Gracias a mi actividad política sigo en contacto con la juventud en muchos ámbitos. Algunos se me acercan y formulan preguntas que descubren sus preocupaciones. De un tiempo a esta parte, me parece apreciar un mayor interés en asuntos políticos. Cuestiones como los acontecimientos en Ucrania, Gaza, Irán, Taiwan, Groenlandia, Venezuela, y una lista tan larga que por si sola podría rellenar un libro, se ven eclipsadas por la actitud de mandatarios que se saltan todas las reglas vigentes y que además muestran un desprecio absoluto por todo lo que se puede denominar como virtudes democráticas, así como se enseñan en las escuelas e institutos. Aquí me puedo remitir específicamente a declaraciones de Donald Trump por las que, según las fuentes, él “no considera necesarias las leyes internacionales.”[1] No es nada raro que muchos jóvenes se pregunten si esas virtudes, que queremos enseñarles, no serán otra cosa que un engaño urdido por los poderosos para controlar fácilmente a las masas.

La sospecha de que las virtudes democráticas, legalidad, igualdad, transparencia, participación, pueden convertirse en instrumentos retóricos utilizados por los poderosos no es nueva, que yo sepa, atraviesa toda la historia del pensamiento político, desde los sofistas en la Grecia clásica hasta los críticos contemporáneos de las democracias liberales. La pregunta, sin embargo, no es solo si esa posibilidad existe, porque la experiencia histórica muestra que a veces ocurre, sino si esa sospecha invalida el valor de las propias virtudes democráticas.

Las instituciones democráticas funcionan sobre una tensión permanente, ya que quienes ejercen el poder pueden intentar utilizar el lenguaje de la libertad o de la justicia como legitimación simbólica, incluso cuando sus decisiones responden a intereses particulares. Cuando se descubren contradicciones entre discurso y práctica, corrupción, abuso de poder, privilegios ocultos, surge la sensación de que las normas proclamadas no son más que una fachada. Esa percepción alimenta el escepticismo político y, en casos extremos, el cinismo social.

Sin embargo, el hecho de que las virtudes democráticas puedan ser instrumentalizadas no significa necesariamente que sean un engaño en sí mismas, suelo argumentar. Al contrario, su existencia como principios públicos es lo que permite criticar a los poderosos cuando los incumplen. En sistemas abiertamente autoritarios, donde tales valores ni siquiera se proclaman, la sociedad dispone de menos herramientas morales y legales para exigir responsabilidades. La retórica democrática puede ser utilizada de manera oportunista, pero al mismo tiempo crea estándares normativos que los ciudadanos pueden invocar para controlar al poder. Lo estamos viendo por ejemplo en el revuelo que están ocasionando los famosos papeles de Epstein.

Desde una perspectiva histórica, podría decirse que las virtudes democráticas no son una garantía automática de justicia, sino un campo de lucha permanente, porque pueden servir tanto para legitimar decisiones discutibles como para movilizar a la sociedad contra abusos. La cuestión decisiva al final es si existen mecanismos reales de control, crítica pública, alternancia política y responsabilidad legal que conviertan esas palabras en prácticas efectivas. Allí donde estos mecanismos funcionan, incluso imperfectamente, las virtudes democráticas dejan de ser simple retórica y se convierten en herramientas reales de la ciudadanía. Yo suelo argumentar que, tarde o temprano, el que ha violado las normas, paga, y pongo como ejemplo el final de Bolsonaro o Sarkozy.

Cuando se descubre que políticos u otras personas investidas de alta responsabilidad pública mantienen conductas socialmente reprochables, la conmoción que se produce se debe al hecho de la ruptura de una expectativa moral compartida. La sociedad concede autoridad a determinadas figuras porque supone que, además de cumplir la ley, representan de manera visible los valores que sostienen la convivencia. Cuando esa presunción se quiebra, el daño se vuelve simbólico y colectivo.

Las normas que organizan la vida social funcionan, en gran medida, gracias a una confianza implícita , la idea de que las reglas valen para todos y de que quienes ejercen poder están especialmente obligados a respetarlas. Cuando aparecen casos de corrupción, abuso o conducta inmoral en los niveles más altos, muchos ciudadanos experimentan la sensación de que el equilibrio legal se debilita, como si la arquitectura invisible que sostiene la convivencia comenzara a mostrar grietas. La ley sigue existiendo, pero su legitimidad emocional, la general convicción de que merece obedecerse, se resiente.

El efecto pedagógico es igualmente profundo. Los jóvenes aprenden la virtud no solo mediante discursos o programas educativos, sino observando el comportamiento real de los adultos y, especialmente, de quienes ocupan posiciones públicas. Si quienes predican responsabilidad, honestidad o respeto a la ley aparecen actuando de modo contrario, se instala el cinismo y la sospecha de que las normas morales son meros instrumentos retóricos y no compromisos reales. En ese clima, la enseñanza de la virtud se vuelve más difícil, porque deja de apoyarse en ejemplos visibles. Los jóvenes tienden a seguir la conducta de los mayores, no sus sermones.

