Algunos amigos me preguntan cómo es posible que siga proclamando que estoy orgulloso de ser liberal, ahora que parece que nos falta el apoyo de los votantes. Yo suelo responder que aún faltan ocho meses para las elecciones y que está en nuestras manos intentar mejorar el resultado de esas encuestas, explicando mejor nuestro trabajo y nuestras políticas.

Pero, más allá de las cifras, creo sinceramente que los liberales tenemos razones de peso para sentirnos orgullosos de nuestra presencia en el gobierno. Nuestra participación ha servido para contener una avalancha de propuestas autoritarias que, sin nosotros, habrían convertido este mandato en una clara regresión de nuestro sistema humanitario y democrático. No siempre se trata de imponer grandes reformas visibles; a veces, el verdadero éxito político consiste en impedir que se crucen líneas que, una vez traspasadas, son muy difíciles de recuperar.

2026 es un año en el que el liberalismo ya no puede apoyarse en la inercia de lo establecido. La sociedad abierta ya no se da por sentada. El Estado de derecho, la protección de las minorías, la libertad académica y la cooperación internacional son cuestionados abiertamente, a veces con sarcasmo. En este contexto, el orgullo liberal no reside en las victorias, sino en la resistencia, en mantener el rumbo cuando hacerlo tiene un coste.

En primer lugar, está el hecho de que los liberales seguimos defendiendo el Estado de derecho cuando se ha vuelto incómodo. En 2026, el debate público está marcado por demandas de excepciones, simplificaciones y soluciones rápidas como la ampliación de la prisión preventiva, rebajas de las garantías jurídicas, politización de las autoridades independientes. Defender entonces el principio de que el Estado no puede volverse arbitrario, ni siquiera en nombre de la seguridad, es una virtud liberal. Es impopular. Precisamente por eso merece orgullo.

En segundo lugar, la defensa del conocimiento y la formación integral en una época instrumental. Cuando la escuela se reduce a una cuestión de orden, de métricas o de adaptación al mercado laboral, todavía hablamos los liberales de educación en el sentido pleno, de pensamiento crítico y de la autonomía de la profesión docente. Ya no es un mensaje ganador en términos de opinión pública, pero sigue siendo necesario. Una sociedad que renuncia a la educación renuncia, a la larga, a su libertad.

En tercer lugar, es motivo de orgullo el apoyo coherente a Ucrania y al orden liberal internacional. En 2026 vivimos en un mundo en el que la guerra en Europa ya no es un shock, sino un ruido de fondo. El cansancio es palpable. Aquí hay un motivo de orgullo liberal en no acostumbrarse, en seguir hablando de derecho internacional, soberanía y responsabilidad, incluso cuando el realismo cínico parece más “práctico”.

En cuarto lugar, lo que siempre hemos tenido como lema, que es la defensa del individuo frente a la imposición identitaria desde todos los frentes. En 2026 las personas son presionadas para definirse, nacional, cultural o políticamente. La afirmación liberal de que el individuo es más que sus pertenencias colectivas suena casi subversiva. Negarse tanto a la uniformidad nacionalista como al colectivismo moralizante es una posición que genera pocos aplausos, pero profundamente liberal.

Pero quizá la razón más importante para el orgullo liberal en 2026 sea que los liberales seguimos, pese a todo, asumiendo responsabilidades concretas. En municipios, consejos, escuelas y en la sociedad civil. No en los grandes gestos, sino en los compromisos cotidianos. El liberalismo a menudo sobrevive allí donde menos se ve, en los procedimientos, en el tono del debate, en la resistencia al abuso de poder.

Al mismo tiempo, hay que ser honestos, 2026 también es un año que exige autocrítica, porque el orgullo sin examen de conciencia se vuelve vacío. El liberalismo en Suecia ha pagado un precio alto por la ambigüedad, las concesiones tácticas y la pérdida de un lenguaje moral propio. No todo lo hecho en nombre del liberalismo es motivo de orgullo, desgraciadamente.

El punto más grave desde una perspectiva liberal clásica es la normalización de la ultraderecha como actor legítimo de poder. La dependencia estructural del gobierno respecto a Sverigedemokraterna, aunque este partido no forme parte formalmente del gabinete, ha sido determinante en políticas clave como migración, justicia, cultura o medios públicos. Ello ha supuesto que un partido con raíces nacionalistas y etnoculturales extremas marque la agenda, que ideas antes marginales se conviertan en sentido común político y que la frontera moral entre el liberalismo y el nacionalismo identitario se haya ido difuminando. Para muchos liberales históricos, este deslizamiento representa una línea roja simbólica, comparable a lo que en España fue la tentación de Ciudadanos de normalizar a Vox como socio político natural.

