consumir. No entienden el servicio público como un deber, sino como un botín. Se aferran a su puesto como a una rama seca en el abismo, no por vocación, sino por falta de alternativas morales. Y esto no es nuevo y no nos debería asombrar porque, desde las cortes imperiales hasta los ayuntamientos de provincias, desde el César hasta los presidentes actuales, la historia está llena de ministros mediocres, asesores sin escrúpulos y funcionarios fieles solo a su bolsillo. No porque el poder los corrompiera, sino porque el líder eligió mal, prefiriendo la obediencia al pensamiento, la docilidad a la competencia. La traición de la fides no ocurre solo cuando alguien rompe un pacto, ocurre también cuando se simula la confianza para encubrir la incompetencia. Y en ese momento, la política pierde su dignidad. Porque sin confianza auténtica, sin diálogo honesto entre el que manda y el que colabora, el poder deja de ser servicio y se convierte en simple ocupación de espacio. El político sabio, y hay algunos que lo son, sabe rodearse no de quienes le deben favores, sino de quienes le pueden decir que se equivoca.

Todo esto está tan generalizado que no se puede decir que es un mal español. Es un mal general que se da tanto en gobiernos de derechas como de izquierdas y que solo se podría controlare, que no erradicar, con unos controles administrativos estrictos y objetivos. El problema es que, siempre habrá alguien encargado de interpretar esos controles y ahí tenemos ya un riesgo de sesgo. Quizás, con el tiempo, llegaremos a tener un sistema en el que la inteligencia artificial decida sobre las designaciones, pero no sé yo si quiero llegar a eso.

[1] https://filosofiacavernicolas.blogspot.com/2025/06/el-latrocinio-nacional.html