Por eso las sociedades democráticas reaccionan con especial intensidad ante estos escándalos. Se trata sobre todo de restaurar la confianza colectiva en que las reglas comunes siguen teniendo sentido. Cada vez que una figura pública responde ante la justicia o asume responsabilidades políticas, se intenta reafirmar la idea fundamental de que nadie posee el “anillo de invisibilidad”, de que el poder no exime de la obligación de ser ejemplo. Sin esa convicción, la educación cívica de las nuevas generaciones pierde uno de sus pilares más decisivos, la coherencia entre lo que la sociedad enseña y lo que realmente practica.

El célebre relato del anillo de Giges, narrado por Platón en La República, plantea una de las preguntas más profundas sobre la responsabilidad social: ¿seguiría siendo justo el ser humano si pudiera actuar con total impunidad? El pastor Giges encuentra un anillo que le concede invisibilidad y, al descubrir que nadie puede verlo ni castigarlo, asesina al rey, seduce a la reina y toma el poder. La conclusión implícita del mito es inquietante: cuando desaparece la vigilancia social, la justicia deja de depender de la virtud y se vuelve frágil.

Para Platón, este relato sirve para demostrar que la verdadera justicia no puede depender solo del control externo ni del temor al castigo. Una sociedad justa exige ciudadanos cuya alma esté ordenada por la razón. La responsabilidad social nace de la educación moral y de la formación del carácter. Sin virtud interior, incluso el mejor sistema político se derrumba, porque siempre habrá alguien que encuentre un “anillo de invisibilidad”, es decir, una oportunidad de actuar sin consecuencias visibles.

Jürgen Habermas, aunque situado en un horizonte filosófico muy distinto, retoma indirectamente la misma preocupación. Para él, la responsabilidad social no se sostiene únicamente en la moral individual, sino en la existencia de un espacio público comunicativo, donde las normas se legitiman mediante el diálogo racional entre ciudadanos libres e iguales. El problema del anillo de Giges, traducido al lenguaje habermasiano, sería la ruptura de la esfera pública. Cuando las acciones dejan de ser visibles, discutibles y justificables ante los demás, se debilita la base misma de la legitimidad democrática.

Así, mientras Platón subraya la responsabilidad interior del individuo, la justicia como armonía del alma, Habermas enfatiza la responsabilidad intersubjetiva, la obligación de poder dar razones ante los otros en un espacio público transparente. Ambos coinciden, sin embargo, en un punto esencial: la sociedad solo puede sostenerse si los individuos actúan como si siempre fueran visibles, como si cada decisión tuviera que responder ante la comunidad. El anillo de Giges, en última instancia, es la metáfora permanente de toda situación en la que el poder se separa de la responsabilidad.

La reflexión del anillo de Giges resulta sorprendentemente actual porque describe una tentación permanente de la vida política, que, en algunos casos, parece ser el actuar como si no hubiera consecuencias, como si el poder permitiera volverse invisible ante la responsabilidad pública.

Desde una perspectiva platónica, la situación política contemporánea muestra que las instituciones, no bastan si quienes gobiernan o ejercen influencia carecen de virtud cívica. Corrupción, manipulación informativa, uso estratégico de la mentira o decisiones tomadas pensando únicamente en la ventaja electoral inmediata son ejemplos de lo que ocurre cuando los actores políticos actúan como si poseyeran su propio “anillo de invisibilidad”. Platón recordaría que ninguna reforma institucional puede sustituir la formación ética de los jóvenes y de quienes ocupan cargos públicos.

Habermas, por su parte, permitiría interpretar el problema desde la fragilidad de la esfera pública actual. La proliferación de redes sociales, la polarización informativa y la comunicación política basada en eslóganes o campañas emocionales que debilitan el ideal deliberativo. Las decisiones dejan de justificarse mediante argumentos compartidos y pasan a imponerse por correlaciones de fuerza, algoritmos o estrategias comunicativas opacas. Cuando la política deja de ser plenamente visible y discutible en un espacio público racional, la legitimidad democrática se erosiona, aunque las instituciones formales sigan funcionando.

Relacionadas ambas perspectivas, la lección es clara, y eso es lo que comunico a los jóvenes que me preguntan. La democracia contemporánea necesita simultáneamente la virtud cívica de Platón y la transparencia deliberativa de Habermas. Sin ciudadanos y dirigentes que se sientan moralmente responsables incluso cuando nadie los observa, las leyes resultan insuficientes; y sin un espacio público donde las decisiones puedan ser examinadas y discutidas, la responsabilidad individual se vuelve políticamente ineficaz. La política actual, atravesada por la visibilidad constante de los medios, pero también por nuevas formas de opacidad del poder, sigue enfrentándose al mismo desafío que planteaba el antiguo mito: cómo garantizar que quienes pueden actuar sin ser vistos sigan actuando como si toda la comunidad los estuviera mirando.

[1] https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-venezuela-greenland-international-law-b2897367.html?utm_source=chatgpt.com