A ello se suma un giro punitivo en las políticas de justicia y seguridad que tensiona el Estado de derecho. El gobierno ha impulsado medidas duras contra el crimen organizado y las bandas, algunas razonables y necesarias, pero otras preocupantes desde una óptica liberal, como el aumento de los poderes policiales y de vigilancia, el debilitamiento de garantías procesales, como la ampliación de la prisión preventiva o la adopción de medidas de carácter colectivo y una retórica política que en ocasiones prioriza la eficacia inmediata sobre los derechos individuales. El liberalismo nació precisamente para limitar el poder del Estado, no para ampliarlo sin reservas, incluso cuando se enfrenta a problemas reales y graves como la criminalidad.

En el ámbito migratorio, Suecia ha pasado de ser un referente humanitario a adoptar un discurso mucho más restrictivo, en parte impulsado por Sverigedemokraterna, pero asumido por el conjunto del gobierno. Se han reducido los derechos de reunificación familiar, endurecido las condiciones para los permisos de residencia y, quizá lo más significativo, se ha producido un cambio de lenguaje moral y la inmigración se describe cada vez más como una “carga” y menos como una cuestión de derechos humanos. Para un liberal, la inmigración es un fenómeno complejo y legítimamente debatible, pero la dignidad humana no es negociable, y el cambio de tono importa tanto como las leyes mismas.

También en la política educativa y cultural se han generado tensiones con la tradición liberal sueca. Algunas reformas han priorizado la disciplina, el control y la jerarquía en la escuela, a veces en detrimento de la autonomía profesional del profesorado, y han reforzado una visión instrumental de la educación centrada en la empleabilidad y el rendimiento, en lugar de la formación integral y pensamiento crítico. No se trata necesariamente de conservadurismo en sentido estricto, pero sí de un desplazamiento que choca con la histórica confianza liberal en los docentes, las universidades y una cultura crítica e independiente.

Todo ello se inscribe en un clima cultural más amplio, marcado por una incipiente “guerra contra lo woke” elevada casi a política de Estado. El gobierno ha coqueteado con una retórica que cuestiona a universidades, medios públicos y sectores culturales por una supuesta ideologización, acompañada en ocasiones de amenazas de recortes o de control indirecto. Desde una perspectiva liberal, la pluralidad cultural y académica no debe ser dirigida por el poder político, ni siquiera cuando se sospecha la existencia de sesgos.

Quizá, sin embargo, lo más dañino no sea una política concreta, sino el problema existencial que atraviesa al liberalismo en el gobierno, la sustitución del relato moral por un pragmatismo tecnocrático. Muchos liberales hemos justificado concesiones con argumentos como “no había alternativa”, “es el precio para influir” o “es realpolitik”. Todo ello puede ser racional, pero el liberalismo no es solo una técnica de gestión del poder, es también una ética política. Cuando ese lenguaje moral desaparece, el electorado deja de comprender para qué existe el partido.

Aquí emerge el dilema trágico del liberalismo de gobierno. El argumento de que, sin la presencia liberal, este mandato habría sido mucho peor es fuerte y probablemente verdadero. Pero es también un argumento defensivo, no inspirador. “Somos el freno”, “sin nosotros sería peor” o “hemos evitado catástrofes” no construyen identidad ni movilizan voluntades. Ciudadanos murió precisamente en ese espacio retórico.

Un liberal, por tanto, puede tener razones para no sentirse orgulloso de haber normalizado a la extrema derecha como socio estructural, de haber aceptado restricciones a derechos individuales en nombre de la seguridad, de haber contribuido a un giro cultural iliberal en migración y cultura, o de haber sacrificado el lenguaje moral liberal en favor del pragmatismo. Y, sin embargo, también puede decir, con una honestidad trágica pero lúcida, que entrar en el gobierno no fue una elección entre el bien y el mal, sino entre el mal y algo peor.

Pero tal vez ahí mismo resida el orgullo en 2026: en no rendirse, en no simplificar, en no fingir. En mantener la libertad cuando se ha vuelto incómoda, solitaria y costosa.